Autor: clocvc

15 de Junio de 2011

La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año. “Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.

“Consultado el Ministerio de Salud de la Nación sobre la toxicidad del endosulfan, respondió que tiene propiedades carcinogénicas para los seres humanos”, fundamenta la Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo, que señala al endosulfan como responsable de alteraciones neurológicas, afección visual, efectos adversos sobre el sistema reproductivo masculino, los riñones y el hígado, entre otros efectos negativos. La Resolución recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfan como “altamente tóxico”.

Utilizado para combatir insectos en soja, alfalfa, algodón, girasol, lino, maíz, tabaco y hortalizas, posee una clasificación química de organoclorado, y actúa sobre insectos por contacto e ingestión, aunque con altas temperaturas puede actuar por inhalación. Es extremadamente tóxico para peces y de uso restringido en cercanías de cursos de agua, aunque (como con el resto de las fumigaciones) no existe control sobre su uso. En la Argentina está catalogado como producto muy peligroso.

“Se presenta una tendencia creciente en cuanto a la comercialización y utilización del endosulfan, y es el principal insecticida comercializado en la Argentina”, explica el investigador, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), Javier Souza Casadinho, y recuerda que ya fue prohibido en 74 países.

En base a datos de Casafe, un informe de Souza Casadinho precisa que en 1999 se comercializaron en Argentina 1,9 millones de litros. En 2003 trepó hasta 3,4 millones. Y en 2006 ascendió a 4,2 millones de litros. Casafe precisa que en 2010 se utilizaron 5,5 millones de litros.

Souza Casadinho afirma que el uso creciente del agrotóxico se debe al modelo agrícola vigente que conlleva “al incremento general de uso de plaguicidas”, y precisa: “La expansión del monocultivo de soja, en ausencia de una estrategia global para con el manejo de plagas, deriva en la utilización puntual de plaguicidas”. Y agrega que en la horticultura también se evidencia una mayor utilización de agrotóxicos.

El investigador alertó sobre el posible reemplazo del endosulfan por otros agrotóxicos con similares peligros sanitarios y cuestionamientos (clorpirifos, metamidofos, cipermetrina y lambdacialotrina, entre otros). Desde Rapal se promueve la alternativa agroecológica, con pruebas de efectividad y rendimiento en prácticas de campesinos y pequeños productores.

En abril pasado, la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP5) del Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas) decidió en plenario con la presencia de 127 países que el endosulfan sea incluido en la lista de “contaminantes orgánicos persistentes” y solicitó sea retirado del mercado en abril de 2012 por los “graves efectos” que produce en las personas.

El director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Juan Cruz Jaime, afirmó ayer que la institución es “respetuosa de los convenios internacionales”, pidió que “Argentina respete el cronograma que determina el Convenio” (establece abril de 2012 como fecha límite) y rechazó la prohibición inmediata que solicita la Defensoría del Pueblo.

Entre las empresas que producen o comercializan el endosulfan sobresalen Dupont, Nidera, Brometan, Chemotecnica, Chemplant, Nufarm, Ciagro y Magan, entre otras. Un jugador de peso era la multinacional Bayer, pero en agosto de 2009 anunció que retiraba el producto del mercado.

Por: Dario Aranda

Fuente: www.pagina12.com.ar

15 de Junio de 2011

En los últimos días fueron asesinados cinco líderes rurales en el Brasil. En el Pará mataron a Herenilton Pereira dos Santos y a la pareja de ambientalistas María do Espirito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva, del proyecto agroextractor Praialta-Piranheira.

Los tres vivían en el mismo asentamiento rural, en Nova Ipixuna. José Claudio tenía arrancada una oreja, lo que prueba que fue un asesinato por encargo. Es práctica habitual que el encargante exija al pistolero la oreja de la víctima como ‘recibo’ por el pago por el ‘servicio’ prestado.

En Rondonia asesinaron a Adelino Ramos, presidente del Movimiento Campesino Corumbiara. Y en Eldorado dos Carajás mataron a Marcos Gomes da Silva.

El gobierno federal tomó medidas para capturar a los encargantes y a los pistoleros y convocó una reunión ministerial de emergencia para analizar la relación de los crímenes con la reciente aprobación, por la Cámara de Diputados, del nuevo Código Forestal.

La ministra María del Rosario, de los Derechos Humanos, pasó a las autoridades del Pará denuncias de la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, que dan cuenta de 17 asesinatos sucedidos en el estado en los últimos años, sin que la policía paraense haya abierto ninguna investigación.

«El Pará es el lugar de mayor actividad de los grupos de exterminio hoy en el Brasil”, declaró la ministra de los Derechos Humanos. «Hay una gran impunidad. Y eso es incompatible con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.

Las cuatro víctimas lideraban luchas contra la deforestación de la Amazonía, causando la ira de madereros y latifundistas. El proyecto Praialta- Piranheira es un modelo de asentamiento sustentable de reforma agraria, adoptado por el Incra en la Amazonía. Su objetivo es asegurar el sustento de familias de pequeños agricultores sin devastar la selva.

Adelino Ramos, en Rondônia, lideraba el proyecto de asentamiento agroforestal. Los dos proyectos, según el Ministerio del Medio Ambiente, son obstáculos para la deforestación (que transforma la selva en pasto) y para la extracción ilegal de madera en la Amazonía.

