Autor: clocvc

“Firme esperanza”

La visión de Rafael Alegría, casi dos años después del golpe en Honduras

Descargar: http://radiomundoreal.fm/Firme-esperanza?lang=es

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

17 de Junio de 2011

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Bolivia: CONAMAQ rechaza ley que permite ingreso de transgénicos

Solicitan anular artículos polémicos de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria aprobada por la Cámara de Diputados. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), organización indígena nacional de Bolivia integrante de CAOI, solicitó eliminar dos artículos y una disposición transitoria de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria aprobada por la Cámara de Diputados, la misma que permite el cultivo de productos transgénicos siempre y cuando no sean alimentos originarios del país. El proyecto ya fue remitido al Senado Nacional.

En un Manifiesto a la Opinión Pública Nacional e Internacional, CONAMAQ señala que la referida norma “le hace el juego a las multinacionales que se dedican a los organismos genéticamente modificados y abonos no orgánicos, que atentan contra la vida de la Madre Tierra y empeoran el calentamiento global”.

El documento suscrito por los integrantes del Consejo de Gobierno de CONAMAQ advierte que “CONAMAQ no callará por el alevoso atentado que hace el gobierno central a la Pachamama” y que denunciará el tema ante las instancias de las Naciones Unidas vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

De manera concreta, CONAMAQ demanda que se eliminen los incisos 3 y 4 del artículo 15, referido a la Política de Protección de Recursos Genéticos Naturales, los cuales señalan:

Inciso 3: No se introducirán en el país paquetes tecnológicos transgénicos que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad para proteger el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Inciso 4: Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición.

Asimismo, el inciso 5 del artículo 19, referido a la Política de Intercambio y Comercialización: “Se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”.

Finalmente, el primer inciso de la tercera Disposición Transitoria: “Se establecerá arancel diferenciado reduciendo su cuantía para la importación de maquinaria, equipo e insumos agropecuarios (…) por un lapso de 5 años, sujeto a reglamentación (…)”.

Fuente: Comunicaciones CAOI

 

17 de Junio de 2011

Por: Raúl Zibechi

Las potentes movilizaciones que atraviesan el mundo están desbordando tanto democracias como dictaduras, regímenes nacidos de elecciones y de golpes de Estado, gobiernos del primer y del tercer mundo. No sólo eso. Desbordan los muros de contención de los partidos socialdemócratas y de izquierda, en sus más diversas variantes. Desbordan también los saberes acumulados por las prácticas emancipatorias en más de un siglo, por lo menos desde la Comuna de París.

Naturalmente, esto produce desconcierto y desconfianza entre las viejas guardias revolucionarias, que reclaman organización más sólida, un programa con objetivos alcanzables y caminos para conseguirlos. En suma, una estrategia y una táctica que pavimenten la unidad de movimientos que estarían condenados al fracaso si persisten en su dispersión e improvisación actuales. Lo dicen a menudo personas que participan en los movimientos y quienes se felicitan de su existencia, pero que no aceptan que puedan marchar por sí mismos sin mediar intervenciones que establezcan cierta orientación y dirección.

Los movimientos en curso cuestionan de raíz la idea de vanguardia, de que es necesaria una organización de especialistas en pensar, planificar y dirigir al movimiento. Esta idea nació, como nos enseña Georges Haupt en La Comuna como símbolo y como ejemplo (Siglo XXI, 1986), con el fracaso de la Comuna. La lectura que hizo una parte sustancial del campo revolucionario fue que la experiencia parisina fracasó por la inexistencia de una dirección: «Fue la falta de centralización y de autoridad lo que costó la vida a la Comuna de París», dijo Engels a Bakunin. Lo que en aquel momento era acertado.

Haupt sostiene que del fracaso de la Comuna surgen nuevos temas en el movimiento socialista: el partido y la toma del poder estatal. En la socialdemocracia alemana, el principal partido obrero de la época, se abre paso la idea de que la Comuna de 1871 era «un modelo a rechazar», como escribió Bebel pocos años después. La siguiente oleada de revoluciones obreras, que tuvo su punto alto en la revolución rusa de 1917, estuvo marcada a fuego por una teoría de la revolución que había hecho de la organización jerárquica y de especialistas su eje y centro.

En el último medio siglo han sucedido dos nuevas oleadas de los de abajo: las revoluciones de 1968 y las actuales, que probablemente tengan su punto de arranque en los movimientos latinoamericanos contra el neoliberalismo de la década de 1990. En este medio siglo han sucedido, insertos en ambas oleadas, algunos hechos que modifican de raíz aquellos principios: el fracaso del socialismo soviético, la descolonización del tercer mundo y, sobre todo, las revueltas de las mujeres, de los jóvenes y de los obreros. Los tres procesos son tan recientes que muchas veces no reparamos en la profundidad de los cambios que encarnan.

Las mujeres hicieron entrar en crisis el patriarcado, lo que no quiere decir que haya desaparecido, agrietando uno de los núcleos de la dominación. Los jóvenes han desbordado la cultura autoritaria. Los obreros, y las obreras, desarticularon el fordismo. Es evidente que los tres movimientos pertenecen a un mismo proceso que podemos resumir en crisis de la autoridad: del macho, del jerarca y del capataz. En su lugar se instaló un gran desorden que fuerza a los dominadores a encontrar nuevas formas para disciplinar a los de abajo, para imponer un orden cada vez más efímero y menos legítimo, ya que a menudo es simple violencia: machista, estatal, desde arriba.

