Autor: clocvc

Lunes 12 de Octubre de 2012

Frei Betto

Stefan Zweig tituló Brasil, país del futuro su libro de ensayos publicado el año 1941, cuando vino a conocer el país que lo acogería y en el que moriría al año siguiente. Ahora bien, puede aplicarse al futuro lo que dice Eduardo Galeano con respecto a la utopía: como el horizonte, está siempre ahí enfrente, pero no se puede alcanzar, por más que se camine en dirección a él.

Prefiero afirmar que el Brasil es un país de contrastes. Con una población de 192 millones de habitantes (de los cuales 30 millones viven en zona rural, donde predomina el latifundio, con grandes extensiones de tierras improductivas), sólo 6.6 millones estudian en la universidad. Y de los 92 millones de trabajadores casi la mitad no tienen contrato firmado.

Tenemos la mayor área de haciendas de América Latina y sin embargo nunca se hizo una reforma agraria. Somos el principal exportador de carne y tenemos la segunda mayor flota de helicópteros de las Américas, pero convivimos con la miseria de 16 millones de habitantes (de los cuales el 40% tiene menos de 14 años y el 71% son negros y trigueños).

Las señales de 350 años de esclavitud en el Brasil todavía son visibles en el hecho de que la población negra es pobre y con frecuencia discriminada. El Brasil, considerado hoy la 6° economía del mundo, ocupa la vergonzosa posición del 84° lugar en el IDH de la ONU (2012).

A pesar de que el 65% de la riqueza nacional se concentra en manos del 10% de la población, el país experimenta sensibles mejoras en estos primeros años del siglo 21. Gracias a los programas sociales de los gobiernos de Lula y Dilma, 30 millones de personas salieron de la miseria. El control de la inflación, el crédito fácil y la reducción de los intereses han ampliado el sector de la clase media. La exoneración de la industria automovilística y de los productos de línea blanca (neveras, lavadoras…) dan acceso a los bienes de consumo.

Sin embargo 4 millones de menores de 14 años todavía siguen sin ir a la escuela y están sometidos a trabajos indignos. Cinco millones de agricultores sin tierra se albergan en campamentos precarios a la orilla de las carreteras o viven en asentamientos con bajo índice de productividad. El 47.5% de los domicilios carecen de saneamiento básico; lo cual implica un universo de 27 millones de viviendas en las que viven 105 millones de personas.

Hay cerca de 25 mil personas sometidas a trabajo esclavo, especialmente en los estados de la Amazonía, cuyo despale, provocado por el agronegocio y la explotación depredadora hecha por expresas mineras, no cesa de privar a la selva de su exuberancia natural.

En la punta de la pirámide social los brasileños gastan, en viajes al exterior, ¡US$ 1,800 millones al mes! Y el flujo en cuentas externas alcanzará este año la cifra record de US$ 53,000. En los últimos años la baja cotización del dólar en relación al real afectó a la industria nacional y favoreció la entrada de productos extranjeros.

Como la economía brasileña se apoya principalmente en la exportación de commodities, la crisis financiera mundial redujo progresivamente los pedidos, ralentizando el crecimiento del PIB, previsto este año en un 1.2%.

Considerado el segundo mayor consumidor de drogas del mundo (sólo por detrás de los EE.UU.), el Brasil convive con una temible violencia urbana. Los homicidios son la principal causa de la muerte de jóvenes entre los 12 y los 25 años.

A pesar de que la situación social del Brasil haya mejorado substancialmente en la última década (hasta el punto de que muchos europeos afectados por la crisis financiera han venido a nuestro país en busca de trabajo), hace falta que el gobierno lleve a cabo reformas estructurales, como la agraria, la fiscal y la política.

El sistema de salud pública es precario, y solamente en este año los diputados federales han propuesto duplicar hasta el 10% del PIB la inversión federal en educación. Convivimos con 13.6 millones de adultos analfabetos literales y 29% de adultos analfabetos funcionales (saben leer y poner su firma, pero son incapaces de escribir una carta sin faltas o interpretar un texto).