El nuevo Código Forestal, según fue aprobado por los diputados federales, deberá sufrir modificaciones en el Senado, y sus cláusulas más nocivas serán, con toda seguridad, vetadas por la presidenta Dilma.

Al transferir a los estados y a los municipios el control de la deforestación y al amnistiar el agronegocio de fuertes multas aplicadas a crímenes de degradación ambiental, el nuevo Código da luz verde a la ocupación incontrolada de tierras y agrava las tensiones.

Tal como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, el nuevo Código retira la referencia a la ley de crímenes ambientales (Ley 9.605/98). En el art. 130, que exceptúa propiedades de hasta cuatro módulos fiscales de la obligatoriedad de mantener la Reserva Legal en los límites de la ley, permite la deforestación directa de 69.245.404 hectáreas de selvas vírgenes. Sólo en los estados del norte del Brasil, ese dispositivo causaría el despale de hasta 71 millones de hectáreas de selvas vírgenes.

Más que un Código Forestal, el Brasil necesita urgentemente una reforma agraria. Es lamentable que este tema esté ausente de la agenda del Congreso Nacional. Somos una nación de proporciones continentales, con recursos naturales inestimables e inigualables y sin embargo convivimos con la tragedia de cerca de 4 millones de familias expulsadas de sus tierras. ¡El 1 % de los propietarios rurales es dueño del 50 % del territorio brasileño!

La Comisión Pastoral de la Tierra, que acompaña los conflicto agrarios desde 1985, registra que, desde aquel año hasta el 2010, fueron asesinadas 1.580 personas en el campo. De los asesinos, sólo fueron juzgados y condenados 94: 21 encargantes y 73 ejecutores (pistoleros). Y de entre los encargantes solamente uno se encuentra preso, Vitalmiro Bastos de Moura, el Bida, responsable de la muerte de la hermana Dorothy Stang, baleada en el Pará el año 2005.

Actualmente la lista de amenazados incluye 1.855 personas. ¿Personajes de una crónica de las muertes anunciadas? Sí, si el gobierno no pone un basta ya a la nefasta estrategia amazónica de matar para deforestar.

Habrá más muertes por asesinato si la presidenta Dilma no toma precauciones enérgicas para calificar los asentamientos rurales, para impedir la deforestación y castigarla con rigor, así como cobrar las multas aplicadas, federalizar los crímenes contra los derechos humanos y, sobre todo, vetar el Código Forestal aprobado por los diputados federales y promover la reforma agraria.

Frei Betto es escritor, autor de «Diario de Fernando. En las cárceles de la dictadura militar brasileña”, entre otros libros. http://www.freibetto.org – twitter:@freibetto.

Fuente: ADITAL

 

 

Indígenas, ribeirinhos, camponeses, trabalhadores rurais e integrantes de movimentos sociais denunciam que estão sofrendo ameaças de morte por conta de sua atuação diante da luta contra Belo Monte.

As intimidações têm sido realizadas, inclusive contra comunidades, mas de maneira mais veemente contra as lideranças indígenas que encabeçam o movimento contra a construção da hidrelétrica, prevista para ser instalada na região da Volta Grande do Xingu, no Pará.

Com as ameaças recebidas, as lideranças estão encurraladas e nem mesmo podem sair de suas aldeias e comunidades. “Estou preso em minha própria aldeia”, fala um indígena. As investidas são decorrentes de uma situação conflituosa já existente na região, especialmente no que diz respeito aos povos indígenas e suas terras tradicionais. Situação que tem se agravado após a concessão da licença de instalação de Belo Monte pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 1º de junho.

Na área, vivem agricultores familiares, pescadores, extrativistas, comunidades tradicionais e povos indígenas, que há algum tempo já enfrentam uma situação fundiária delicada, na qual há ocupações não legalizadas, terras indígenas não demarcadas e/ou invadidas. As lideranças acreditam, contudo, que o conflito tende a se acirrar com a demarcação e desintrusão de terras indígenas, colocada como uma das condicionantes para a construção da hidrelétrica.

“A demarcação é um direito que nós temos, por isso não consideramos como uma compensação para a instalação de Belo Monte. É dever da Funai e do governo brasileiro garantir nossa terra e, principalmente, nossa permanência na área”, declara uma liderança. Colocada como uma condicionante, a questão tem intensificado ainda mais os conflitos entre colonos e posseiros que vivem nesses territórios e as comunidades indígenas.

Qualquer ação, entrevista ou fala contra a construção de Belo Monte já caracteriza a espera por uma ameaça. Lideranças relatam que recebem ligações com pessoas dizendo: ‘Tu vai morrer amanhã’. No entanto, eles reafirmam sua posição contrária a hidrelétrica, as condicionantes estabelecidas para construção da mesma – que são apenas medidas paliativas, e a postura autoritária e desrespeitosa dos órgãos governamentais, que apesar de todas as provas da inviabilidade técnica, econômica e social da hidrelétrica, emitiram parecer positivo e licença para instalação da obra.

