Larry Lohmann*
Pregunten a cualquiera cuáles son las exportaciones mexicanas más famosas en estos días y es probable que la respuesta venga envuelta en una sonrisa sardónica y una mirada señalando al norte: gente y drogas.Hoy este país tiene un nuevo producto de exportación. No es tan conocido, pero no es un legado menos sombrío del neoliberalismo y del hábito de los países del norte de descargar sus problemas en el sur global: los derechos de contaminación.
De 2006 a la fecha, México ha estado enviando derechos de contaminación a países como el Reino Unido, Suiza, España, Francia, Japón y Holanda. Las empresas que compran los derechos –productoras de energía como Iberdrola o Electrabel, por ejemplo, o fabricantes de cemento como Cemex– se ven eximidas de la obligación legal de reducir sus emisiones de bióxido de carbono que les imponen las leyes europeas y japonesas referentes al clima. Como los derechos de contaminación en México se venden baratos, esas empresas ahorran millones y pueden retrasar por años las medidas contra el calentamiento global.
Los derechos de contaminación de México son también una mercancía de gran venta en los mercados financieros. Bancos privados como BNP Paribas y Credit Suisse, junto con intermediarios y comercializadores como Cargill, AgCert y Gazprom Marketing & Trading, los compran para especular y venderlos a terceros. ¿Y por qué no? Los precios son volátiles y se puede ganar mucho dinero. Y si el mercado global de derechos de contaminación por gases de efecto invernadero se vuelve tan grande como algunos prevén –billones de dólares–, nadie en Wall Street u otros centros financieros puede darse el lujo de quedar fuera.
¿Cómo funciona este comercio? La idea es simple: si según las leyes europeas o japonesas se tienen que reducir las emisiones de gases, y si los países industrializados no quieren pagar los costos que ello implica, ¿por qué no hacer reducciones donde es más barato, en países como China o México? Entonces las industrias de esos países pueden ganar dinero vendiendo las reducciones al norte.
¿Quién se beneficia en México? Bueno, si se tiene una industria sucia, habrá muchas emisiones por reducir y se puede ganar mucho dinero. No es sorprendente, pues, que más de dos docenas de gigantescas granjas porcícolas operadas por Granjas Carroll de México, subsidiaria de la estadunidense Smithfield Farms, obtengan ingresos extras capturando y quemando el metano que despide el excremento de cerdos. Y como el metano es un gas de efecto invernadero mucho más peligroso que el dióxido de carbono, quemar una sola tonelada de él en Puebla o Veracruz significa que se pueden vender derechos para emitir 20 toneladas de CO2 en Europa.
Si un empresario produce una sustancia que es un gas de efecto invernadero aún más potente, tanto él como los consultores que contrate en Estados Unidos, Europa o Japón pueden ganar todavía más dinero. Ahí está Quimobásicos de Nuevo León, el mayor exportador mexicano de derechos de contaminación. Con sólo destruir unos cuantos miles de toneladas de un gas llamado HFC-23, que se obtiene como producto secundario, Quimobásicos se dispone a vender derechos de contaminación por más de 30 millones de toneladas de bióxido de carbono a Goldman Sachs, EcoSecurities y la generadora japonesa de energía eléctrica J-Power. El costo para la empresa es de unos tres pesos por tonelada de CO2 equivalente, el cual, a precios actuales, puede vender por arriba de 200 pesos la tonelada.
Poca sorpresa es entonces que un montón de empresas y países en todo el mundo intenten calcular qué niveles de suciedad alcanzan, a modo de ganar dinero limpiando. Tampoco sorprende que el mercado de emisiones de efecto invernadero no beneficie a quienes en realidad cuidan el ambiente. Comunidades que llevan estilos de vida bajos en carbón, o que luchan por impedir la instalación de empresas contaminantes o industrias extractivas en sus regiones, sencillamente no son lo bastante sucias para obtener dinero de este comercio. Tampoco tienen dinero para aceitar las ruedas de los organismos reguladores y contratar a los caros consultores que se requieren para abrirse paso en este nuevo mercado.
En realidad, el mercado de los derechos de contaminación hace daño a esas comunidades. En el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, muchas comunidades indígenas han cedido por poco dinero sus tierras a desarrolladores de granjas eólicas de España y México, sin darse cuenta de que esas empresas ganarán millones de dólares no sólo de la generación eléctrica, sino también del uso o la venta de derechos de contaminación en Europa.
¿Qué papel tiene en todo esto la próxima cumbre climática de la ONU en Cancún? No es de esperarse que muchos de los gobiernos participantes hagan llamados a terminar con este destructivo comercio. Después de todo, la ONU ayudó a crear este mercado en 1997 en Kyoto, y muchas personas lucran con él.
De hecho, Cancún podría empeorar las cosas, al permitir a los gobiernos vender en el mercado de la contaminación el carbón de sus bosques nativos. Tal acción podría disparar lo que una red de pueblos indígenas llama potencialmente la mayor apropiación de tierras en la historia.
Con tanto en juego, las varias caravanas y otras protestas que convergirán en Cancún en diciembre se vuelven más importantes que nunca. Sigan en contacto.