En paralelo, los de abajo se han apropiado de saberes que antes les eran negados, desde el dominio de la escritura hasta las modernas tecnologías de la comunicación. Lo más importante, empero, es que aprendieron dos hechos enlazados: cómo actúa la dominación y cómo hacer para desarticularla o, cuando menos, neutralizarla. Un siglo atrás eran una exigua minoría los obreros que dominaban tales artes. Las rebeliones, como la que comandó la Comuna, eran fruto de brechas que otros abrían en los muros de dominación. Ahora los de abajo aprendimos a abrir grietas por nosotros mismos, sin depender de la sacrosanta «coyuntura revolucionaria», cuyo conocimiento era obra de especialistas que dominaban ciertos saberes abstractos.

En algunas regiones del mundo pobre se produjo la recuperación de saberes ancestrales de los de abajo que habían sido aplastados por el progreso y la modernidad. En este proceso los pueblos indios juegan un papel decisivo, al darle nueva vida a un conjunto de saberes vinculados a la curación, el aprendizaje, la relación con el entorno y también la defensa de las comunidades, o sea la guerra. Ahí están los zapatistas, pero también las comunidades de Bagua, en la selva peruana, y un sinfín de experiencias que muestran que aquellos saberes son válidos para estas resistencias.

Este conjunto de aprendizajes y nuevas capacidades adquiridas en la resistencia ha tornado inservible y poco operativa la existencia de vanguardias, esos grupos que tienen vocación de mandar porque creen saber lo que es mejor para los demás. Ahora, pueblos enteros saben cómo conducirse a sí mismos, con base en el mandar obedeciendo, pero también inspirados por otros principios que hemos podido escuchar y practicar estos años: «caminar al paso del más lento», «entre todos lo sabemos todo» y «preguntando caminamos».

Lo anterior no quiere decir que ya no sea necesario organizarnos en colectivos militantes. Sin este tipo de organizaciones y grupos, integrados por activistas o como quiera llamarse a las personas que dedicamos nuestras mejores energías a cambiar el mundo, ese cambio no llegaría jamás, porque no cae nunca del cielo, ni es regalo de caudillos y estadistas esclarecidos. Las revoluciones que estamos viviendo son fruto de esas múltiples energías. Las detonamos entre muchos y muchas. Pero una vez puestas en marcha, la pretensión de dirigirlas a puro mando suele producir resultados opuestos a los deseados.

Fuente: La Jornada

 

17 de Junio de 2011

La Vía Campesina – ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 2 de junio del 2011 – Nueva York, NY

La Vía Campesina reconoce el 2012 como un punto significante para la humanidad y para la vida. Hasta ahora, lo que hemos escuchado en los debates sobre la economía verde no es un esfuerzo para definir lo qué es. Más que nada, vemos una lucha sobre cómo seguir privatizando e incorporar al mercado libre mundial a la Madre Tierra y sus sistemas ambientales y recursos naturales, todo bajo el pretexto del desarrollo. El resultado significará la diferencia entre por un lado la pobreza, la hambruna y el crecimiento de la inequidad, y por otro lado una sustentabilidad mundial verdadera, el desarrollo humano y en si vida en nuestro planeta. Les recordamos a todos aquí presente que mientras nos acercamos a Río+20, los campesinos y agricultores familiares quienes están en la primera línea de los desastres climáticos y conflictos de recursos se tienen que reconocer como una solución clave ya en la práctica ante esta crisis multidimensional.

No se puede enfatizar lo suficiente que no se trata de una crisis de ciclos económicos. Lo que enfrentamos es una crisis estructural profunda cual requiere soluciones que no perpetúan los patrones de producción y consumo o que no reproduzcan los mismos mecanismos y enfoques que nos condujeron a este punto. Ya no nos podemos dar el lujo, ni puede sostener este planeta, de una trayectoria de crecimiento basado en las mismas imperativas económicas de la maximización de ganancias. Hacerlo significaría seguir un camino hacia el suicidio colectivo impuesto por los que se benefician del modelo industrial de producción y consumo del sistema económico actual y los que ahora buscan sacar ganancia del colapso ambiental que ellos mismos han causado.

Advertimos a gobiernos y a los pueblos del mundo, como movimientos campesinos e indígenas lo hemos hecho desde Río ’92, que mucho de lo que se propone como el desarrollo sustentable, ahora a través de la llamada economía verde, es una distorsión de los hechos y desinformación de la industria privada para seguir con altos niveles de contaminación y crecientes niveles de producción industrial y sobre-consumo generados en los países más ricos. La sociedad civil mundial y los funcionarios públicos tienen que criticar y hacer frente a las propuestas de corporaciones trasnacionales e industrias que al final solamente son responsables de aumentar sus ganancias para asegurar su propia existencia.

Se confirma esto cuando nos dicen que hay mucho potencial económico en promover una “economía verde”. Para nosotros, esto significa que las corporaciones trasnacionales, como Monsanto, Cargill, Syngenta, y los ricos del mundo se beneficiarán mientras que los pobres se quedan atrapados en el camino destructivo de la crisis climática, igual que la mayoría de la gente no podrá pagar precios más altos por alimentos, comunidades seguirán siendo desplazadas de sus tierras por la producción de agrocombustibles, y los que se ven forzados entrar a los flujos de migración hacia los centros urbanos solamente encontraran latos niveles de explotación, discriminación y carencia de empleo.