Según el Instituto Pro-Libro, el brasileño lee sólo 4 libros al año y apenas un 5% de la población es capaz de expresarse en inglés, la mayoría de los cuales sin dominar dicho idioma.

El poder público brasileño, con raras excepciones, es reacio a la cultura. El presupuesto 2012 del Ministerio de Cultura es de apenas US$ 3 mil millones (el PIB actual del Brasil es de US$ 470 mil millones); lo que explica que en el país haya sólo unas tres mil librerías, la mayoría de ellas concentrada en las grandes ciudades del sur y del sudeste del país.

A pesar de las dificultades por las que atraviesa el país, somos un pueblo viciado de optimismo. Tenemos por costumbre guardar el pesimismo para días mejores…

Lunes 12 de Noviembre de 2012

Uno de los esfuerzos que como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina ha sido el impulso y la movilización en torno a la Soberanía Alimentaria, lo cual se remonta al menos desde 1996.

En la actualidad, las redes y organizaciones que impulsan la Soberanía Alimentaria se presentan en la denominada «Alianza Continental por la Soberanía Alimentaria» que estuvo presente en la I Asamblea de CLOC-Vía Campesina en Managua, Nicaragua.

La Alianza se reivindica como un espacio amplio, con protagonismo de las organizaciones y en construcción y crecimiento permanentes. Ahumada invitó a las organizaciones miembros de CLOC a sumarse activamente a esta construcción, la cual será presentada formalmente en una actividad pública el año próximo.

Como referencia se debe recordar que en contrapelo a la I Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1996, Vía Campesina organiza el Taller de Mujeres Rurales, Foro alternativo previo a la conferencia oficial y que cuestiona la propuesta de la FAO sobre Seguridad Alimentaria. Para este taller la principal propuesta era luchar por que los alimentos no se conviertan en una mercancía y por la soberanía alimentaria entendido como el derecho a que los pueblos cultivar sus propios alimentos de acuerdo a sus propias culturas alimentarias. Y es así como nace la Campaña Internacional de Semillas de la Vía Campesina, la integración del Comité Internacional de Planificación (CIP), que luego diera impulso a esta nueva Alianza.

Para Mario Ahumada, coordinador de la Alianza Por la Soberanía Alimentaria, ésta nace como un anhelo desde Vía Campesina y extendiendo la discusión en el marco de los movimientos sociales como uno de los elementos fundamentales en la lucha contra el modelo neoliberal.

Ahumada recalcó que la Alianza por la Soberanía Alimentaria “trabaja en pro de que la FAO se abra a discutir sobre la necesidad de implementar este principio, el de Soberanía Alimentaria, con la participación de los movimientos sociales”. Y aclaró que “la Alianza no forma parte de la FAO, ni impulsa junto a esta institución ningún proceso. Somos un espacio forjado por los movimientos sociales que apostamos por la construcción de la Soberanía Alimentaria. Se trabaja de forma autónoma, independiente nunca hemos trabajado de la mano con la FAO. Sabemos que en FAO confluyen intereses de transnacionales y corporaciones y abogamos por la recuperación de esta instancia para lo que en un principio fue hecha”.

Para Ahumada es claro que la lucha por la Soberanía Alimentaria no la pueden encabezar los gobiernos: “nos toca hacerlo nosotros. Pese a pocas excepciones como Bolivia, Ecuador y Venezuela, son los movimientos sociales los que han de impulsar su reconocimiento como un principio fundamental para la construcción del bienestar común. Es por ello que se debe frenar el acaparamiento de tierras, el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas. Así como frenar el modelo agroindustrial de producción de alimentos”, dijo Ahumada en el marco de la tercer jornada de la Asamblea Continental de CLOC-Vía Campesina.