Traducción: Jorge Anaya
*Larry Lohmann trabaja con The Corner House, organización de solidaridad y desarrollo con sede en el Reino Unido, y ayudó a editar el libro El mercado de emisiones: cómo funciona y por qué fracasa
Comunicado de Prensa19 de noviembre 2010
La delegación de Bolivia encabezada por la Viceministra de Medio Ambiente y Biodiversidad, Cynthia Silva, ante la II Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de la OEA, realizada del 17 al 19 de noviembre de 2010, no suscribió la “Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Americas” porque dicho documento promueve la valoración monetaria y el desarrollo de mercados de carbono. La Viceministra expresó que “no se puede ni debe valorar en términos monetarios a los servicios que presta la naturaleza y menos desarrollar un mercado alrededor de los mismos.
”En visión de la delegación de Bolivia “Los servicios ambientales que prestan los glaciares de los Andes no tienen precio. La selva Amazónica no es la sumatoria de una serie de servicios ambientales que se pueden aislar y sumar luego en una factura.” Para Bolivia “es esta visión que considera a la Madre Tierra una cosa, a la que se le puede poner precio, la que ha llevado a la humanidad a romper el equilibrio con la naturaleza
” Según la Viceministra “la naturaleza y sus diferentes funciones o servicios no son mercancías a las cuales se puede regular a través de las leyes del mercado de la oferta y la demanda. Nosotros no compartimos las soluciones de mercado de carbono porque lejos de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generarán tarde o temprano un sistema especulativo que desencadenará una nueva burbuja financiera.
A través de estos mecanismos de mercado de carbono se transfiere la obligación de reducción de gases de efecto invernadero de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, y en los hechos constituyen mecanismos de financiamiento de los países en desarrollo a los países desarrollados.”“El Estado Plurinacional de Bolivia cree firmemente que escuchando la voz de nuestros pueblos podremos avanzar en el camino de recuperar el equilibrio con nuestra Madre Tierra”, concluyó la jefe de delegación.
Silvia Ribeiro*
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre sesionará en Cancún la decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16). La crisis climática es grave y lo que hay en juego en el mundo real es mucho.Pese a esto, los gobiernos más poderosos –que son los más contaminantes y cargan con la mayor deuda climática–, con la colaboración de los anfitriones, decidieron de antemano que Cancún será sólo una parada, donde no habrá fracasos, porque no intentan un nuevo acuerdo global.
Esta declaración de unos pocos, funciona como profecía auto-cumplida, ya que las decisiones se toman por consenso. Otra vez, como hicieron en Copenhague, se proponen secuestrar todo esta Convención de Naciones Unidas, para lograr lo que quieren sus trasnacionales, aunque la crisis climática empeore.Que no haya acuerdo global, vinculante, de reducciones reales de emisiones –no a través de soluciones falsas como mercados de carbono o nuevas tecnologías– facilita que sigan cabalgando en el espurio Entendimiento de Copenhague, que no es parte de Naciones Unidas y cuyos compromisos voluntarios llevarían a un aumento de la temperatura de 3-4 grados en promedio, un escenario de catástrofe premeditada para muchos países del Sur.
Pero sí hay algunos temas –de enorme relevancia por sus nefastas consecuencias– sobre los que la mafia climática quiere lograr acuerdos en Cancún. Los principales son: la privatización del aire, a través de la privatización de facto de los bosques en todo el planeta con los programas REDD+; la creación de un mecanismo financiero que podría significar instaurar una nueva era de Programas de Ajuste Climático (parafraseando los Programas de Ajuste Estructural del FMI y Banco Mundial); y la creación de un Comité de Tecnologías para el cambio climático, tema opaco que puede cobijar la promoción de tecnologías muy dañinas, como cultivos transgénicos, geoingeniería y otras aventuras tecnológicas con fuertes impactos ambientales y sociales, además de funcionar como agencia de protección de patentes de las trasnacionales.
Tambien hay propuestas para incluir suelos y agricultura en mercados de carbono, un nuevo ataque contra la agricultura campesina, esencial para alimentar el mundo y para enfriar el planeta.Lo más grave en la COP 16 es el intento de mundializar los programas REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques), que es uno de los mayores asaltos globales a los bienes comunes de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. REDD+, como explico en artículos anteriores, es una moneda que con una cara premia a los grandes deforestadores (si dejan en pie un rídiculo 10 por ciento de lo que talan) y con la otra, compra comunidades forestales, como pago por servicios ambientales de absorción de carbono en sus bosques.
Aunque conserven su título de propiedad, REDD significa una expropiación de los territorios, porque los pueblos ya no pueden decidir sobre ellos. (Ver Ana de Ita, REDD y pueblos indígenas, La Jornada)Programas de servicios ambientales forestales ya existían en varios países. Hay historia de comunidades despojadas de sus territorios a partir de éstos. Pero los bosques no son aceptados dentro de la Convención de Cambio Climático como válidos para generar certificados de reducción o bonos de carbono, porque es imposible medir con exactitud cuánto CO2 realmente disminuyen.