Los mecanismos de desarrollo limpio y las tecnologías verdes que se están proponiendo no cambiarán los niveles insustentables de producción y consumo. En cambio, estas falsas soluciones sólo transferirán el costo de la contaminación a los sistemas ambientales de la Tierra y los pobres del mundo. Solamente se crearán nuevas burbujas especulativas basadas en los servicios ambientales y los recursos naturales que sólo incrementan la inestabilidad de nuestras economías y harán poco para detener el agravamiento de la crisis climática.

Nuestra preocupación se amplifica cuando vemos que se continuara el esfuerzo de convertir la pequeña agricultura campesina en actividad de pequeño empresario con el uso intensivo de capital. No se construye una economía sustentable reemplazando los insumos y transformando la agricultura ecológica campesina con esquemas de mitigación climática y reducción de pobreza que implementan “tecnologías y técnicas” que podrían impactar aún más la salud y el medio ambiente, mientras dejan intacto el régimen alimentario corporativo y el control de las corporaciones trasnacionales sobre la producción y reproducción de la vida. Ejemplo de éste control es la implementación de semillas transgénicas y otras biotecnologías cuando de hecho, se ha comprobado que las practicas agroecológicas y las semillas nativas campesinas hacen los suelos y las semillas más resistentes al cambio climático. No estamos interesados en el capitalismo verde, disfrazado como el desarrollo sustentable.

Entendemos que la reducción de la pobreza y la desigualdad, particularmente el impacto sobre campesinos, agricultores familiares de pequeña escala y los pobres rurales, no se puede abordar con soluciones de “una talla para todos”. Sin embargo, esto no se debe manifestar en un permiso y apoyo de actuales niveles de producción y contaminación de los países industrializados que podrían influenciar el proceso hacia Río+20 a costa del resto de los países en vías de desarrollo y los pobres.

Cualquier desarrollo económico que busca ser sustentable y verde debe tener sus raíces en la Tierra con los millones de campesinos y agricultores familiares de pequeña escala que alimentan una mayor parte de los pobres del mundo, y las comunidades urbanas marginalizadas que están buscando alternativas al sistema alimentario corporativo. Es en ellos que encontramos las millones de soluciones a la crisis multidimensional que enfrentamos hoy. Por ejemplo, se estima que la agricultura campesina sustentable de los agricultores familiares y las comunidades indígenas podrían reducir hasta el 75% de emisiones globales de gases de efecto invernadero a través de la biodiversidad, la captura de materia orgánica en el suelo, producción diversificada de pequeña escala de carnes, expansión de mercados locales, protección y manejo de bosques.

La soberanía alimentaria, el derecho a la tierra para la producción agroecológica, la recuperación de territorios indígenas, el derecho de acceso al agua como un derecho social y humano sobre las necesidades de producción industrial, el derecho del uso libre, la conservación y el intercambio de semillas, la promoción de mercados locales, estas son condiciones indispensables para que los agricultores campesinos y familiares y comunidades indígenas puedan seguir alimentando al mundo y de manera positiva abordar nuestra crisis climática. Éstas deben formar la base del desarrollo sustentable y de un sistema económico nuevo.

Finalmente, no es aceptable, y llamamos a los países y la sociedad civil oponerse y denunciar el uso de Río+20 como plataforma para implementar procesos no-democráticos y deslegitimados, como el de la OMC, y acuerdos frustrados, como el Acuerdo sobre la Agricultura, bajo el disfraz del desarrollo sustentable. Les recordamos a las instituciones como el Banco Mundial, la OMC, y corporaciones trasnacionales fuera de la agricultura y nuestra Madre Tierra.

 

Al Sr. Evo Morales Ayma Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Estimado compañero Presidente Evo,

La Coordinación Nacional de la CLOC-Vía Campesina Brasil, reunida en Brasilia los días 13 y 14 de este mes, entre otras cosas, discutió con especial atención y preocupación la información que nos llegó sobre el proyecto de ley «Ley de la Revolución Productiva Comunitaria y la agricultura» , que ahora esta en la agenda de su administración.

Como organizaciones campesinas, de pescadores, de pueblos indígenas, quilombolas, estudiantes y de pastorales sociales, que vivimos en estos últimos años la liberación y el avance de los transgénicos y su paquete tecnológico en nuestro país, nos sentimos en la obligación política de alertarlo sobre el peligro que sufre la soberanía nacional boliviana en caso de que la ley se haga efectiva. Hemos leído con mucha atención la referida propuesta de ley, y según nuestra evaluación, los artículos 15 y19 expresan claramente la autorización para una invasión de semillas y productos transgénicos en Bolivia.

Además de esto, esta confirmado por estudios y por nuestra propia constatación, que no hay posibilidad de coexistencia entre los transgénicos y la agricultura campesina y tradicional. Lo que vivenciamos es la expulsión de los pueblos indígenas y comunidades, la perdida y la contaminación de semillas nativas entre otros.