Exemplos da ineficiência e impactos desastrosos desses grandes empreendimentos não faltam. Greve de trabalhadores, conflitos, ameaças e intimidações, perseguições e assassinatos são apenas alguns dos problemas enfrentados pelas comunidades que vivem próximo a essas obras. Não faltam ainda registros relativos ao aumento de casos de prostituição e exploração sexual, inclusive de menores, altas taxas de alcoolismo, criminalidade e violência, bem como desemprego, falta de infra-estrutura e dificuldades em acessar serviços básicos de saúde e educação.

A ocupação da usina hidrelétrica de Dardanelos, no município de Aripuanã, Mato Grosso, hoje pela manhã é mais um exemplo dos impactos e conflitos gerados pelas escolhas do governo federal em relação aos grandes empreendimentos, muitos dos quais, inclusive, que afetam diretamente diversas comunidades indígenas. Representantes do povo Arara e Cinta Larga estão no local, por tempo indeterminando, cobrando do governo que ele cumpra o que prometeu na época do licenciamento para construção da hidrelétrica.

Como em Belo Monte e demais obras em curso, o governo determinou que condicionantes fossem cumpridas para que a hidrelétrica de Dardanelos saísse do papel, o que não aconteceu. Na usina em questão, por exemplo, os indígenas lutam pela promessa de incentivo à piscicultura e assistência às aldeias, além de compensações financeiras e socioambientais devido ao impacto da construção da usina na região.

Em Belo Monte é a mesma promessa: melhoria na infra-estrutura, geração de emprego e aumento de renda, melhor qualidade de vida, construção de escolas e hospitais. Ledo engano. Em nenhuma obra já realizada isso aconteceu. Nas que estão em curso também não. Basta lembrar os conflitos passado em Rondônia com os trabalhadores da usina de Jirau.

Para Cleber Buzatto, secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Belo Monte não trará benefícios à população de Altamira e demais comunidades próximas ao empreendimento. “A construção dos grandes empreendimentos na Amazônia – que contam com a coordenação e o financiamento do governo brasileiro -, avaliza e potencializa a violação de direitos humanos, entre os quais ameaças e assassinatos de lideranças populares na região”.

Todas as denúncias, de acordo com as lideranças indígenas, foram encaminhadas à Fundação Nacional do Índio (Funai), ficando esta responsável por levar as ameaças ao conhecimento da Polícia Federal.

Fuente: CIMI

 

 

15 de Junio de 2011

«Lo que hay realmente en el fondo de esta reforma es un modelo de agronegocio depredador de bosques, culturas, personas y pueblos, que exige beneficios enormes y a corto plazo, aunque para ello tenga que acabar con la naturaleza y las/los que viven en ella».

Desde que su familia perdió la pequeña finca en la que vivía a finales de los 70, Janaina Stronzake ha crecido en las movilizaciones por la ocupación de tierras y las luchas campesinas. Actualmente forma parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST) brasileño, donde desempeña responsabilidades en materia de formación, genero y cultura. Según la dirigente de la MST, que estuvo recientemente en Valencia para participar en el I Seminario contra el expolio de los pueblos, “el gran capital transnacional de sectores como el agronegocio, la banca o los fabricantes de armas se encuentran detrás de la reforma del Código Forestal brasileño”.

-El Congreso acaba de aprobar el cambio del Código Forestal, después de 45 años y en un contexto de creciente deforestación de la Amazonia. ¿Cómo valoras esta reforma y el conflicto que se plantea aparentemente entre agricultura y protección de los bosques?

Lo que hay realmente en el fondo de esta reforma es un modelo de agronegocio depredador de bosques, culturas, personas y pueblos, que exige beneficios enormes y a corto plazo, aunque para ello tenga que acabar con la naturaleza y las/los que viven en ella. La agricultura practicada por los campesinos, las formas de vida de los pueblos indígenas y la supervivencia de las comunidades que viven décadas en los bosques dependen del equilibrio y la salud de la naturaleza. Si finalmente la presidenta y el Senado aprueban el Código Forestal, supondrá un franco retroceso para todos.

-¿Cuál es la posición del MST y Vía Campesina ante el nuevo Código?

Entendemos que la propuesta atiende a los intereses de las empresas transnacionales y de los terratenientes, y va en contra del bienestar de la población de Latinoamérica y del mundo pues la depredación de los ecosistemas tiene un impacto global. A los que participamos en las luchas, campesinos y campesinas, indígenas, aquéllos que viven de la recolección o de la pesca a pequeña escala aspiramos a mantener la superficie forestal y los ecosistemas pues nuestra vida depende del equilibrio ambiental.

-El nuevo Código Forestal incluye una amnistía para propietarios que ocupan tierras ilegalmente en la actualidad

La amnistía para los acaparadores de tierra es un vergüenza pues se beneficia directamente a los terratenientes, es decir, aquéllos que tienen poder económico y paramilitar para desplazar a las comunidades que ocupaban las tierras anteriormente. Tal como ha sido aprobado el Código por la Cámara de diputados, se absuelve a los que han cometido delitos de deforestación y, por otra parte, disminuyen las exigencias para la preservación de los bosques autóctonos.

-¿Quién se encuentra detrás de estas reformas?