Seguido a esto la alianza propone como sus principios fundamentales y ejes de articulación: el reconocimiento a la alimentación como derecho; la necesidad urgente de una reforma agraria; la protección a los recursos naturales; eliminar la globalización del hambre; la reorganización del comercio; la lucha por la paz social y control democrático de la producción.

Lunes 12 de Noviembre de 2012

Este sábado 10 de noviembre del 2012, volvió a correr sangre campesina en el bajo aguan ya que en horas de la mañana fue encontrado asesinado el compañero José Cecilio Pérez Martínez, quien había sido secuestrado el día anterior en horas de la tarde por tres hombres armados en la salida a Trujillo de Tocoa, Colón.

El compañero Pérez Martínez era presidente de la cooperativa Despertar que pertenece al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), y fue encontrado asesinado en la aldea el Tigre a las 8:30 de la mañana dentro del carro en el que había sido secuestrado.

No queda la menor duda que estos grupos armados que operan en la zona del aguan apoyados por los terratenientes del lugar y en muchas ocasiones en complicidad con la policía y los militares que permanecen en la zona, ahora estos sicarios están optando por nuevas estrategias para poderdesarrollar el trabajo del sicariato.

El compañero Pérez Martínez fue asesinado y además le robaron una fuerte cantidad de dinero en efectivo que portaba, es decir que los tres sicarios se llevaron doble premio, porque además de recibir dinero por su asesinato también se llevaron 320 mil lempiras en efectivo, dinero que era para el pago por el trabajo que realizan las familias que conforman la cooperativa Despertar.

Por otra parte Denunciamos que el día sábado 10 de noviembre del 2012 a eso de las 7:00 de la noche Yoni Rivas y Vitalino Álvarez reconocidos dirigentes del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan(MUCA), en el momento que regresaban de una exposición de Agro-mercados en la Cámara de Comercio e Industria de Cortes, en San Pedro Sula y se trasladaban al asentamiento la Confianza a la altura del desvió que da acceso a dicho asentamiento en la salida a Trujillo fueron emboscados por un grupo de sicarios, pero afortunadamente lograron evadir y solo escucharon las fuertes detonaciones de armas de grueso calibre.

Denunciamos que en medio de todo este plan callar las voces del campesinado y desestabilizar a las organizaciones campesinas sobre todo del aguan hay una intervención directa a las líneas telefónicas de dirigentes campesinos y voceros, para evitar que se hagan las denuncias de la constante persecución, represión y asesinatos de campesinos en esta región.

Responsabilizamos al los tres poderes del Estado y a los grupos armados liderados por los terratenientes que operan bajo la protección del Decreto Legislativo de desarme selectivo e inconstitucional en el departamento de colón y específicamente en el municipio de Tocoa, amparados en esta ley , la policía y miembros del ejército constantemente hacen cateos en la viviendas de las y los campesinos del aguan dejándolos interperie y expuestos a ser asesinados pues esta ley de desarme solamente se les aplica a ellos y no a todos los pobladores de la zona.

Por lo tanto Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a mantenerse en constante alerta ante la ola de asesinatos, persecución y represión en contra de los campesinos en el Bajo Aguan.

Lunes 12 de Noviembre de 2012

El organismo presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.

Por Darío Aranda

El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.

La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.

“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.

Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.

La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.

La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.

El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.

Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.

De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.

La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.

Lunes 12 de Noviembre de 2012

Este miércoles 7 de noviembre de 2012, en horas de la tarde un grupo paramilitar de los que actúan con plena libertad en nuestro país, perpetró una nueva masacre esta vez contra 10 humildes campesinos, entre ellos una mujer, residentes en el municipio de Santa Rosa de Osos departamento de Antioquia. Este nuevo hecho criminal, no es sino el último acontecimiento de una cadena sucesiva de hechos criminales perpetrados contra el movimiento popular y social, entre los cuales se destacan amenazas, hostigamientos, intimidación, y ejecuciones extrajudiciales, todo ello, con el mismo “modus operandi” con el que siempre han actuado los grupos paramilitares en Colombia.

La Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad condena este tipo de crímenes, y exige del gobierno nacional las acciones inmediatas que permitan el desmonte del paramilitarismo, la judicialización de sus integrantes, así como el develamiento de toda la red de apoyo a estos grupos.

No por nada, la Campaña Permanente, ha planteado en reiteradas ocasiones las preocupaciones en relación con la existencia de estos grupos, y la ausencia de una verdadera política criminal que enfrente militarmente y judicialice todo el entramado que se mueve alrededor del paramilitarismo en Colombia.

Expresamos a los familiares y a la comunidad de Santa Rosa de Osos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento dolor, el cual acompañaremos con la denuncia política a este tipo de acciones criminales.

Exigimos del gobierno nacional un pronunciamiento más contundente que el que hasta ahora se ha escuchado en relación con este grave hecho criminal. Igualmente solicitamos a la fiscalía General de la nación se adelanten las investigaciones que permitan determinar los autores materiales e intelectuales de esta nueva página de sangre en la martirizada historia de nuestro país.

CAMPAÑA PERMANENTE, TIERRA, VIDA Y DIGNIDAD

Bogotá 9 de noviembre 2012

Viernes 9 de Noviembre de 2012

A partir de hoy, viernes 9 y hasta el domingo 11 de noviembre, tendrá lugar en el municipio autónomo de San Francisco Cherán una importante reunión conjunta en la que se articulan la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán y la Octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que constituye un espacio de convivencia no sujeto a instituciones del Estado ni a partidos políticos, de más de 130 luchas locales con presencia en por lo menos la mitad de los estados de la República: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Morelos, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Distrito Federal y Michoacán.

Que Cherán sea sede del evento constituye un reconocimiento solidario por parte de los representantes de pueblos y organizaciones sociales del país a esta emblemática lucha autonómica purépecha, que se genera a partir de sus formas organizativas tradicionales y sus autoridades elegidas en asambleas comunitarias, para preservar su territorio y defenderse del crimen organizado, que ha talado de manera ilegal 20 mil de las 27 mil hectáreas de su bosque, además de haber asesinado a varios comuneros.

Para la preaudiencia del tribunal se presentarán más de una docena de casos documentados que demuestran el alto grado de agresión socio-ambiental en Michoacán, como el proyecto de vialidad Altozano-Camelinas, que cruza el área natural protegida de la Loma de Santa María, zona de recarga de 40% del agua para la ciudad de Morelia; el de los habitantes de Lázaro Cárdenas que se pronuncian en contra de un gran proyecto de infraestructura asociado a un puerto marítimo que conecta rutas comerciales de Estados Unidos a China; el de las comunidades purépechas de Patamban y Tengüencho, que defienden sus bosques contra las plantaciones agroindustriales de aguacate; el de la comunidad de Zacapu, que resguarda sus humedales y laguna ubicados dentro de un área natural protegida amenazada por un proyecto turístico; la comunidad purépecha Cheranatzicurin, Paracho, que presenta despojo de tierras y devastación del bosque por talamontes coludidos con el crimen organizado; la comunidad de Agangueo, que lucha en contra del saqueo por la Minera México y en defensa del bosque que alberga cada año a la mariposa Monarca; las comunidades de La Minzita, Cerros del Sur y Hacienda del Quinceo, que denuncian el despojo de espacios públicos y los abusos de la urbanización salvaje, entre otros casos, evidencias y pruebas que se presentarán. Toda esta red de agraviados locales ha respondido a la Octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, organizándose formalmente por primera vez como una instancia unitaria de resistencia denominada Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales.