Los transgénicos son actualmente la principal herramienta de dominación capitalista en la agricultura, pues coloca el dominio de las semillas en manos de algunas empresas transnacionales. También impone la utilización de químicos y agrotóxicos (herbicidas, fungicidas, insecticidas). Tristemente le decimos que nuestro país después de liberar los transgénicos , se transformó en el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Esa realidad trae consecuencias devastadoras para la vida humana y para la biodiversidad.

Su excelencia y sabiduría, por su propia historia de vida sabe, que a agricultura comunitaria boliviana ha resistido centenares de años al ataque colonial y capitalista. Bolivia es considerada un patrimonio de variedades genéticas de batatas, maíz, quinua entre otros.

Los pueblos de todo el mundo, en especial los articulados en la CLOC-Vía Campesina , esperan que su gobierno continúe siendo un aliado estratégico de la soberanía alimentaria. contra la agricultura capitalista.

Su excelencia tenga en cuenta que la aprobación de esta ley, con la presencia de los referidos artículos 15 y 19, significará contradecir todo lo que fue manifestado por Bolivia en los diversos foros internacionales, incluido la Cumbre de la Madre Tierra en Cochabamba, y eso significará romper con la alianza con los sectores indígenas, campesinos, ambientalistas en Bolivia , en todo el contienente y en el mundo

Creemos en su compromiso con el pueblos , compañero presidente Evo Morales.

¡NO a los transgénicos, Sí a la vida!

“Las semillas son el patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”

¡COTRA EL SAQUEO DEL CAPITAL Y DEL IMPERIO, AMÉRICA LUCHA!

CLOC-Vía Campesina Brasil

MST- Movimiento dos Trabajadores Rurales Sin Tierra

MMC- Movimiento de Mujeres Campesinas

MAB – Movimiento de Atingidos por Represas

MPA – Movimiento de Pequeños Agricultores

PJR – Pastoral da Juventud Rural

CIMI – Comisión Indigenista Misionera

CPT – Comisión Pastoral de la Tierra

ABEEF – Asociación de Estudiantes de Ingeniería Forestal

FEAB

PESCADORES

 

 

El G20 no tiene autoridad para dictar sus políticas al resto del mundo. Incluye únicamente a las 20 economías más ricas y excluye a las más pobres. Por ejemplo, de África, un continente azotado por el hambre, sólo tiene presencia en el club África del Sur.

El G20 no sólo es ilegítimo sino que además es incompetente. Con su intención de construir un nuevo orden económico mundial, el G20 ha intentado, desde su creación en 1999, controlar la especulación y los paraísos fiscales, desmantelar los bancos «excesivamente grandes» e imponer impuestos a las transacciones financieras… Pero estos intentos han fracasado porque los líderes de dichas naciones siguen promoviendo las mismas políticas neoliberales que han creado las crisis alimentarias y financieras actuales. La presidencia francesa del G20 coloca la volatilidad de los precios agrícolas y el desarrollo rural en la agenda del G20

Los alimentos vuelven a llegar a precios máximos y alcanzan los niveles de 2008 cuando los altos precios elevaron el número mundial de personas hambrientas a más de mil millones, afectando, sobre todo, a las zonas rurales.

La inestabilidad de los precios de los alimentos es consecuencia de varios factores, entre los que se encuentran la liberalización del comercio, la desregulación de los mercados, la especulación y la promoción de los agrocombustibles. Los agronegocios con orientación a la exportación y la dependencia hacia los mercados externos crean volatilidad en los precios. Cuando la producción principal se vende a los mercados y no hay disponibilidad de existencias tanto a nivel comunitario como de país, la inestabilidad de los precios puede tener un impacto mortal. Los campesinos pierden cualquier poder de negociación para determinar el precio, puesto que son los exportadores, los grandes corredores de bolsa, y los supermercados los que controlan los mercados y se benefician de sus fluctuaciones.

Es más, a diferencia de la agroecología, la agricultura industrial depende fuertemente de los combustibles fósiles para la producción de pesticidas y para el transporte; lo que también contribuye a que la volatilidad del mercado mundial aumente. Si bien producen alimentos, los campesinos y las campesinas son las primeras víctimas de los altos precios. No cuentan con acceso suficiente a la tierra y otros recursos productivos. Como consecuencia, tienen que comprar una gran cantidad de sus alimentos para alimentar a sus familias. Los costes de producción también se incrementan por los altos precios del combustible. Los precios a los productores a menudo quedan por debajo de los precios de producción, mucho más que los precios pagados por los consumidores. La diferencia creciente entre los precios a los productores y los precios que pagan los consumidores es acaparada por los intermediarios, los supermercados y los grandes comerciantes.

La adquisición masiva de tierra agrícola por las empresas transnacionales que ha tenido lugar en los últimos años ha incrementado el número de desahucios de campesinos y campesinas y ha reducido la capacidad de muchos países y comunidades para alimentarse por sí mismos en África, Asia y Latinoamérica. A este respecto, la iniciativa del Banco Mundial para que los «acaparamientos de tierras» sean más aceptables socialmente no está aportando solución alguna. Los «Principios para una Inversión Agrícola Responsable» (RAI por sus siglas en inglés) se han establecido para legitimar la apropiación de la tierra perjudicando a los pequeños productores y productoras. Debería prohibirse a los inversores extranjeros y nacionales que tomaran el control de grandes áreas.