Lo que se pretende en la COP 16 es que a través de los programas REDD+, se validen globalmente los bosques como generadores de bonos de carbono. Si esto se aprueba, se colocan todos los bosques del mundo como cotos de caza para los especuladores.Es un banquete para un mercado deprimido por la crisis financiera: lo que se paga a las comunidades es una mínima fracción del valor de reventa de esos derechos de absorción de carbono a otras empresas y especuladores. Las empresas más sucias, las que generan más gases de efecto invernadero, con REDD+ pueden seguir contaminando, justificarse alegando que hay bosques que están absorbiendo sus emisiones, y aumentar sus ganancias con la reventa de bonos.
El problema para este negocio es que los bosques están habitados, en todo el mundo, por comunidades indígenas. Por eso, las empresas, junto a ONG conservacionistas y gobiernos, se han ensañado en vender REDD como beneficio y reconocimiento a las comunidades forestales, cuando en realidad es un despojo a gran escala.Sin duda, las comunidades indígenas y campesinas tienen un rol fundamental para equilibrar el clima. Justamente por eso no pueden quedar a merced del mercado especulativo de las trasnacionales o de la beneficencia de ONG. Deben ser apoyadas y reconocidas en la integralidad de sus derechos, no en transacciones comerciales ni como cartas en el juego de políticos y ONG. Hablar de REDD sin intervención del mercado o con derechos indígenas, como tratan de maniobrar algunos para justificar su involucramiento, es también una trampa.
Si se trata de derechos, no pueden ser programas, ni condicionados a certificación externa ni en mecanismos diseñados para el mercado, como es REDD.Finalmente, la cereza envenenada del pastel: En REDD+ la medición de carbono se hará con una combinación de tecnología satelital y de infrarrojos, y levantamientos minuciosos en terreno (geopiratería de avanzada). Además de alienarles el territorio, permite vigilar como nunca antes a los indígenas. No sorprende que el gobierno de Chiapas firmara con Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, para avanzar programas REDD+ en la Selva Lacandona, donde siguen resistiendo las comunidades zapatistas.
*Investigadora del grupo ETC
www.etcgroup.org
Miles de Cancún por la Justicia Climática!Los movimientos sociales de todo el mundo se están movilizando para la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se llevará a cabo en Cancún del 29 noviembre al 10 diciembre de 2010.
Miles de mujeres y hombres, personas afectadas por la destrucción del medio ambiente, agricultores, campesinos sin tierra, pueblos indígenas y activistas de todos los sectores sociales, se reunirán en Cancún para proponer miles de soluciones para enfrentar el cambio climático. Ellos manifestarán a los líderes mundiales su oposición a las falsas soluciones al caos climático que se discuten en la CMNUCC, como las propuestas de mercado para el comercio de carbono y REDD, los agrocombustibles y la geoingeniería.
Mientras tanto y haciéndonos eco de la convocatoria de La Via Campesina a los Miles de Cancún, hacemos un llamamiento a los movimientos sociales, organizaciones populares y todos los pueblos del mundo a ampliar la resistencia en Cancún y en diversas partes del mundo, organizando miles de protestas y acciones en rechazo a las falsas soluciones y en apoyo a la agenda de los pueblos para la justicia climática. Nos declaramos en movilización permanente durante la conferencia de la CMNUCC, especialmente el 7 de diciembre, fecha de la protesta masiva de los agricultores en Cancún y del Día Internacional de Acción “Miles de Cancún”.
Esté donde esté, únase a nosotros!
Las movilizaciones pueden tener variadas formas: acciones directas, fiestas, ferias, festivales, debates o exposiciones… Ellas pueden suceder en cualquier ciudad, pueblo, escuela o comunidad.
Yakarta, el 12 de noviembre 2010. Las delegadas y los delegados de La Via Campesina que asistieron a la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) en Nagoya del 19 al 29 de octubre de 2010 lamentan que la conferencia no lograra alcanzar una decisión radical para parar la comercialización y destrucción en masa de la biodiversidad. A pesar de las decisiones positivas para imponer una moratoria en la geoingeniería y para conservar la moratoria de la tecnología Terminator, la conferencia no logró tomar las medidas decisivas necesarias para parar la pérdida de biodiversidad que amenaza nuestra supervivencia.
La Via Campesina celebra la moratoria en la geoingeniería puesto que se considera a esta tecnología una propuesta falsa y perjudicial para revertir el cambio climático. No cuenta con el potencial, tal y como se ha afirmado, para reducir la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al contrario, modificar la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera de esta manera probablemente tendrá efectos devastadores en la biodiversidad. Animamos a los delegados y delegadas de las próximas negociaciones sobre cambio climático COP16 de Cancún para finales de este año a que apoyen la moratoria impuesta en Nagoya.
Sin embargo, a pesar de estos pasos positivos, el CBD no logró rechazar varias iniciativas que amenazan en la actualidad la biodiversidad en nombre de la nueva «economía ecológica». La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), que promociona la comercialización de la biodiversidad al asignarle un valor económico, vivió una gran oposición por parte de algunas delegaciones como Bolivia. No obstante, a pesar de que algunas propuestas específicas no se adoptaron, el CBD decidió seguir desarrollando los aspectos económicos de los servicios del ecosistema al crear el TEEB. El CBD busca incluso una cooperación en este asunto con otras organizaciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial; un desarrollo muy negativo al que La Via Campesina se opone férreamente.