Sin duda, el capital transnacional. Las grandes empresas, como Monsanto, Bunge, Nestle, Cargill y ADM, entre otras. La reforma beneficia a empresas que se dedican a sectores muy diferentes, como el agronegocio, la banca o los fabricantes de armas. Se trata de cambios que insisten en el principio de mercantilizar cada vez más la naturaleza y esto es algo que interesa al capital en su conjunto. Contra estos intereses, hemos de alzarnos las personas que en el mundo pretendemos comer alimentos sanos, beber agua limpia y respirar.

El pasado 1 de junio el gobierno brasileño dio el visto bueno a la Macropresa de Belo Monte en plena Amazonia. ¿Qué alcance tiene esta actuación y cuáles serán sus principales repercusiones?

La infraestructura de Belo Monte es parte de una serie de inversiones capitaneadas por EEUU y otros gobiernos, cuyos beneficiarios son en todo caso las empresas transnacionales. Esta macropresa en concreto, y otras más, van inundar extensas áreas de Amazonia donde viven poblaciones autóctonas que serán forzadas a desplazarse. La pregunta es, en plena crisis, ¿Dónde van estas personas? ¿Cómo van a conservar su cultura y su identidad? ¿Quién consumirá la energía generada en estas presas? ¿Qué ocurrirá con los bosques, las miles de hectáreas que quedarán sumergidos en las aguas de la presa? Y otro problema muy importante, el impacto sobre la biodiversidad.

-Entretanto, continúa la represión contra las organizaciones sociales que se enfrentan a este modelo de desarrollo, el último caso, el asesinato de dos sindicalistas campesinos en El Pará. ¿En qué clima actúa el movimiento de oposición al neoliberalismo?

El capital tiene dinero, tiene armas, tiene prensa, tiene puestos en la judicatura y asientos en el congreso. El día que asesinaron a la pareja de campesinos, en Pará, la bancada ruralista en el parlamento abucheó al oír el informe del asesinato, que se cometió unas horas antes. Una actitud totalmente indecente. Una semana después, otro campesino fue asesinado. El listado de personas amenazadas es largo, casi todas y todos sindicalistas, del MST o indígenas. El capital, en definitiva, sigue usando las mismas armas de siempre: cooptación, deslegitimación, criminalización, amenazas, torturas y asesinatos.

-¿Qué relaciones mantiene, en términos generales, el MST con el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Lula, antes, y ahora el de Dilma Roussef?

Entre los principios del MST está la autonomía. Y la ejercemos frente a todos los gobiernos, inclusive Lula y Dilma. La única relación que mantenemos con los presidentes es exigir que se cumpla la ley: Reforma Agraria, educación, salud, trabajo, viviendas y soberanía.

-En Brasil más de 16 millones de personas viven con menos de 30 euros al mes. ¿Qué repercusión tienen planes como la “Bolsa Familia” de Lula o “Brasil Sin Miseria” de Dilma Roussef?

Como ya hemos sufrido hambre, sabemos el valor de tener un mínimo de alimento en la mesa. La dignidad humana también está hecha de comida. Si un gobierno tiene un plan de emergencia que consiste en sacar a la población del hambre, y apuesta por la soberanía alimentaria va por el buen camino. El problema en Brasil es que, al tiempo que estos programas atienden a cerca de 32 millones de personas (12 millones de familias con menos de 30 euros al mes) extiende las riquezas a las transnacionales. Estructuralmente, la riqueza en Brasil sigue se concentrando en pocas manos y aumentan las desigualdades entre ricos y pobres.

-Recientemente resaltaste en Valencia la importancia del Agronegocio en la economía brasileña. ¿Qué sectores productivos lo integran y qué grupos sociales lo controlan?

El agronegocio es importante para mantener esas desigualdades de las que hablamos y para que se siga produciendo una acumulación privada de la riqueza que pertenece al pueblo. La Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG) está formada por todas las transnacionales del agronegocio, más la banca y multinacional, las grandes empresas de comunicación, e incluso PricewaterhouseCoopers, la segunda mayor firma de servicios profesionales del mundo. El agronegocio intenta, en resumen, controlar todas las ramas de la economía, cerrar la cadena productiva y construir monopolios.

-¿Cómo se organiza y lucha el MST contra el Agronegocio?

Nuestra principal trinchera es cumplir la misión del campesinado: producir comida sana y abundante para todo el mundo. El agronegocio tiene dinero, armas, periódicos, diputados y jueces. Nosotras y nosotros tenemos a nosotras y nosotros mismos, nuestras ganas, nuestra certeza, y la seguridad de una propuesta justa y democrática. Con estos principios, organizamos ocupaciones de tierras, marchas, huelgas de hambre, ocupaciones de edificios públicos, escuelas, cooperativas, huertos medicinales, y otras muchas acciones más. Buscamos conquistar la tierra, construir una reforma agraria popular y, junto a las trabajadoras/es de las ciudades, llegar a una transformación social profunda.

-Pero se trata de una lucha muy desigual

Nosotros tenemos ventaja sobre el agronegocio. No tienen capacidad de producir alimento sano para el mundo, y su modo de producir es incompatible con la preservación de la naturaleza. Pero, a pesar de ello, nos mantenemos firmes y buscamos armar a toda la clase trabajadora en ese espíritu revolucionario.

-Brasil es, junto con Rusia, India y China, uno de los grandes países emergentes y la potencia hegemónica en América Latina. ¿Es esto una realidad o se trata de un gigante con “pies de barro”?