Los alimentos deberían estar en el plato de todos, no sólo en el de los más ricos. Por tanto, el G20 no debería tomar las decisiones relacionadas con los alimentos y la agricultura, y mucho menos el G8; en cambio estas decisiones deberían tomarse a un nivel más global, con participación de todos los países del mundo. El G-20 está considerando la creación de una «reunión anual de las partes interesadas para la seguridad alimentaria» para involucrar a la sociedad civil. La Vía Campesina ve esta iniciativa como un paso atrás y reafirma que el reformado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas debería respetarse como el espacio central donde las políticas globales sobre la alimentación se negocien con la participación de la sociedad civil y se deciden por todos los gobiernos.

Junto con la Confédération Paysanne, miembro de La Vía Campesina en Francia, afirmamos que la solución a la crisis actual está en las políticas publicas nacionales, regionales e internacionales que regulen los mercados para conseguir precios justos tanto para los consumidores como para los campesinos, y especialmente para mujeres y jóvenes.

Las políticas basadas en la soberanía alimentaria deberían incluir:

*La defensa y la promoción de una agricultura con base campesina, a pequeña escala y sostenible, y vendida en los mercados locales. Ello incluye la venta directa de alimentos en las comunidades, la protección de las semillas de los campesinos, el acceso a la tierra y el agua, y el acceso a la educación… Por ejemplo, la conversión de la tierra agrícola para otros propósitos como la construcción de viviendas, el turismo o la industria no debería permitirse. Cuando los campesinos y las campesinas tienen un mejor control de la transformación y comercialización de sus productos, son menos vulnerables a la volatilidad de los mercados.

* El (re)establecimiento de reservas diversificadas de alimentos (local y nacionalmente) para estabilizar los precios y gestionar los riesgos en caso de catástrofes naturales y situaciones de emergencia.

* Medidas férreas para prohibir la especulación con los alimentos, como la prohibición de los mercados de futuros especulativos. En vez de estabilizar los precios, crean burbujas especulativas con precios ficticios.

* Poner fin al desmantelamiento de las políticas agrícolas como la PAC, impuesto entre otros por la OMC. Los países deberían tener el derecho a proteger sus propios mercados frente al dumping y defender su producción local. Los países con un potencial agrícola en términos de número de familias agrícolas y disponibilidad de tierra arable necesitan revivir sus producciones alimentarias para sus necesidades domésticas.

* Poner fin a la promoción de los agrocombustibles que están ejerciendo presión sobre los mercados alimentarios y expulsando a los campesinos de sus tierras.

* Poner fin a la apropiación de la tierra e implementar los compromisos adquiridos por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la FAO. Demandamos que el proceso de elaboración de la Directrices de la FAO sobre la gobernanza de la tierra y los bienes naturales tenga fuerte respaldo y que las Directrices ofrezcan un marco claro para proteger a los campesinos y las campesinas, los pequeños productores y las comunidades que trabajan la tierra y viven de ella, y para proteger los derechos de la tierra y ofrecer protección frente al acaparamiento de tierras.

Cita con la prensa:

Miércoles, 22 de junio juin à 12 horas, Picnic-acción «G20 Agricultura: No juega con nuestra comida!», Jardin des Tuileries côté place de la Concorde, près du musée de l’Orangerie

Contacto con los medios:

Josie Riffaud – móvil : +33613105291 (francés y inglés)

Javier Sánchez – Móvil: +34609359380 (español)

Miembros del Comité Internacional de Coordinación de La Vía Campesina.

Correo electrónico: viacampesina@viacampesina.org

Nuestro sitio web: www.viacampesina.org

 

15 de Junio de 2011

Semillas originarias y campesinas en resistencia

Sandra Trafilaf

Las organizaciones campesinas y pueblos originarios que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), Vía Campesina (VC) Chile, llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera y hacerle entrega de un pronunciamiento público en defensa de las Semillas nativas.

Recientemente, entre gallos y medianoche, el Parlamento chileno aprobó por mayoría el Convenio Unión internacional Para la Obtención de Vegetales (UPOV) 91, que en estos momentos se encuentra paralizado para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema, después de escuchar a los interesados en una audiencia pública. Frente a este panorama, conscientes que el Convenio UPOV 91 significa en la práctica vulnerar los conocimientos ancestrales y poner en riesgo la biodiversidad del territorio, las organizaciones campesinas y pueblos originarios, expresan su rechazo y demandan del Estado chileno, la protección a las semillas originarias y con ello el legitimo derecho a un alimentación sana.

 

 

La CLOC-VC-Chile que agrupa a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Ranquil, Asamblea Mapuche de Izquierda, Coordinadora de Estudiantes por la Agroecología (CEPA) y Marcha Mundial de Mujeres (MMM), representados por Florencia Aróstica, presidenta de Anamuri y Osvaldo Zúñiga, presidente la Confederación Ranquil, señalaron que el proyecto de ley, viene a privatizar los recursos genéticos y la biodiversidad nativa de Chile, ilegalizando con ello, prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es seleccionar, mejorar, obtener, guardad, multiplicar e intercambiar semillas libremente en cada cosecha.

El UPOV 91 es parte de un paquete contenido en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Chile firmó en el 2004. Dicho Convenio, otorga la propiedad sobre variedades de semillas, sin exigir pruebas de mejoramiento y con ello, crea las condiciones para la introducción y expansión de los cultivos transgénicos, que cómo ya ha sido denunciado por estudios científicos, provoca graves daños a la salud de los seres humanos. En estricto rigor, se han creado las bases para entregar todo nuestro patrimonio de semillas a transnacionales como Monsanto, una empresa que tiene el monopolio en todo el planeta.

