24 de julio de 2015
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Vía Campesina (CLOC-LVC), expresa toda su solidaridad con el pueblo paraguayo en general, y con el campesinado en particular, por el terrible caso de la Masacre de Marinakue-Curuguaty, ocurrida en junio de 2012, donde perdieran la vida 17 personas: 11 campesinos y 6 policías, siendo solo responsabilizados e imputados más de 50 campesinos.
Por tal razón, una comitiva de observadores y observadoras de Brasil, Colombia, Chile y Argentina de la CLOC-LVC estará acompañando los días de juicio oral, que iniciará el 27 de julio y abarcará hasta el 28 de agosto del presente, para garantizar un procedimiento penal y fiscal enmarcado en la ley y denunciar públicamente cualquier irregularidad que tenga cabida en ese proceso.
Este caso derivó en un juicio político que se fraguó como una farsa, ya que en realidad sirvió para legitimar, mediante un proceso viciado de irregularidades, un golpe de Estado Parlamentario que destituyó al presidente electo democráticamente por la ciudadanía, Fernando Lugo.
Manifestamos nuestra adhesión internacionalista hacia la búsqueda de justicia emprendida por las familias de las víctimas y las personas sobrevivientes, hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, quienes han sufrido un duro golpe en su lucha por el acceso a la tierra, es decir, en la lucha por una necesaria Reforma Agraria en el Paraguay, donde sabemos, por fuentes oficiales, que tierras destinadas a las familias campesinas han sido entregadas a empresarios y militares leales al dictador Alfredo Stroessner –conocidas como «tierras malhabidas»–; al mismo tiempo se ha negado a las familias campesinas sus derechos como verdaderos sujetos de la Reforma Agraria incluso en los gobiernos de la transición democrática, y la respuesta a las reivindicaciones sociales ha terminado siendo el desalojo, la muerte, la violencia, la criminalización, la cárcel, el amedrentamiento.
Las organizaciones que conformamos la CLOC-Vía Campesina, apoyamos y exigimos las siguientes reivindicaciones:
–La recuperación de las tierras de Marinakue, reconocidas por el Estado como su propiedad y usurpadas e ilegalmente explotadas por la firma Campos Morombí cuyos dueños provienen de la oligarquía simpatizante de la dictadura militar.
–La nulidad del juicio y, por ende, la libertad de los y las presas políticas del caso, inmediatamente;
–La indemnización a todas las familias de las víctimas de la masacre;
–Justicia y esclarecimiento de la masacre de los 17 campesinos sin tierra y del asesinato del testigo clave, Vidal Vega, además del castigo a los verdaderos responsables.
Así también, acompañamos la decisión de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de retomar las tierras de Marinakue y resistir en el lugar desde hace casi un mes, en procura de que el Estado paraguayo se pronuncie sobre la titularidad de las mismas.
Nuestras organizaciones están y seguirán en alerta ante los sucesos en torno a este caso, que se constituye en Paraguay en el emblema más claro de la lucha por la tierra y el territorio y la resistencia contra el agronegocio que, en su afán de lucro, desaloja, contamina y mata sin reparos.
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Marinakue, pueblo mba’e!
¡Por justicia, tierra y libertad!