27 de febrero de 2016
Ante las declaraciones del ministro del Interior De Vargas y representantes de la ARP, en la fecha de ayer, sobre el desalojo del Asentamiento 1ro. De Marzo – Joaju, desde la organización de Lucha por la Tierra-OLT nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:
Primeramente llamamos la atención sobre la independencia de las instituciones del Estado y representates gubernamentales, de las Empresas privadas con intereses particulares, teniendo en cuenta que la ARP llamó a una “cumbre de seguridad” para dar directrices al Ministerio del Interior, una institución que debe velar por los intereses de toda la ciudadanía, no solo de esos pocos asociados de la ARP.
Desde la organización denunciamos la mala intención y desinformación por parte del Ministro al tratar de delincuentes a 320 familias sin tierras del Asentamiento 1ro. De marzo-Joaju, cuando que estas familias sin tierras vienen gestionando ante el INDERT y el Parlamento desde finales del 2011 para el acceso a un pedazo de tierra y existe un expediente de más de 400 fojas que respaldan esa gestión.
Asimismo, quieren acusar de deforestadores a estas familias campesinas, que actualmente cuentan con más de 1000 has. de producción de autoconsumo, que sumando 330 familias con 4 has. de producción de alimentos y renta, llegan a más de 1300 has., por lo que la acusación es infundada y de mala intención. Sobre todo cuando al día se ven informaciones en los medios de comunicación, sobre la cantidad de miles de has. que se deforesta en el Chaco para instalar ganadería y otros agronegocios, o si se llevara en cuenta los 3. 500.000 has. de cultivos de soja, donde no se logran ver ni un arbolito en el medio; sin embargo no se llama a cumbre a seguridad o el Ministro no interviene de oficio para preservar la salud y los derechos de toda la ciudadanía.
Ante las expresiones del ministro de Vargas, “..se debe trabajar de forma previa, .. sobre los autores intelectuales, recabando la actividad ilícita que sustenta económicamente a estos delincuentes, para luego hacer un operativo sin violencia”; SOSTENEMOS que los únicos delincuentes y autores intelectuales de hechos delictivos en Paraguay, son los empresarios que se apropiaron de manera ilegal de las tierras del Estado, y que fuera denunciado a partir del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, entidad gubernamental, quienes documentaron más de 7.500.000 has. de casos de tierras mal adjudicados o malhabidos.
Asimismo, el representante de la ARP que expresa “…que en circunstancias en las que el país se encuentra en una situación privilegiada en el desarrollo de los agronegocios, sería una mala política no cuidar la coyuntura que traerá beneficios para toda la población”; desde la organización denunciamos que, este argumento es engañoso teniendo en cuenta que con el avance del agronegocio ha crecido la pobreza en el campo y en la ciudad, teniendo en cuenta el aumento de los cinturones de pobreza a la par del avance de la soja, por la expulsión permanente de familias campesinas e indígenas. La desigualdad que trae el agronegocio no es solamente en cuanto a la tenencia de tierra (85,6 % de tierras en manos del 2 % de propietarios), sino además ha aumentado el desempleo rural y urbano, la mal nutrición, el hambre, etc. mientras que el 10 % de la población ostenta el 90 % de la riqueza.
Recordamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior como organismos estatales de sus compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos, específicamente lo establecido en el Art. 11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que reza: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
Además resaltamos sobre las Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales del 16º período de sesiones (1997). Observación general Nº 7
El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos
En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto.
La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a “iniciar operaciones importantes de evacuación sólo cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación”. En 1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/181, se reconoció la “obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos”.
Responsabilizamos al Gobierno de Horacio Cartes, a través de su Ministro del Interior de difundir mentiras, con sus declaraciones públicas realizadas, donde sugiere que organizaciones promueven la violencia y manipulan a campesinos, campesinas, o que existen sectores políticos detrás.
La OLT no manipula ni deja ser manipulada por nadie, y desde hace 23 años lucha por la Reforma Agraria Integral, la democratización de la tierra, el fortalecimiento de la agricultura campesina, la transformación de la materia prima desde una industria nacional, como única vía para dignificar al campesinado paraguayo y con ello aportar al desarrollo nacional.
Nos ratificamos en nuestro método de lucha pacífica por la Reforma Agraria, desde la gestión y la movilización. La ocupación es y ha sido siempre la última vía, una vez agotadas todas las instancias administrativas legales ante las instituciones del Estado encargados de la Reforma Agraria.
Exigimos el cese de la violencia, y, la expropiación de las tierras para las más de 330 familias sin tierras de la comisión vecinal Joaju, del Asentamiento 1ro. de marzo, que actualmente se encuentra en el Parlamento en la Comisión de Reforma Agraria, desde el mes de diciembre del 2014 con el expediente Nº 6658.
Llamamos a la solidaridad de los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas, frente a esta persecución y llamado al desalojo, que no hace otra cosa más que profundizar la criminalización de la lucha por el derecho al acceso a la tierra, del campesinado que resiste ante el modelo agroexportador, expulsivo y extractivo.
“Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria”
Asunción, 26 de febrero de 2016
Dirección Nacional de la OLT
Contacto: Diosnel Sachelaridi 0982-273.032
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