Tanto los países BRIC como cualquier otra ‘potencia’ que se alce, va tener pies de barro si no socializa la riqueza y si adopta políticas de exterminio natural y social. Tu pregunta es una realidad. Se trata de países con peso en el firmamento mundial que, sin embargo, cuentan con pies de barro porque la carrera armamentista, la destrucción de la naturaleza y la sumisión al capital transnacional son el camino de un crecimiento insostenible.

-Por último, el país se ha apuntado también a la ola de grandes eventos con la organización del Mundial de Fútbol de 2014. ¿Qué representa este acontecimiento en un país plagado de contradicciones y necesidades?

Representa más de lo mismo. Nos van distraer mientras pagamos la cuenta, sea con nuestro trabajo, sea con nuestras vidas. Un evento deportivo no debería ser esto pero, en el capitalismo, lo importante es que todo genere beneficios.

Fuente: www.biodiversidadla.org

 

14 de Junio de 2011

Durante semanas, dirigentes de base de sindicatos temporales y de empresa, relacionados con la producción del vino en Chile, mantuvieron una intenso debate en conjunto con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, para consensuar una posición frente a los Monopolios nórdicos del alcohol que reúne a cinco países, e ntre ellos Suecia y Finlandia y que por estos días se encuentran de visita en Chile para iniciar relaciones comerciales con los importadores de vinos.

A través de grupos activistas de defensa de derechos laborales en Suecia, como Solidaridad con América Latina (SAL) el frente de asalariadas de la agroexportación de ANAMURI, se informó de la venida de estos importantes monopolios nórdicos, entre ellos los representantes del Estado sueco, y se acordó agregar en su agenda una reunión, a la que asistieron sindicatos de trabajadores de empresa de Curicó, Casablanca y entre otros, que se concretó el 7 de junio recién pasado.

A dicho encuentro asistieron las organizaciones que integran la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina Chile, el Sindicato Sikhula Sonke, de Sudáfrica, el Sindicato de Trabajadores de Systembolagen, de Suecia, trabajadores del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MCNI), Sindicatos de trabajadores de Casablanca, Villa Alemana y Curicó (estos últimos enfrentan en estos momentos una serie de despidos injustificados) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Diego Portales, que se coordinaron con la Confederación Ranquil y ANAMURI.

Las y los trabajadores de empresas que producen el vino en Chile, relataron a la delegación de los cinco Monopolios (Suecia, Finlandia, Islas Faroe, Islandia y Noruega), las condiciones laborales que predomina en dichas empresas, el representante del sindicato de Viñamontes, de Curicó, señaló “nuestra empresa tiene el 96% de la exportación a los cinco continentes, tienen un margen de ganancias que aumenta cada año, sin embargo no se respetan las leyes laborales, ni los derechos sindicales, hemos tenido hostigamiento constante de parte de los mandos medios de la empresa. Mi preocupación es que los monopolios exijan el cumplimiento de la normativa mínima y que no solo consideren la elaboración del producto, sino los costos ocultos que ese producto tendrá al llegar a sus mercados”

Por su parte la representante del Sindicato de Villa Alemana, les hizo entrega de una copia del último contrato de trabajo, donde queda claramente establecida en una de las clausulas, el impedimento de negociar colectivamente, en su intervención la dirigente agrega “Lo que se viola con este contrato, aparte de impedirnos negociar, es que no aperece la distribución horaria, que está establecido en el código laboral. Como sindicato hemos sfurdo la persecución, cuando trabajé en la viña Concha y Toro, saqué varias fotos y videos sobre las condiciones de trabajo, no teníamos comedor, ni agua y por eso me despidieron”.

Las organizaciones de trabajadores en el encuentro con los Monopolios hicieron recomendaciones y alcances al código de conducta que pretenden implementar en nuestro país, llamado Business Social Compliance Initiative, BSCI, sabiendo que los vinos chilenos como argentinos tienen una alta demanda especialmente en Suecia, consideran necesario la presencia y la participación activa de los trabajadores agrícolas y sus organizaciones en la evaluación que los monopolios consideran realizar de este intercambio comercial con los importadores de vino.

Estos monopolios estatales, han adoptado un código de conducta vinculados a la cooperación empresarial europea, que no consideran la participación y la voz de los/as trabajadores, en cuyos términos, carece de credibilidad planteado de acuerdo al plan que traen los distintos estados.

Por ello instan a la delegación nórdica a escuchar las demandas de los sindicatos y las organizaciones, y que en el proceso de la auditoria, esté presente también la evaluación por parte de los trabajadores, ya que solo se le preguntará a las distintas empresas involucradas con el monopolio a contestar si han cumplido con las normativas. En esta misma línea, se pide que todos los involucrados en el proceso, reciban capacitación sobre el código y la legislación laboral de Chile.

También pidieron al monopolio, exigir que tanto hombres como mujeres tengan un trato digno, y que el contrato de trabajo sea parte de los requerimientos, y que sea una obligación de las empresas y los subcontratistas, y que la producción sea de forma armoniosa con el medio ambiente y las personas.

Para los y las dirigentes es una necesidad que los monopolios tomen una mayor responsabilidad sobre las condiciones de trabajo que imperan en los viñedos, consideran que la población de esos países deberían conocer e informarse sobre las condiciones en las que están negociando sus respectivos estados, la compra de vinos para poner en sus mercados.