Es más, en Nagoya, los gobiernos de Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América prometieron dar apoyo a los costes operativos del REDD+ (la reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques), negociado en COP15. Este mecanismo permite que los países desarrollados sigan contaminando al pagar a los países en desarrollo para que capturen carbono en proyectos como las plantaciones monocultivo. Las iniciativas del REDD+, que los movimientos de agricultores rechazan abiertamente, componen la tendencia a la «apropiación de tierras» en el sur del globo, que expulsa a los agricultores de sus tierras por el interés de los agronegocios.
Según Guy Kastler de La Via Campesina «En Nagoya vimos claramente que el consentimiento previo de las comunidades ante los acuerdos de acceso y participación en los beneficios (ABS por sus siglas en inglés) no funcionará porque los tenedores de las patentes rechazan divulgar las fuentes de sus «invenciones». A las poblaciones locales les resulta imposible reclamar cualesquiera beneficios por las plantas y los conocimientos que han cultivado durante siglos. Está claro que se precisan otros mecanismos».
El objetivo de Aichi, que se propuso en Nagoya como medio para limitar la pérdida de biodiversidad en las áreas protegidas, dista mucho de ser satisfactorio. La creación de las áreas protegidas se ha usado en el pasado para desahuciar a los agricultores y la población indígena de sus tierras cuando son precisamente ellos los que defienden la diversidad en primer lugar.
La delegación de La Via Campesina observó durante la COP10 del CBD que la organización no reconocía claramente el papel de los pequeños agricultores y la población indígena como principales defensores de la biodiversidad. Los intereses de las empresas transnacionales, que pudieron financiar un elevado número de grupos de presión, se han acomodado mucho más que los derechos de estos defensores inherentes de la biodiversidad global. Mientras que varios gobiernos occidentales enviaron a grupos de presión de las empresas transnacionales para negociar en su nombre, no enviaron ni tan siquiera a una persona indígena o un agricultor. El gobierno francés, por ejemplo, incluyó en su delegación oficial a representantes de la industria de las semillas mientras que la delegación brasileña incluyó a grupos de presión de la industria petrolífera.
Coleen Ross, del Sindicato Nacional de Agricultores de Canadá, afirmó lo siguiente: «La biodiversidad es vida. Allá donde se destruya la biodiversidad, la vida humana estará en peligro. Las soluciones a largo plazo ante la dramática pérdida de biodiversidad estarán, en última instancia, en las manos de los pequeños agricultores y la población indígena y no en la comercialización de la biodiversidad que es la que la destruyó en primer lugar». Por tanto, es crucial que se rechacen todas las soluciones de mercado y se reconozca y apoye a la agricultura sostenible de las explotaciones agrícolas familiares y a la población indígena para mantener la biodiversidad global.
Ayer en horas de la tarde culminó el Foro Internacional Debate sobre la tierra en la región andina, espacio convocado la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN y Coordinadora Nacional Campesina, CNC-Eloy Alfaro, organizaciones que forman parte de CLOC-Ecuador. Entre los temas tratados están la Situación de la tenencia de la tierra en la Región Andina, Temas claves para una nueva legislación sobre la tierra y la memoria histórica de la lucha campesina, afro e indígena por tierra y territorio.
Luis Andrango, Secretario Operativo de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-Vía Campesina aplaudió la generación de espacios de discusión y construcción como este que enriquecen el debate sobre la tierra en el país y en la región. Asimismo, retomo las palabras del presidente Rafael Correa, quien en su discurso de inauguración del V Congreso de la CLOC, afirmó que su gobierno está decidido a llevar a cabo la más radical revolución agraria a fin de entregar la tierra a quienes la trabaja, es hora de concentrar los compromisos concluyó Andrango.
Para la CLOC-Vía Campesina la redistribución de la tierra es urgente y necesaria, pero pasa por definir qué modelo de desarrollo agrario necesitamos en la región, por precisar los límites a la extensión de la propiedad de la tierra, priorizar los derechos de las y los campesinos, afros e indígenas, por afirmar el rol de los estados controlando el mercado de tierras y por hacer tangible la Soberanía Alimentaria.
Por otro lado, en este Foro Internacional que duró dos días participaron distintas organizaciones sociales, ong´s, colectivos e instancias gubernamentales. El actual Ministro de Agricultura del Ecuador, Ramón Espinel, en su ponencia sobre Políticas públicas sobre la Tierra habló sobre dos proyectos de desarrollo agrario en disputa, por un lado el modelo de agricultura extensiva, intensiva en capital, basada en el monocultivo que expulsa la mano de obra campesina. Por otro lado mencionó el modelo campesino basado en pequeñas parcelas, intensivo en tierra, que aplica un cultivo variado libre de tóxicos y que crea mejores condiciones para las familias campesinas. Antes de concluir su ponencia, hizo un llamado a una movilización permanente de las organizaciones para que las demandas de las y los campesinos se concreten en leyes, cerró su ponencia afirmando “solo el pueblo, salvará al pueblo”.
Entre las principales acciones generadas en este espacio de debate están:
Que las organizaciones sociales de Ecuador se sumen a las acciones y movilizaciones mundiales del:
– 7 de diciembre en el marco de la Cumbre Climática de Cancún donde la consiga será “la agricultura campesina enfría el planeta”.
