En el día de ayer 30 policias y paramilitares desalojaron violentamente a la familia Palma de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Indígena Lule Vilela, relevada según la ley 26160. En el operativo esposaron y golpearon a Teresa Palma entre otras mujeres. Arremetieron con balas de goma hiriendo en la cara a Miguel Palma, mientras la policia del Qubrachal se llevó detenido a Rafael Galvan, quien gracias a la presión social fue liberado horas mas tardes. Abajo compartimos su testimonio brindado unos momentos después a la Revista Crisis
En el operativo el empresario Loprestti, el juez de Paz Oscar Alfredo García y la policía destruyeron la vivienda de los Palma, robando todas sus pertenencias. El empresario terrateniente responsable de los hechos es Marcos Loprestti del Quebrachal, que años atras se apropio de 17 mil hectareas, encerrando a la familia Palma entre alambres. Pretenden desalojar definitivamente a la familia Palma.
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«NOS PUSIMOS DELANTE DE LA TOPADORA y EMPEZARON A DISPARAR»
Por Rafael Galván, de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Indígena Lule Vilela, en Salta.
«Pasadas las 13 un sobrino me avisó que estaban desalojando la casa de los Palma y nos fuimos para allá. Había unos 30 policías, un patrullero de la policía de Salta, una camioneta de Infantería y una topadora del empresario Lopresti. Decían que era por orden de la jueza Zigaral, por un juicio que habían perdido los Palma. Pero ellos ni siquiera recibieron ni una citación judicial. Todo fue trucho. Además esas tierras están dentro del relevamiento que realizó el INAI en el marco de la Ley 26.160.
Cuando llegamos a la familia ya la habían sacado con violencia de la casa, personal femenino de la policía había golpeado a Teresa Palma, a quien quisieron llevarse detenida pero como se puso muy mal de salud la dejaron.
Cuando estaban por derribar la casa con la topadora Miguel, el hijo de Don Palma, intentó acercarse y empezaron a disparar. Yo no logro ver pero después me entero que uno de los balazos le dio en la cara. A mí me llevan detenido por pararme enfrente del tractor. Me armaron una causa y me tuvieron dos horas en la comisaría del Quebrachal.
Pero lo peor es la impotencia, de ver la impunidad de los empresarios y de la policía y de los jueces. Le tiraron toda la casa a la familia Palma y la gente de Lopresti cargaba la cama y los muebles en las camionetas. Lo único que dejaron fueron los animales porque no se los podían llevar. Después tiraron todas las cosas a un costado de la ruta.
Es un desalojo pagado, totalmente trucho. Ni siquiera dejaron una consigna policial. Y a mí me dijeron que por la causa que me armaron no me podía acercar al domicilio de los Palma. Esa es mi comunidad, cómo no voy a poder ir. Incluso soy consejero. Pero eso no vale nada, nosotros no valemos nada para la Justicia. Esto no es la primera vez que pasa.
Uno siente mucha impotencia. Estas situaciones me traen un montón de recuerdos. A mí me mataron un hermano, hace cinco años a Miguel Galván lo asesinó un sicario también de Quebrachal. Y ni con eso fue suficiente para que termine la violencia hacia nuestras comunidades.
Este hombre Lopresti vive pagándole a la policía, a los jueces. Fue contador de varias municipalidades de la zona y entonces tiene el poder. Le dijimos eso a la jueza y ella ni siquiera contestó, no dijo nada porque seguramente a ella también le paga. Y esto no sólo pasa acá, pasa en todo el país.
Por eso no alcanza con una ley, porque siguen estas prácticas ilegales. Tiene que haber un Estado que se ponga los pantalones largos ante todas las injusticias y que de una vez por todas se detenga la matanza y avasallamiento a nuestras comunidades».