Sandra Trafilaf

 

 

Alto al derramamiento de sangre campesina en el bajo Aguan

El pasado 9 de Junio del 2011 el movimiento campesino hondureño aglutinado en la vía campesina y La Alianza por la Soberanía Alimentaria y La Reforma Agraria (SARA) y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en un acto de solidaridad con las y los campesinos del Aguan realizaron una gran movilización en Tegucigalpa , la actividad comenzó en la universidad pedagógica y luego se trasladaron hasta casa presidencial y posteriormente concluyó en horas del medio día en el Congreso Nacional .

Las y los campesinos manifestaron el repudio al terror y la sangre que se está imponiendo a las y los campesinos del aguan por parte de los terratenientes extranjeros, al mismo tiempo denunciaron y condenaron enérgicamente el asesinato de tres compañeros campesinos del Bajo Aguan ocurrido el pasado domingo 5 de Junio del presente año a las 11:00 de la mañana.

 

Las y los campesinos denunciaron que con la masacre de estos tres compañeros suman ya 43 campesinos asesinados en el aguan ;actualmente hay al menos 6 campesinos desaparecidos en esa zona , según testigos estos campesinos han sido secuestrados por guardias de seguridad de los terratenientes Miguel Facussé(árabe), René Morales (Nicaragüense) y Reynaldo Canales(Salvadoreño ) .

Por tanto el movimiento campesino demanda:

1- El desarme de los grupos armados y sicarios al mando de terratenientes instalados en el valle del aguan.

2- Exigen la expropiación de las tierras del bajo Aguan, estas deberán ser entregadas a las y los campesinos de esa zona, que están sacrificando sus vidas por el derecho a la tierra.

3- Solicitan la intervención de organismos defensores de derecho humanos internacionales en la zona del aguan, así como también que se instale una oficina de la plataforma de Derechos Humanos para que vigilen lo que esta pasando en esa región

4- al gobierno de la república una pronta repuesta a este conflicto agrario cuya causa inmediata es la tierra.

5- Exigen la aprobación de una nueva ley de transformación agraria integral.

6- Demandan el respeto absoluto a los derechos humanos especialmente de las yl os campesinos que están siendo perseguidos y asesinados en el marco del reciente acuerdo de Cartagena de indias firmado por Porfirio Lobo Sosa.

7- Invitan a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales que visibilicen y denuncien estos hechos de barbarie y violencia permanente que se están dando en el aguan.

8- Denuncian la represión y persecución que viven nuestros campesinos y campesinas hondureños y en todo el mundo por la lucha incesante de sus legítimos derechos.

9- Finalmente el movimiento campesino hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional y especialmente a los movimientos sociales nacionales e internacionales a solidarizarse con las y los campesinos del aguan y a exigir que se detenga el baño de sangre campesina y el terror, el llamado es a preservar la vida de nuestros campesinos y campesinas y que no que imponga el terror.

PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL

SANGRE DE MARTIRES, SEMILLA DE LIBERTAD

Comunicaciones La Vía Campesina Honduras

 

Buenos Aires, 10 de junio 2011.

En los últimos días se ha sucedido en la Argentina el libramiento de órdenes judiciales de detención y allanamiento contra una docena de miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina en una nueva oleada de criminalización de la protesta social y la lucha por tierra para alimentar a los pueblos y no para el agronegocio.

Según ha informado el equipo legal del Movimiento, en el juzgado criminal 4to turno de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, se libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos., autodenominados propietarios del campo La Flor, en el departamento Alberdi. Las justificaciones para librar dicha orden son: asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra. Los compañeros y compañeras emplazados son Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo y Gustavo Carrizo, entre otros.

Se trata de una ofensiva que no resulta novedosa para el MOCASE que lleva dos décadas de lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos campesinos y por la distribución de la tierra en esa provincia argentina y que por ende ha sufrido la presecusión y represión contra sus miembros.

Lastimosamente, los mecanismos jurídicos han sido empleados como forma de acallar y desvirtuar la lucha de las comunidades y organizaciones en Argentina y en la región latinoamericana y caribeña en su totalidad, como lo hemos comprobado los integrantes de Amigos de la Tierra venidos de diez países reunidos en esta ciudad para nuestra Asamblea Anual.

Desde esta, nuestra máxima instancia de decisión regional, ATALC manifiesta la solidaridad con los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena afectados directamente por las órdenes de allanamiento y detención.

Al tiempo que difundiremos a través de nuestros grupos de base y el conjunto de las redes en las que participamos a nivel nacional, regional y global esta situación, cosechando mayor solidaridad con los compañeros y compañeras, reclamamos la anulación de las órdenes de allanamiento de sus viviendas y detención de sus personas, por improcedentes.

Reclamamos asimismo el inmediato cese del acoso de que son víctimas los luchadores y las luchadoras del MOCASE y el MNCI desde los tribunales judiciales a instancias de las empresas y terratenientes movidos por el objetivo de ampliar su dominio de los bienes naturales y maximizar sus ganancias.