– 17 de Abril Día de la Lucha Campesina
– 16 de Octubre Día de la Soberanía Alimentaria
Finalmente, se comprometieron a apoyar la Campaña Mundial por una Reforma Agraria Integral impulsada por la CLOC- Vía Campesina.
Más de mil mujeres y hombres, campesinos, indígenas, gente urbana y rural afectada por la destrucción social y ambiental están planificando marchar en 5 caravanas hacia Cancún, México, protestando la indolencia de los países dominantes y los capitalistas del mundo que se reunirán para la conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 29 de noviembre al 10 de diciembre, 2010.
Las caravanas co-organizadas por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el movimiento internacional campesino La Vía Campesina y por una convergencia de diversos movimientos sociales de Estados Unidos, Canadá y México partirán de San Luís Potosí, Guadalajara y Acapulco, juntándose con otros movimientos rurales, urbanos y estudiantiles en la Ciudad de México el 30 de noviembre para una protesta masiva por la justicia ambiental y social. Dos caravans más saldrán de Oaxaca y Chiapas, todas convergiendo en Cancún el 3 de diciembre para la inauguración del Campamento Campesino e Indígena organizado por La Vía Campesina. Las trayectorias de las caravanas visibilizarán las luchas locales contra las injusticias sociales y ambientales mientras la comunidad global se reúne para las negociaciones climáticas en Cancún. Denunciarán la apatía generalizada con respecto a los escándalos socio-ambientales actuales, tanto como la manipulación del gobierno mexicano para implementar mega-proyectos para “Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)” los cuales realmente devastan comunidades y el medio ambiente. Esto es el caso de las grandes granjas industriales de cerdos como Smithfield, la producción de agrocombustibles para aviones, la “semi-remediación” de basureros al aire libre, grandes hidro-represas y nuevas extensiones de transgénicos. En solidaridad con este movimiento contra la avaricia corporativa en el nombre del “cambio climático”, productores de La Vía Campesina de todo el mundo y otros activistas se juntarán con las caravanas. Según Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina, “lideres de Asia también marcharán con la gente afectada de México y Norteamérica. En mi país Indonesia, hay cientos y hasta miles de luchas del pueblo, a nivel local, contra proyectos comerciales destruyendo el sustento de la gente y el medio ambiente.”Josie Riffaud, una líder campesina de La Vía Campesina de Francia también insistió que “las soluciones que se están discutiendo en las negociaciones climáticas son muy espantosas. Nos están diciendo que algunos proyectos ayudarán resolver el actual caos climático, pero es una ilusión. Estamos viendo un aumento en las plantaciones monocultivos, la ingeniería genética, plantaciones de agrocombustibles, acaparamiento de tierras, todo esto aumentará la devastación y exclusión.”
En Cancún, La Vía Campesina y sus aliados organizarán un “Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social”, del 4 al 10 de diciembre, y una movilización masiva de campesinos, indígenas y movimientos sociales el 7 de diciembre. Al mismo tiempo, en Cancún y por todo el mundo, miles de personas y organizaciones movilizarán creando “Miles de Cancún” para denunciar las falsas soluciones al cambio climático y promover un cambio verdadero del sistema.
Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro.
Por Darío Aranda
Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas.
El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en los antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).
“Declárese la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares”, detalla el primer artículo del proyecto de ley, consensuada –además del Fonaf– por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI–Vía Campesina), Frente Nacional Campesino (FNC), Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.
El proyecto de ley solicita la suspensión de desalojos durante cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. También innova al proponer la tierra como un bien social, y no como una mercancía en busca de rentabilidad. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que acabe con la inseguridad jurídica que viven las familias ancestrales y que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra y créditos.
“Entendemos la tierra como un bien social para el trabajo comunitario y la agricultura familiar, y no como renta. La tierra para reproducir la vida y preservar la diversidad, como sustento de la soberanía alimentaria, con uso sustentable de recursos naturales”, explicó el MNCI.
Argentina es visto como un alumno modelo en el mercado de agronegocios mundial. En 1997 se cosecharon en el país 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivada del país. Consecuencia directa, según relevamientos de las organizaciones, 300 mil familias expulsadas de sus territorios ancestrales y con destino a los barrios empobrecidos de las grandes ciudades.
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y, en base a estudios oficiales, revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
El proyecto de ley, que comienza desde hoy a ser girado a todos los senadores y diputados, cuenta con seis artículos, extensa fundamentación y abre la puerta a un histórico reclamo de campesinos, siempre negado por grandes propietarios: revisar títulos de propiedad de dudosa procedencia y, para quienes fueron desalojados, la inmediata devolución de sus tierras. La fundamentación del proyecto de ley también refiere al “uso comunitario de las tierras recuperadas por la lucha de las organizaciones”.
Miriam Bruno, del Fonaf, confirmó que las organizaciones que comienzan a articular están lejos de conformarse con las tierras que tienen, y que van por las aptas y necesarias para mantener la vida en el campo. “Tenemos diversidad de miradas entre las organizaciones, pero también los mismos enemigos, como las cuatro patronales de la Mesa de Enlace. Entonces vamos por más, por ejemplo, planes de colonización, la vuelta a los territorios de campesinos, indígenas, colonos, chacareros”, adelantó.