La trascendencia de este encuentro radica en visibilizar la emergencia de una resistencia popular que se levanta en contra de la corrupción gubernamental estatal y federal, que permite y promueve la privatización de servicios públicos, como el manejo del agua, la basura, la distribución y producción de energía y alimentos; en contra de las agresiones de las bandas criminales, protegidas por autoridades civiles y militares; en contra de las poderosas empresas mineras, agroindustriales, papeleras, inmobiliarias, turísticas, etcétera, así como en contra de proyectos inmobiliarios, centros comerciales, basureros, confinamiento de residuos tóxicos, granjas industriales de cerdos, gasolineras, todo lo cual tiene impactos profundos en el hábitat, en la salud y reproducción de los pueblos como tales, y en la posibilidad futura de la vida misma de la especie humana.

Por su parte, la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales constituye el más importante acontecimiento anual de este espacio de resistencia autónomo, en el que convergen la mayor cantidad de agraviados y activistas de diversas partes del país, para intercambiar experiencias sobre la amplia variedad de conflictos ambientales que tienen lugar en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Coinciden también otras luchas que se hermanan con las ambientales, como las indígenas, campesinas, obreras, sindicales, por los derechos humanos, contra la guerra social que se encubre en la del narcotráfico. La importancia de esta octava asamblea es múltiple, ya que ocurre en un momento de gran efervescencia social en Michoacán y en el país, articulando procesos de resistencia de afectados con el movimiento magisterial de la Sección 18 y el movimiento estudiantil local, duramente reprimido por los gobiernos estatal y federal. Se espera, igualmente, la presencia de diversos movimientos que intentan unificar las luchas, como el Movimiento de Liberación Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Vía Campesina, el movimiento urbano popular y los jóvenes integrantes del Movimiento #YoSoy132, entre otros.

La octava asamblea ha procedido adicionalmente a organizar una decena de preaudiencias en campos específicos, como la destrucción de bosques, aguas, mares, ríos, tierras de cultivo, maíz, salud humana, vivienda urbana, etcétera, encaminadas a conformar un expediente pormenorizado de la devastación ambiental nacional, que permita fincar responsabilidades a actores precisos: empresas privadas y públicas, funcionarios públicos corruptos de todos los niveles de gobierno, científicos mercenarios y corporaciones, y con toda esa información poder organizar una demanda colectiva en contra del Estado mexicano que –por omisión y comisión– está ocasionando la destrucción extendida, deliberada, sistemática y dolosa del medio ambiente nacional.

Viernes 9 de Noviembre de 2012

Para promoverla a escala global en todo el planeta

La Via Campesina celebrará un encuentro mundial sobre agroecología del 6 al 12 de noviembre en la Fundación de la Comunidad Agroecológica de Surin (Tailandia), al que se trasladarán las aportaciones de los encuentros continnentales llevados a cabo por este movimiento campesino en todo el planeta. El último de ellos fue el de Europa, celebrado en Durango el pasado verano. La organización anfitriona del encuentro es la Asamblea de Pobres de Tailandia, que agrupa a pobres de la ciudad y del campo, así como a pequeñas personas campesinas y trabajadoras.

Participarán profesores y profesoras de agroecología y representantes de escuelas de agroecología de La Vía Campesina, presentes en 40 Estados, tales como Venezuela, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Argentina y en estado inicial en India e indonesia, entre otros países. El objetivo de este evento participativo es seguir dando pasos para provmover la agroecología a escala global. Se considera crucial intercambiar estas inidiativas locales para resistir ante el modelo atroindustrial que ha generado graves crisis sociales, medioambientales, así como hambre.

Se compartirá los diferentes conocimientos y experiencias sobre métodos agroecológicos que están aplicando las personas campesinas en distintos lugares. El caso de Cuba es en este sentido una experiencia a destacar, pasando de una agricultura basada en agroquímicos a otra diversa y agroecológica.

Las personas participantes vistarán unidades campesinas locales de Surin partícipes en programas de producción ecológica de arroz, hierba y agroforestal.