Quién controle el monopolio, podrá definir qué tipo de semillas se usaran en el país, quiénes podrán tener el derecho del control de comercialización, importación o exportación del material de propagación. Del mismo modo, solo bastara la orden de un juez, para decomisar y/o embargar cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Como si esto fuera poco, una vez publicada la ley, tiene efecto retroactivo a través del Arto. 6 y sus disposiciones transitorias, de este modo cualquier campesino/a, o productor/a, que hubiese adquirido de forma “legal” una variedad de semilla, quedará a partir de la publicación de la Ley, sujeto a ser acusado/a de “porte, tenencia y transporte ilegal” de semillas.

Toda la pirotecnia que se utiliza para fundamentar los “beneficios” del Convenio UPOV 91, se basa en la introducción de tecnologías que no guardan relación directa con la Ley, aduciendo que se intenta crear las condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos, que de convertirse en una realidad, no solo tiene efectos graves en la salud pública, sino también afectan la producción de alimentos y las exportaciones agrícolas. Es decir, entre sumas y restas, el pueblo o como dicen ahora los postmodernos “el ciudadano de a pie” o el mundo campesino y las comunidades, siempre salen perdiendo.

El Convenio UPOV 91 fue aprobado por 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Alguien podría pensar que los parlamentarios no están al tanto de este grave atentado a nuestro patrimonio ancestral? a la violación de nuestro más elemental derecho al alimento? Y aun suponiendo que su ingenuidad no tiene límites ¿qué los lleva a abstenerse, como fue el caso de los señores Escalona, Letelier, Walker y Zaldívar, entre otros? Otro dato, hay que señalar al margen, que la abstención es lo mismo que votar a favor.

Este es el paisito en el que nos toca vivir, con parlamentarios que usan su escaño para figurar en los medios, sonreír a los empresarios y acatar las órdenes de un poder que ya no reside en “nuestra tan civilizada democracia a la chilena”. La Soberanía es un concepto que ya no se asocia con el territorio, con nuestras tradiciones, con nuestra diversidad cultural.

Por eso, campesinos/as y mapuche entregando papeletas con información de un Convenio que nadie tiene idea que ha sido aprobado, resulta casi una fotografía de postal turística. Ni siquiera los encargados del orden (carabineros) tenían muy claro que hacer frente al despliegue de carteles y de semillas que circundaban hoy el frontis del Palacio de La Moneda, sin embargo, ellos preocupados de la seguridad, atemorizaban a los/as manifestantes, con la llegada de violentos escolares que a esas horas se encadenaban en un Ministerio, exigiendo una educación gratuita, laica y de calidad para todos/as.

Las Semillas se declaran en resistencia y en lucha, los y las campesinas, junto a los pueblos originarios se han pronunciado una vez más “no aceptamos que privaticen la semillas, porque ellas son un producto social, cultural, histórico y en permanente evolución. Las Semillas son patrimonio de los pueblos y se han puesto históricamente al servicio de todos los chilenos, no permitiremos que hoy se conviertan en lucro de grandes monopolios nacionales o transnacionales. A resistir el despojo y continuar la lucha por la biodiversidad y la soberanía nacional”.

 

15 de Junio de 2011

La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año. “Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.

“Consultado el Ministerio de Salud de la Nación sobre la toxicidad del endosulfan, respondió que tiene propiedades carcinogénicas para los seres humanos”, fundamenta la Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo, que señala al endosulfan como responsable de alteraciones neurológicas, afección visual, efectos adversos sobre el sistema reproductivo masculino, los riñones y el hígado, entre otros efectos negativos. La Resolución recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfan como “altamente tóxico”.

Utilizado para combatir insectos en soja, alfalfa, algodón, girasol, lino, maíz, tabaco y hortalizas, posee una clasificación química de organoclorado, y actúa sobre insectos por contacto e ingestión, aunque con altas temperaturas puede actuar por inhalación. Es extremadamente tóxico para peces y de uso restringido en cercanías de cursos de agua, aunque (como con el resto de las fumigaciones) no existe control sobre su uso. En la Argentina está catalogado como producto muy peligroso.

“Se presenta una tendencia creciente en cuanto a la comercialización y utilización del endosulfan, y es el principal insecticida comercializado en la Argentina”, explica el investigador, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), Javier Souza Casadinho, y recuerda que ya fue prohibido en 74 países.

En base a datos de Casafe, un informe de Souza Casadinho precisa que en 1999 se comercializaron en Argentina 1,9 millones de litros. En 2003 trepó hasta 3,4 millones. Y en 2006 ascendió a 4,2 millones de litros. Casafe precisa que en 2010 se utilizaron 5,5 millones de litros.

Souza Casadinho afirma que el uso creciente del agrotóxico se debe al modelo agrícola vigente que conlleva “al incremento general de uso de plaguicidas”, y precisa: “La expansión del monocultivo de soja, en ausencia de una estrategia global para con el manejo de plagas, deriva en la utilización puntual de plaguicidas”. Y agrega que en la horticultura también se evidencia una mayor utilización de agrotóxicos.