Esta Asamblea ha ratificado el compromiso de nuestra Federación y grupos de base como un todo para la visibilización y censura a los procesos de criminalización de la resistencia de los pueblos, en lo urbano y rural, contra el avance del capital sobre sus derechos y bienes naturales.

Como hemos podido comprobar a través de testimonios de compañeros del MNCI que nos han acompañado en esta instancia de encuentro, la criminalización de su organización no se encuentra desligada del fenómeno de acaparamiento de tierras que ha vulnerado los derechos de estados y comunidades en todo el Planeta y que incluso ha sido objeto de preocupación desde la Organización de Naciones Unidas.

Instamos finalmente a otras redes amigas a manifestar su solidaridad y acompañamiento a las compañeras y compañeros y las organizaciones involucradas.

Grupos de base de Amigos de la Tierra de Argentina, Brasil, El Salvador, México, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Guatemala.

 

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO, se dirige a la opinión pública Nacional e Internacional con el propósito de manifestar su RECHAZO Y CONDENA a las acciones de persecución y señalamiento de que vienen siendo objeto los principales dirigentes y líderes del Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MOCASE de la República de Argentina.

Nos hemos enterado de las órdenes de allanamiento y judicialización contra los dirigentes DEOLINDA CARRIZO, ANGEL STRAPAZZON, RENÉ SANTILLAN, JAVIER SANTILLAN, RAFAEL MARTÍN GALVAN, GUSTAVO CARRIZO y varios compañeros más.

Estamos seguros que esta ola de persecución y señalamiento está relacionada con montajes hechos en complicidad entre las autoridades judiciales y latifundistas al servicio de los grandes agronegocios.

Desde Colombia hacemos extensiva nuestra voz de solidaridad con los miembros del MOCASE, a la vez que solicitamos al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ordenar de inmediato el cese de toda persecución contra los líderes del MOCASE y a garantizar el libre derecho de Asociación y Organización.

“NUESTRAS VOCES SE MULTIPLICAN EN LA UNIDAD”

COMITÉ EJECUTIVO

 

 

 

A Coordenação Latino Americana de Organizações do Campo, CLOC- Via Campesina, referente histórico de luta e resistência, denuncia a repressão e a criminalização da luta social que se aprofunda na Argentina e no resto do continente.Frente à ordem de prisão e mandatos de busca e apreensão contra 12 trabalhadores e trabalhadoras do Movimento Nacional Camponês Indígena da Argentina (MNCI), todos os movimentos da CLOC- Via Campesina expressam sua solidariedade, ao mesmo tempo que manifestam seu repúdio a estes atos de criminalização das lutas sociais.

Acreditamos no direito legítimo dos povos a lutar pelo direito à terra, à água e à soberania alimentar e resistir contra os interesses do capital transnacional e do agronegócio. Não podemos permitir que o ilegal hoje se converta em legal, permitindo que políticas de Estado ocultem através de uma aparente legalidade, a violação continua dos direitos dos povos. A perseguição e a criminalização não podem ser fundamentado com leis.

 

Na presente conjuntura, identificamos três razões para o crescimento desmedido da criminalização na América Latina:

1. A consolidação de governos progressistas, com tendências de esquerda, modificou sensivelmente o tabuleiro geopolítico regional em um sentido contrário aos interesses imperialistas.

2. Os movimentos sociais estão ativos. São verdadeiros atores políticos representativos da classe trabalhadora;

3. A classe dominante teme a organização e a luta política, criando mecanismos para frear os avanços da classe trabalhadora e conter as lutas sociais.

Neste sentido, a CLOC- Via Campesina compromete-se a seguir denunciando as práticas criminosas que hoje se confrontam contra os povos originários, camponeses, afrodescendentes e os movimentos sociais, tal como consta nas pronúncias de nosso V Congresso realizado em Quito, Equador, em outubro do ano passado.

As Organizações sociais de todo o Continente organizadas na CLOC- Via Campesina:

– Exigimos o fim da judicialização e criminalização do protesto social e castigo aos que constroem falsas provas e acusações infundadas contra o MNCI.

– Denunciamos a repressão e perseguição que vive os povos organizados em todo mundo pela luta incessante por seus legítimos direitos.

– Confirmamos a necessidade de fortalecer espaços e processos de unidade tanto a nível local e continental.

– Convidamos os meios de comunicação aliados em todo mundo, que visibilizem e denunciem estes fatos.

Finalmente, fazemos um chamado a todas nossas organizações, amigos e aliados para que se somem a esta pronúncia de solidariedade, denúncia e resistência à estratégia de criminalização do capital, que busca se posicionar na agenda política e no debate público contra a luta social. Paremos esta enérgica campanha satanização dos atores e lutas sociais.

“Podem encarcerar alguns, mas na luta do povo não há grades que a detenham”

 

 

 

 

 

8 de junho de 2011

Por Maria Mello e Vinicius Mansur

de Brasília (DF)

Do Brasil de Fato

“A mentalidade dos brasileiros é melhor do que a do Congresso que votou esse projeto. Devemos sair daqui para ir além da agenda de conversas com líderes, partidos e com a presidenta Dilma Rousseff, para cumprir a agenda ‘um milhão contra a devastação’. Se juntarmos esse número, o governo se sentirá respaldado para ter política. O que aconteceu no Egito, temos de fazer em defesa da sustentabilidade”. As palavras da ex-senadora Marina Silva deram o tom do lançamento do Comitê Brasil em defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, na manhã desta terça-feira (7), na sede nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

O Comitê reúne um raro leque de entidades como a OAB, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Via Campesina Brasil. Também fazem parte o Movimento Humanos Direitos, Movimento Amazônia para Sempre e a aliança de ONGs SOS Florestas.