Viernes 9 de Noviembre de 2012

Según datos oficiales proporcionados por autoridades de gobierno se reportan 52 personas fallecidas, 22 personas desaparecidas cientos de heridos y aun unidades de rescate continúan trabajando en algunos lugares para rescatar a personas soterradas, también se reportan 762 personas albergadas, hasta el momento se tienen habilitados 20 albergues, mas de dos mil evacuadas algunas familias afectadas han preferido refugiarse con familiares o amigos los reportes dan cuenta de alrededor de 1 millón 200 mil personas afectadas. La siguiente Fase según autoridades de gobierno el dato preliminar de viviendas dañadas es de 2,263 indicando que la siguiente fase será la reconstrucción de las mismas. Foto: Siglo XXI

Otros daños reportados oficialmente es grietas en diferentes rutas de Quetzaltenango a San Marcos inestabilidad de en los cerros laterales, por lo que hicieron un llamado a todos los guatemaltecos a desplazarse solo en casos de emergencia.

Se ha decretado duelo nacional por tres días por la tragedia que se vive en la actualidad en la parte occidente del país, se ha señalado que está por firmarse el acuerdo para decretar estado de calamidad en los departamentos afectados: San Marcos, Quetzaltenango Quiche estos dos últimos porque fueron afectados en su parte sur.

Hasta el momento se continúan no se cuenta con el servicio de agua potable en las poblaciones de San Marcos, y un aproximado de 5% de la población no cuenta con servicio de energía eléctrica.

El Hospital Nacional de San Marcos ha atendido a más de doscientos pacientes solo un 25% de los atendidos ha sido recluidos en el lugar.

El Estado de calamidad es por treinta días se espera que en treinta días se tenga más claro el panorama, al declarar el estado de calamidad permite reconocer el nivel de daño causado por el terremoto.

El sismo de 7.2 grados en escala de Richter que se vivió la mañana de ayer 7 de noviembre Guatemala, y que es catalogado como terremoto en el departamento de San Marcos por los daños causados, es uno de los sismos más fuerte después del terremoto registrado el 4 de febrero de 1976, que tuvo una magnitud de 7.5 grados y cobró la vida de más de 23 mil personas.

El departamento de San Marcos se ubica a 253 kilómetros de la ciudad capital con una extensión Territorial (Kms2): 3,791 Idiomas: Mam, sipakapense y español Clima: Frío Población: 794.951 habitantes.

Miércoles 7 de Noviembre de 2012

Hoy  el Parlamento de la Unión Europea va a votar sobre la ratificación del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, Perú y Colombia. Para los campesinos y pueblos originarios de América Latina los acuerdos van a tener graves consecuencias. Hay un gran riesgo de que las empresas transnacionales saquen de la competencia a los campesinos con sus monocultivos y que se desaloje gente.

El mayor propósito de los acuerdos es aumentar el comercio entre América Latina y la UE. Será más fácil para las empresas europeas competir con los productores locales en varias áreas. Los acuerdos también significan que la UE elimina los derechos aduaneros de productos como la caña de azúcar y aceite de palma. Productos que se importan y que se usan para agrocombustibles como etanol.

La UE es el tercer mayor consumidor de etanol a nivel mundial después de Estados Unidos y Brasil. Por las metas que tiene la UE de energías renovables está aumentando la demanda de agrocombustibles rápidamente. En los últimos cuatro años la producción de etanol proveniente de caña de azúcar se ha cuadruplicado. Cultivar caña de azúcar requiere grandes áreas de tierra, lo que pone una mayor presión en las tierras agrícolas y conduce a más conflictos por la tierra. Según un estudio de sostenibilidad, hecho por encargo de la Comisión Europea, el aumento de la producción de agrocombustibles puede reducir la producción de los granos de la canasta básica y llevar a la desforestación en Centroamérica.