El investigador alertó sobre el posible reemplazo del endosulfan por otros agrotóxicos con similares peligros sanitarios y cuestionamientos (clorpirifos, metamidofos, cipermetrina y lambdacialotrina, entre otros). Desde Rapal se promueve la alternativa agroecológica, con pruebas de efectividad y rendimiento en prácticas de campesinos y pequeños productores.

En abril pasado, la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP5) del Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas) decidió en plenario con la presencia de 127 países que el endosulfan sea incluido en la lista de “contaminantes orgánicos persistentes” y solicitó sea retirado del mercado en abril de 2012 por los “graves efectos” que produce en las personas.

El director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Juan Cruz Jaime, afirmó ayer que la institución es “respetuosa de los convenios internacionales”, pidió que “Argentina respete el cronograma que determina el Convenio” (establece abril de 2012 como fecha límite) y rechazó la prohibición inmediata que solicita la Defensoría del Pueblo.

Entre las empresas que producen o comercializan el endosulfan sobresalen Dupont, Nidera, Brometan, Chemotecnica, Chemplant, Nufarm, Ciagro y Magan, entre otras. Un jugador de peso era la multinacional Bayer, pero en agosto de 2009 anunció que retiraba el producto del mercado.

Por: Dario Aranda

Fuente: www.pagina12.com.ar

15 de Junio de 2011

En los últimos días fueron asesinados cinco líderes rurales en el Brasil. En el Pará mataron a Herenilton Pereira dos Santos y a la pareja de ambientalistas María do Espirito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva, del proyecto agroextractor Praialta-Piranheira.

Los tres vivían en el mismo asentamiento rural, en Nova Ipixuna. José Claudio tenía arrancada una oreja, lo que prueba que fue un asesinato por encargo. Es práctica habitual que el encargante exija al pistolero la oreja de la víctima como ‘recibo’ por el pago por el ‘servicio’ prestado.

En Rondonia asesinaron a Adelino Ramos, presidente del Movimiento Campesino Corumbiara. Y en Eldorado dos Carajás mataron a Marcos Gomes da Silva.

El gobierno federal tomó medidas para capturar a los encargantes y a los pistoleros y convocó una reunión ministerial de emergencia para analizar la relación de los crímenes con la reciente aprobación, por la Cámara de Diputados, del nuevo Código Forestal.

La ministra María del Rosario, de los Derechos Humanos, pasó a las autoridades del Pará denuncias de la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, que dan cuenta de 17 asesinatos sucedidos en el estado en los últimos años, sin que la policía paraense haya abierto ninguna investigación.

«El Pará es el lugar de mayor actividad de los grupos de exterminio hoy en el Brasil”, declaró la ministra de los Derechos Humanos. «Hay una gran impunidad. Y eso es incompatible con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.

Las cuatro víctimas lideraban luchas contra la deforestación de la Amazonía, causando la ira de madereros y latifundistas. El proyecto Praialta- Piranheira es un modelo de asentamiento sustentable de reforma agraria, adoptado por el Incra en la Amazonía. Su objetivo es asegurar el sustento de familias de pequeños agricultores sin devastar la selva.

Adelino Ramos, en Rondônia, lideraba el proyecto de asentamiento agroforestal. Los dos proyectos, según el Ministerio del Medio Ambiente, son obstáculos para la deforestación (que transforma la selva en pasto) y para la extracción ilegal de madera en la Amazonía.

El nuevo Código Forestal, según fue aprobado por los diputados federales, deberá sufrir modificaciones en el Senado, y sus cláusulas más nocivas serán, con toda seguridad, vetadas por la presidenta Dilma.

Al transferir a los estados y a los municipios el control de la deforestación y al amnistiar el agronegocio de fuertes multas aplicadas a crímenes de degradación ambiental, el nuevo Código da luz verde a la ocupación incontrolada de tierras y agrava las tensiones.

Tal como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, el nuevo Código retira la referencia a la ley de crímenes ambientales (Ley 9.605/98). En el art. 130, que exceptúa propiedades de hasta cuatro módulos fiscales de la obligatoriedad de mantener la Reserva Legal en los límites de la ley, permite la deforestación directa de 69.245.404 hectáreas de selvas vírgenes. Sólo en los estados del norte del Brasil, ese dispositivo causaría el despale de hasta 71 millones de hectáreas de selvas vírgenes.

Más que un Código Forestal, el Brasil necesita urgentemente una reforma agraria. Es lamentable que este tema esté ausente de la agenda del Congreso Nacional. Somos una nación de proporciones continentales, con recursos naturales inestimables e inigualables y sin embargo convivimos con la tragedia de cerca de 4 millones de familias expulsadas de sus tierras. ¡El 1 % de los propietarios rurales es dueño del 50 % del territorio brasileño!

La Comisión Pastoral de la Tierra, que acompaña los conflicto agrarios desde 1985, registra que, desde aquel año hasta el 2010, fueron asesinadas 1.580 personas en el campo. De los asesinos, sólo fueron juzgados y condenados 94: 21 encargantes y 73 ejecutores (pistoleros). Y de entre los encargantes solamente uno se encuentra preso, Vitalmiro Bastos de Moura, el Bida, responsable de la muerte de la hermana Dorothy Stang, baleada en el Pará el año 2005.

Actualmente la lista de amenazados incluye 1.855 personas. ¿Personajes de una crónica de las muertes anunciadas? Sí, si el gobierno no pone un basta ya a la nefasta estrategia amazónica de matar para deforestar.