Para João Paulo Rodrigues, da Via Campesina Brasil, este é um momento de enfrentamento ao setor mais reacionário do país, que combina o latifúndio atrasado e o agronegócio. “Acreditamos em um outro modelo de agricultura, não apenas baseado no produtivismo, mas em que as terras sejam lugar para viver. Acreditamos que esse momento é crucial porque a aprovação do código trará consequências gravíssimas não só para nossa geração, mas para as futuras. Temos de alterar o rumo e para isso queremos considerar o enfrentamento nas ruas”, defendeu. Rodrigues informou que a entidade promoverá, ainda este ano, em Brasília, um acampamento nacional por tempo indeterminado. “O povo na rua é que vai fazer a diferença. Estaremos com nossas foices afiadas contra o latifúndio improdutivo”, concluiu.

Além das entidades da sociedade civil, estiveram presentes no lançamento do Comitê autoridades políticas e os atores Letícia Sabatella, Victor Fasano e Christiane Torloni.

A coordenação do comitê já saiu do lançamento com tarefas: agendar audiências com a Presidenta Dilma Rousseff, com a presidência do Senado e as lideranças dos partidos que tem representação nessa casa. Também está prevista a criação de comitês estaduais.

Abaixo, o manifesto que cria o comitê.

Manifesto em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável do Brasil

Por que tanta polêmica em torno da manutenção do que resta das nossas florestas? Será possível que ambientalistas, cientistas, empresários, representantes de comunidades, movimentos sociais e tantos cidadãos e cidadãs manifestem sua indignação diante do texto do Código Florestal, aprovado pela Câmara dos Deputados, apenas por um suposto radicalismo ou desejo de conflito sem cabimento? Será justo afirmar que os defensores das florestas não levam em conta as pessoas e suas necessidades de produzir e consumir alimentos? Do que se trata, afinal? O que importa para todos os brasileiros?

Importa, em primeiro lugar, esclarecer a grande confusão sob a qual se criam tantas desinformações: não está se fazendo a defesa pura e simples das florestas. Elas são parte dos sonhos de um país com mais saúde, menos injustiça, no qual a qualidade de vida de todos seja um critério levado em conta. Um Brasil no qual os mais pobres não sejam relegados a lugares destruídos, perigosos e insalubres. No qual a natureza seja respeitada para que continue sendo a nossa principal fonte de vida e não a mensageira de nossas doenças e de catástrofes.

A Constituição Brasileira afirma com enorme clareza esses ideais, no seu artigo 225, quando estabelece que o meio ambiente saudável e equilibrado é um direito da coletividade e todos – Poder Público e sociedade – têm o dever de defendê-lo para seu próprio usufruto e para as futuras gerações.

Esse é o princípio fundamental sob ataque agora no Congresso Nacional, com a aprovação do projeto de lei que altera o Código Florestal. 23 anos após a vigência de nossa Constituição quer-se abrir mão de suas conquistas e provocar enorme retrocesso.

Há décadas se fala que o destino do Brasil é ser potência mundial. E muitos ainda não perceberam que o grande trunfo do Brasil para chegar a ser potência é a sua condição ambiental diferenciada, nesses tempos em que o aquecimento global leva a previsões sombrias e em que o acesso à água transforma-se numa necessidade mais estratégica do que a posse de petróleo. Água depende de florestas. Temos o direito de destruí-las ainda mais? A qualidade do solo, para produzir alimentos, depende das florestas. Elas também são fundamentais para o equilíbrio climático, objetivo de todas as nações do planeta. Sua retirada irresponsável está ainda no centro das causas de desastres ocorridos em áreas de risco, que tantas mortes têm causado, no Brasil e no

mundo.

Tudo o que aqui foi dito pode ser resumido numa frase: vamos usar, sim, nossos recursos naturais, mas de maneira sustentável. Ou seja, com o conhecimento, os cuidados e as técnicas que evitam sua destruição pura e simples.

É mais do que hora de o País atualizar sua visão de desenvolvimento para incorporar essa atitude e essa visão sustentável em todas as suas dimensões. Tal como a Constituição reconhece a manutenção das florestas como parte do projeto nacional de desenvolvimento, cabe ao poder público e nós, cidadãos brasileiros, garantir que isso aconteça.

Devemos aproveitar a discussão do Código Florestal para avançar na construção do desenvolvimento sustentável. Para isso, é de extrema importância que o Senado e o governo federal ouçam a sociedade brasileira e jamais esqueçam que seus mandatos contêm, na origem, compromisso democrático inalienável de respeitar e dialogar com a

sociedade para construir nossos caminhos.

O Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, criado pelas instituições abaixo assinadas, convoca a sociedade brasileira a se unir a esse desafio, contribuindo para a promoção do debate e a apresentação de propostas, de modo que o Senado tenha a seu alcance elementos para aprovar uma lei à altura do Brasil.