Unos de los países afectados por el acuerdo es Guatemala. En 2008 exportó 86,7 por ciento del etanol a países de la UE. Con el TLC se espera que la exportación de estos productos aumente aún más. En 2011 Suecia importó cerca de 9000 metros cúbicos de etanol de productos con origen de Guatemala. Ese mismo año la policía, el ejército y guardias de seguridad desalojaron a más de 600 familias de los pueblos originaros de maya q’eqchi en el Valle de Polochic. El desalojo fue dirigido por la empresa Chabil Utzaj con el propósito de liberar tierras para el monocultivo de caña de azúcar. Tres campesinos fueron asesinados en el desalojo. Hoy en día la población en Polochic vive bajo condiciones difíciles. Además de malnutrición infantil y problemas para ganarse la vida, la población consume agua contaminada y trata de cultivar tierra inservible. Los desalojos ilegales no han tenido ninguna consecuencia legal.

Comercio es importante. Pero no cualquier tipo de comercio. El acuerdo de asociación contribuye a violar los derechos humanos y el medio ambiente. El 7 de Noviembre el parlamento de la UE puede rechazar o aprobar el acuerdo. La necesidad de energía sostenible de la UE no debería ser más importante que el derecho de los campesinos y pueblos originarios a la tierra y alimentación.

Por lo tanto, nuestros diputados suecos en el parlamento de la UE deben rechazar el acuerdo.

Francisco Contreras, presidente Solidaridad Suecia América Latina (SAL)

Jennie Jonsén, presidenta FIAN

EN AUDIENCIA REALIZADA AYER EN WASHINGTON

La realización de una Visita in Loco a fin de evidenciar y documentar numerosas violaciones a los derechos humanos y dar cuenta de cómo afecta el quiebre institucional a la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Paraguay fue solicitada por la delegación paraguaya que se entrevistó con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- en Washington ayer domingo.

En la oportunidad estuvieron presentes el Presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, Rose Marie Antoine, relatora de derechos humanos para Paraguay y María Claudia Pulido y por las organizaciones de la sociedad civil Maggi Balbuena de CONAMURI, Carmen Coronel de CODEHUPY, Katia Gorostiaga de CLADEM Paraguay y Cristina Coronel de SERPAJ PY.

Además, la delegación solicitó que se realice una exhaustiva investigación de los hechos denunciados tales como falta de esclarecimiento a la muerte de un dirigente social y político ocurrido en Puentesiño, detenciones arbitrarias en el caso Curuguaty, persecuciones a defensoras y defensores de derechos humanos, hostigamiento judicial con amenazas de imputación por manifestaciones realizadas en contra del golpe parlamentario, numerosos despidos en instituciones gubernamentales, retrocesos en salud y educación, amedrentamiento a comunicadores/as sociales e intentos

Igualmente, se peticionó que la CIDH tome testimonio de la población, en particular de la afectada en distintas zonas del país, cuyos casos fueron utilizados para justificar el juicio político (Curuguaty y Ñacunday) de manera a documentar situaciones atentatorias y hacer las recomendaciones pertinentes al Estado. También se pidió a que el organismo especializado en derechos humanos emita un pronunciamiento general solicitando el cese de las violaciones, hostigamientos, persecuciones y criminalizaciones, recalcando la necesidad de asegurar el respeto de la Carta Democrática, a fin de restaurar el estado de derecho y la institucionalidad democrática en Paraguay.

Además, se solicitó la protección y debida garantía a las personas y comunidades que denunciaron los hechos presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las y los comisionadas/os se mostraron muy interesados en el arbitrario procedimiento aplicado en el juicio político al presidente electo legítimamente en el año 2008 Fernando Lugo. Finalmente las y los integrantes de la CIDH agradecieron a la delegación paraguaya por brindar las informaciones suministradas.

Contactos:

Dina Cabañas – CDD Paraguay: 0991 365142 – 0981 992138

Magali Casartelli -SERPAJ – Paraguay: 0981 648558

Diana Zalazar – CODEHUPY: 0981 380279