Habrá más muertes por asesinato si la presidenta Dilma no toma precauciones enérgicas para calificar los asentamientos rurales, para impedir la deforestación y castigarla con rigor, así como cobrar las multas aplicadas, federalizar los crímenes contra los derechos humanos y, sobre todo, vetar el Código Forestal aprobado por los diputados federales y promover la reforma agraria.

Frei Betto es escritor, autor de «Diario de Fernando. En las cárceles de la dictadura militar brasileña”, entre otros libros. http://www.freibetto.org – twitter:@freibetto.

Fuente: ADITAL

 

 

Indígenas, ribeirinhos, camponeses, trabalhadores rurais e integrantes de movimentos sociais denunciam que estão sofrendo ameaças de morte por conta de sua atuação diante da luta contra Belo Monte.

As intimidações têm sido realizadas, inclusive contra comunidades, mas de maneira mais veemente contra as lideranças indígenas que encabeçam o movimento contra a construção da hidrelétrica, prevista para ser instalada na região da Volta Grande do Xingu, no Pará.

Com as ameaças recebidas, as lideranças estão encurraladas e nem mesmo podem sair de suas aldeias e comunidades. “Estou preso em minha própria aldeia”, fala um indígena. As investidas são decorrentes de uma situação conflituosa já existente na região, especialmente no que diz respeito aos povos indígenas e suas terras tradicionais. Situação que tem se agravado após a concessão da licença de instalação de Belo Monte pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 1º de junho.

Na área, vivem agricultores familiares, pescadores, extrativistas, comunidades tradicionais e povos indígenas, que há algum tempo já enfrentam uma situação fundiária delicada, na qual há ocupações não legalizadas, terras indígenas não demarcadas e/ou invadidas. As lideranças acreditam, contudo, que o conflito tende a se acirrar com a demarcação e desintrusão de terras indígenas, colocada como uma das condicionantes para a construção da hidrelétrica.

“A demarcação é um direito que nós temos, por isso não consideramos como uma compensação para a instalação de Belo Monte. É dever da Funai e do governo brasileiro garantir nossa terra e, principalmente, nossa permanência na área”, declara uma liderança. Colocada como uma condicionante, a questão tem intensificado ainda mais os conflitos entre colonos e posseiros que vivem nesses territórios e as comunidades indígenas.

Qualquer ação, entrevista ou fala contra a construção de Belo Monte já caracteriza a espera por uma ameaça. Lideranças relatam que recebem ligações com pessoas dizendo: ‘Tu vai morrer amanhã’. No entanto, eles reafirmam sua posição contrária a hidrelétrica, as condicionantes estabelecidas para construção da mesma – que são apenas medidas paliativas, e a postura autoritária e desrespeitosa dos órgãos governamentais, que apesar de todas as provas da inviabilidade técnica, econômica e social da hidrelétrica, emitiram parecer positivo e licença para instalação da obra.

Exemplos da ineficiência e impactos desastrosos desses grandes empreendimentos não faltam. Greve de trabalhadores, conflitos, ameaças e intimidações, perseguições e assassinatos são apenas alguns dos problemas enfrentados pelas comunidades que vivem próximo a essas obras. Não faltam ainda registros relativos ao aumento de casos de prostituição e exploração sexual, inclusive de menores, altas taxas de alcoolismo, criminalidade e violência, bem como desemprego, falta de infra-estrutura e dificuldades em acessar serviços básicos de saúde e educação.

A ocupação da usina hidrelétrica de Dardanelos, no município de Aripuanã, Mato Grosso, hoje pela manhã é mais um exemplo dos impactos e conflitos gerados pelas escolhas do governo federal em relação aos grandes empreendimentos, muitos dos quais, inclusive, que afetam diretamente diversas comunidades indígenas. Representantes do povo Arara e Cinta Larga estão no local, por tempo indeterminando, cobrando do governo que ele cumpra o que prometeu na época do licenciamento para construção da hidrelétrica.

Como em Belo Monte e demais obras em curso, o governo determinou que condicionantes fossem cumpridas para que a hidrelétrica de Dardanelos saísse do papel, o que não aconteceu. Na usina em questão, por exemplo, os indígenas lutam pela promessa de incentivo à piscicultura e assistência às aldeias, além de compensações financeiras e socioambientais devido ao impacto da construção da usina na região.

Em Belo Monte é a mesma promessa: melhoria na infra-estrutura, geração de emprego e aumento de renda, melhor qualidade de vida, construção de escolas e hospitais. Ledo engano. Em nenhuma obra já realizada isso aconteceu. Nas que estão em curso também não. Basta lembrar os conflitos passado em Rondônia com os trabalhadores da usina de Jirau.

Para Cleber Buzatto, secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Belo Monte não trará benefícios à população de Altamira e demais comunidades próximas ao empreendimento. “A construção dos grandes empreendimentos na Amazônia – que contam com a coordenação e o financiamento do governo brasileiro -, avaliza e potencializa a violação de direitos humanos, entre os quais ameaças e assassinatos de lideranças populares na região”.

Todas as denúncias, de acordo com as lideranças indígenas, foram encaminhadas à Fundação Nacional do Índio (Funai), ficando esta responsável por levar as ameaças ao conhecimento da Polícia Federal.

Fuente: CIMI