La fundamentación destaca que los desalojos son producto, además del modelo extractivo, de la especulación inmobiliaria, empresas turísticas, la concentración y extranjerización de tierras, y la concentración económica. Recuerdan el rol del Poder Judicial como “brazo ejecutor para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores familiares, campesinos e indígenas”, sin tener en cuenta el Código Civil, ni pactos internacionales.
“El desalojo vulnera derechos humanos básicos, en convivencia con el Poder Judicial y político, terratenientes y abogados. Los Estados deben diseñar políticas para evitar estas prácticas”, exigen las organizaciones. Y recuerdan, como ejemplo de incumplimiento, la ley 26.160, de suspensión de desalojos indígenas y relevamiento catastral de territorios. Las exigencias al Estado son concretas: ordenamiento territorial, impulso concreto de la agricultura familiar, financiamiento al sector, mensuras y reforma agraria integral.
Críticas a un proyecto de la FAA
Las organizaciones que consensuaron el proyecto de ley no son las únicas del sector rural de Argentina, pero sí son referentes en la construcción de un modelo en los antípodas de la Mesa de Enlace. Con históricos matices en cuanto a proyectos políticos y formas de construcción, es la primera vez que acuerdan e impulsan una acción conjunta para las 200 mil familias campesinas. Algunas organizaciones adhieren plenamente al kirchnerismo, otras experimentan un acercamiento y apoyo crítico, y todas descreen del giro que intenta dar Federación Agraria.
“Fueron vagón de cola de la Mesa de Enlace, de lo más retrógrado del campo, golpistas, ahora (Eduardo) Buzzi quiere hablar de desalojos y de pequeños productores. No le cree nadie, es parte del modelo sojero. Perdió hace años las banderas de la lucha del pueblo”, denunció Martín Goizueta, de la Mesa de Productores de Buenos Aires. La crítica apunta a que hoy, en el Congreso, Federación Agraria presenta un proyecto para frenar desalojos, aunque sin apoyo de las organizaciones que históricamente enfrentan topadoras y padecen el avance de la soja, en buena parte de la mano de la Mesa de Enlace.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) también apuntó a Federación Agraria: “A Buzzi no le importan los campesinos, incluso hay muchos casos de integrantes de FAA que desalojaron a nuestros compañeros. Son parte de las patronales del campo, socios de las transnacionales del agro”.
Goizueta destacó que el proyecto de ley para frenar desalojos es resultado del “reencontrarse” de muchas organizaciones campesinas que privilegiaron el enemigo en común (“el modelo agropecuario”). Reconoció diferencias, “diversidad”, y aclaró que el desafío es lograr la articulación del sector campesino “para instalar y desarrollar un modelo rural con justicia social”.
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¡Miles de soluciones del pueblo ante el cambio climático!
¡Miles de parcelas campesinas para enfriar el planeta!
¡Miles de Cancún por la justicia climática!
La Vía Campesina invita a los movimientos sociales a movilizarse en el mundo Los movimientos sociales de todo el mundo se están movilizando para la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que se celebrará en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. La COP 15 en Copenhague demostró la incapacitad de los gobiernos para enfrentarse a las causas reales del caos climático.
En el último momento, los EE.UU. presionaron para aprobar de forma antidemocrática el llamado «Entendimiento de Copenhague», en un intento por alejar el debate de los compromisos de Kioto de Naciones Unidas y favorecer soluciones voluntarias con base en el libre mercado. Las negociaciones climáticas parecen cada vez más un gran mercado. Los países industrializados, históricamente responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, están inventando todos los trucos posibles para evitar reducirlas. Por ejemplo, el «Mecanismo para un Desarrollo Limpio» (MDL) del protocolo de Kioto permite a los países seguir contaminando y consumiendo como de costumbre, al mismo tiempo que pagan a los países del Sur global para abrir nuevas plantaciones agrícolas que se consideran «sumideros de carbono». En este mercado climático global, las empresas transnacionales están intentando embolsarse el máximo dinero posible, vendiendo tecnologías destructivas enmascaradas tras la mentira de que pueden solucionar la crisis climática, como los agrocombustibles genéticamente modificados bajo el pretexto de reducir el consumo de combustibles fósiles.
Por ejemplo, desde la elección de Obama, Monsanto ha gastado millones presionando al Congreso para la legislación sobre cambio climático. La mayor empresa de semillas en el mundo arguye que los monocultivos de su soja Roundup Ready pueden calificar para los créditos de carbono puesto que contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero en el suelo. Las comunidades que viven donde hay monocultivos de soja pueden atestiguar los efectos de devastación de dichos monocultivos en su entorno y sus vidas. Por último, muchos gobiernos de los países del Sur, atraídos también por las nuevas oportunidades financieras, tienden a aprovechar esta bonanza en vez de cambiar a nuevos modos de producción y consumo que serían de utilidad para su población. Por ejemplo, dar apoyo a la agricultura sostenible de los campesinos sería mucho más benéfico para la sociedad y el medio ambiente que fomentar las plantaciones de monocultivos.
