27 de octubre de 2015
La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:
DENUNCIAMOS que en la localidad de Ytororó –distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná–, un colono brasileño de nombre Wilmar Dos Santos, productor de soja, está cultivando en tierras alquiladas donde utiliza indiscriminadamente agrotóxicos muy potentes sin respetar normativas ambientales que protegen la vida humana y la biodiversidad.
Tras estas acciones atentatorias, varias parcelas de cultivos de yerba mate nativa, pertenecientes a 10 familias practicantes de la agricultura campesina, han sido totalmente destruidas por causa de las fumigaciones tóxicas, con riesgo de que las futuras cosechas también se vean alteradas.
Se trata de plantas de yerba mate en estado silvestre, que han sido cuidadas y reproducidas por las familias de Ytororó desde hace más de 40 años y cuya cosecha de este año está, definitivamente, arruinada, lo que significa una pérdida millonaria para las agricultoras y los agricultores campesinos que viven de este rubro.
Los vecinos afectados, reunidos en una comisión recientemente conformada, radicaron la denuncia correspondiente ante la Regional de Alto Paraná del Senave, el 13 de octubre pasado. En la misma se detallan otros daños y perjuicios no menos graves ocasionados por el ciudadano extranjero, como por ejemplo:
– Los cultivos bordean, casi hasta arrinconarla, la Escuela N° 3506 «Gral. Patricio Escobar», donde asisten niños y niñas hasta el 6° grado; lo mismo ocurre con una capilla, que es lugar frecuente de encuentro comunitario.
– Una niña de 12 años, alumna de la escuelita, falleció hace unos meses con síntomas razonablemente sospechosos de haber sido provocados por la exposición directa a los agroquímicos del sojal. Igualmente toda su familia se vio afectada; el Sr. Marcelino Verón informó que otra de sus hijas menores de edad estuvo internada varios días en el hospital con el mismo cuadro que el de aquella de 12 años, con peor destino.
– Animales menores de crianza doméstica y animalitos silvestres aparecen a diario muertos irremediablemente después de realizadas las fumigaciones.
EXIGIMOS a las instituciones del Estado: el Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), la Seam (Secretaría del Ambiente), el Ministerio de Salud y la Fiscalía de Delitos Ambientales, acercarse a la localidad mencionada para constatar la gravedad de la situación y las faltas a las disposiciones ambientales existentes.
Se encontrarán con que el cultivo de soja en el terreno alquilado por Wilmar Dos Santos está pegado al camino vecinal, bordeando la precaria escuelita pública; se encontrarán, así también, y si tomaren muestras para analizar científicamente, con que los yerbales nativos fueron impactados negativamente por las pulverizaciones, con que el agua de los otrora arroyos cristalinos que corren en la zona está contaminada. Y lo peor, verán, tras exámenes médicos practicados sobre los pobladores, especialmente la familia Verón Centurión –que ha perdido a la hija mayor de 12 años– cómo las fumigaciones indiscriminadas con agrotóxicos dañan la salud y el bienestar de la comunidad.
El Estado paraguayo debe velar por el buen vivir de las poblaciones, sobre todo, de las más vulnerables; su responsabilidad es lograr que vivan en un ambiente saludable.APELAMOS, por ende, a que las instituciones públicas intervengan para exigir al ciudadano Wilmar Dos Santos a que se retire de nuestro país, porque este sí está supuestamente cometiendo delitos graves, no como últimamente se está queriendo proceder con ciudadanos extranjeros criminalizados por su participación en movilizaciones de amplias reivindicaciones sociales.
NOS SOLIDARIZAMOS con las familias que ven impotentes cómo se destruye el hábitat que les rodea, cómo sus territorios son avasallados por el agronegocio asesino y nos comprometemos con ellas como organización de mujeres campesinas e indígenas a emprender juntas el camino de sus demandas.
EXHORTAMOS a las organizaciones campesinas e indígenas, a las ambientalistas y de derechos humanos a hacer un seguimiento permanente de este caso y acompañar la lucha emprendida por la Comisión Vecinal de Ytororó, distrito de Itakyry, que desde la deforestación sufrida hace unos diez años, cuando se empezaron a preparar los terrenos aledaños para el cultivo transgénico, no puede llevar una vida de tranquilidad y de desarrollo sustentable válido.
¡Basta de crímenes del modelo agroexportador en Paraguay!
¡Justicia para los afectados, respeto al tekoha!
¡Por el derecho a vivir en un ambiente saludable!
Asunción, 27 de octubre de 2015
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Contactos
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