La mayoría de los países no se toman muy en serio la negociación de políticas que puedan revertir la crisis climática, en vez de eso, están negociando por cuánto tiempo más podrán seguir escapando sin hacer nada puesto que simplemente quieren seguir con sus “negocios como siempre”. Exigimos la aplicación de las miles de soluciones de los pueblos ante la crisis climática Ya es hora de que la CMNUCC se embarque en políticas firmes para contribuir a solucionar el caos climático. Es preciso que los países se comprometan firme y vinculantemente para reducir de forma radical las emisiones de gases y cambiar por completo su modo de producción y consumo. Las soluciones existen. Más de 35,000 personas se reunieron en abril en Cochabamba en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra para esbozar una nueva visión para salvar al planeta y a su gente. La puesta en marcha de este plan y las miles de soluciones del pueblo llevarían a un profundo cambio en el sistema de hacer ganancias que ha creado la crisis actual.
Exigimos a la CMNUCC que adopte las demandas del Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba y que rechace todas las soluciones falsas que se estén cocinando. Entre ellas: Defender los derechos de la tierra y el bosque: Rechazamos la iniciativa REDD + (reducción de las emisiones por deforestación y degradación). Tenemos que poner punto final a la tala de árboles industrial y proteger los bosques. La protección de los bosques y la reforestación de los bosques degradados es una obligación de todos los gobiernos. Prácticamente, los bosques sólo pueden manejarse bien si se encuentran bajo el control de comunidades indígenas y campesinas. Es por ello que los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y de los campesinos deberían reconocerse explícitamente en cualquier acuerdo climático. Los países deben proteger sus bosques no porque reciban financiación para ello, sino porque es vital para su propio territorio. De ningún modo debería servir de excusa para evitar a otros países y corporaciones reducir sus emisiones de carbono, ni para despojar del control de sus territorios a las comunidades indígenas y campesinas. Rechazar la geoingeniería: propuestas a gran escala para alterar deliberadamente el clima, por ejemplo mediante el establecimiento de monocultivos de plantaciones forestales de árboles transgénicos para producir industrialmente biochar (carbón vegetal), con el fin de devolverlo al suelo para la captura y el almacenamiento de carbono; o plantando cultivos y árboles modificados genéticamente para lograr un supuesto incremento de la reflectividad y la resistencia a las sequías, el calor y la sal.
Rechazar todos los esquemas de comercio de carbono y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): el comercio de carbono ha probado ser extremadamente lucrativo en términos de generación de ganancias para los inversionistas, sin embargo ha fallado rotundamente en la reducción de gases de efecto invernadero. En el «mercado de carbono» recientemente inventado, el precio del carbono continúa cayendo en picada, lo cual fomenta aún más la contaminación. Todos los emisores de carbono deberían reducir localmente sus emisiones en vez de comerciar con sus derechos a contaminar. Rechazar cualquier participación del Banco Mundial en la gestión de los fondos climáticos cuya existencia pretende compensar la deuda climática histórica del Norte frente al Sur. Ofrecemos miles y miles de parcelas campesinas para enfriar el planeta Los campesinos y los pequeños productores familiares en todo el mundo no han esperado a las negociaciones climáticas para ofrecer alternativas reales a las actuales crisis alimentaria, social y ambiental. Si la agricultura industrial es uno de los grandes culpables de la crisis climática, la agricultura sostenible a pequeña escala y los mercados locales pueden contribuir a largo plazo a estabilizar las temperaturas del mundo. La investigación muestra que podríamos reducir las emisiones globales actuales al 75% al recuperar la materia orgánica del suelo, sustituir la producción industrial de carne por una producción diversificada a pequeña escala, expandir los mercados locales y parar la deforestación. La producción alimentaria sostenible local se sirve de menos energía, elimina la dependencia de piensos animales importados y retiene el carbono en el suelo, al mismo tiempo que incrementa la biodiversidad.
Las semillas autóctonas se adaptan más fácilmente a los cambios de clima que ya nos están afectando. Cuando los huracanes azotaron América Latina, observamos que la agricultura campesina diversificada resistió mucho mejor que las plantaciones de monocultivo, que se destruyeron por completo. La agricultura campesina diversificada y de pequeña escala es mucho más resistente a inundaciones, desprendimientos de tierra, plagas y sequías de larga duración. No hay ninguna necesidad de nuevas semillas «climate ready» modificadas genéticamente. La agricultura familiar no sólo contribuye positivamente al equilibro del carbono del planeta, sino que crea también 2,800 millones de puestos de trabajo, para hombres y mujeres en todo el mundo, y es el mejor modo de luchar contra el hambre, la desnutrición y la crisis alimentaria actual. Si se permite el acceso a la tierra, el agua, la educación y la sanidad a los campesinos, y éstos reciben apoyo en la políticas de soberanía alimentaria (1) seguirán alimentando al mundo y protegiendo el planeta. ¡Únete a nosotros en los miles de Cancún! La Vía Campesina montará un campo de cultivos en Cancún que representarán a todos los campesinos y agricultores familiares del mundo, ecológicos, diversificados y de pequeña escala que ya están enfriando la tierra.
Todos los movimientos y simpatizantes están invitados a unirse a nosotros en los seminarios, protestas y foros, y a presentar las soluciones de toda la otra gente a la crisis climática. (véase el programa a continuación) También están invitados todos los movimientos del mundo para organizar miles de protestas o eventos que rechacen las soluciones de mercado y que defiendan un «cambio de sistema y no de clima», en cualquier momento a partir del 12 de octubre, Día de Acción Global por la Justicia Climática, y hasta el 10 de diciembre; fecha en la que terminan las negociaciones. Se pondrá especial atención en el 7 de diciembre, para apoyar la marcha de los campesinos e indígenas en Cancún. Las movilizaciones pueden ser de cualquier tipo: acciones directas, fiestas, mercados, festivales, debates o exhibiciones, entre otros. Pueden celebrarse en cualquier ciudad, pueblo, escuela o comunidad.
Envíen sus pósters, comunicados, artículos, fotografías, vídeos, etc. a las direcciones siguientes: mailto:enlace@viacampesinanorteamerica.org>enlace@viacampesinanorteamerica.org mailto:viacampesina@viacampesina.org>viacampesina@viacampesina.org Se colgarán en el sitio web de La Vía Campesina en la página Cancún 1000. Programa provisional de La Vía Campesina en Cancún 12 de octubre: Día de Acción Global por la Justicia Climática: ¡sí a un cambio de sistema, no al cambio de clima! http://www.climate-justice-action.org/>http://www.climate-justice-action.org/ Del 22 al 29 de noviembre: Caravanas internacionales rumbo a Cancún COP-16. 25 de noviembre: ¿Protesta en la ciudad de México? Del 29 de noviembre al 10 de diciembre: Foro alternativo (Cancún) 1, 4 y 6 de diciembre: Foro de Acción de La Vía Campesina 2 de diciembre: Marcha popular “Cancún 1000 por la Justicia Climática” 7 de diciembre: Marcha de los campesinos e indígenas
Con el fin de disminuir la ola de crimines contra las mujeres y en el marco del lanzamiento de la campaña alto a los femicidios el movimiento de mujeres por la paz visitación Padilla en alianza con otras organizaciones de honduras , durante todo este mes de noviembre y los primeros días de Diciembre estarán desarrollando varias actividades en diferentes ciudades del país en el marco de esta campaña contra los femicidios.
Las mujeres expresan que debido a la grave situación de violencia que vive honduras los femicidios se han incrementado aun más desde el año 2009 ,donde se registraron unos 400 asesinatos de mujeres y en lo que va de este año han sido asesinadas 350 mujeres de estos solamente un caso está siendo judicializado los demás casos continúan en la impunidad.
Los movimientos de mujeres hondureñas dieron a conocer que esta semana recibirán la visita de una misión internacional de juristas que viene al país en su mayoría abogadas y abogados entendidos en el tema , como parte de las acciones promovidas y acordadas para la campaña regional de acceso a la justicia para las mujeres.
Se ha constituido una tribuna de mujeres contra los femicidios con el fin de aglutinar más fuerza en defensa de las mujeres, esta está conformada por 8 organizaciones y tienen cobertura casi en el país y en la region , donde se les da orientaciones , se les concientiza , se les proporciona ayuda psicológica y se capacitan a mujeres en el tema de la violencia , pero además se les motiva a las mujeres que están siendo victimas de violencia que denuncien estos abusos ante las autoridades correspondientes.
Gladis Lanza del movimiento Visitación Padilla expresa” nosotras como movimiento venimos luchando contra la violencia desde hace 25 años ,todos los meses de Noviembre llevamos a cabo campañas de concientización de la problemática de violencia hacia las mujeres ,esto lo hacemos con el fin de concientizar a la población y fortalecer a las mujeres en el tema de la violencia, entre las actividades que programamos están : marchas , plantones , actos simbólicos en lugares concurridos conmemorando las muertes de tantas mujeres asesinadas , repartimos volantes, mitin, jornadas de análisis y reflexiones con las mujeres, entre otras.
Lamentamos el papel de las autoridades encargadas en investigar y aplicar la justicia, pues pese a tantos femicidios las autoridades no hacen nada por investigar estos crímenes, por eso es necesario que nosotras las mujeres alcemos nuestra vos y le digamos a la comunidad internacional que es lo que realmente está pasando en el país para que saquemos el problema hacia afuera y que la comunidad internacional nos ayude para parar tanto crimen contra las mujeres recalcó Lanza”.
Por su parte Cristina Alvarado del colectivo Pioneras dijo” Tenemos serias dificultades como organizaciones de mujeres para ayudar en estos de la violencia hacia las mujeres pues la situación se inseguridad se ha incrementado aun mas luego del golpe de Estado y todo el trabajo que hemos venido realizando las organizaciones de mujeres durante muchos años se nos vino abajo y hoy por hoy nos encontramos mucho más desprotegidas que antes.”
Con el tema de la violencia hacia las mujeres vienen los sentimientos de culpa, rabia, dolor, miedo, luto etc. por eso nuestro trabajo fundamental es ayudar a las mujeres a vencer todos estos sentimientos y luego motivarlas a que denuncien todo tipo de violencia que están sufriendo.
Como mujeres organizadas hemos logrado que se aprueben algunas leyes para proteger a las mujeres, pero estas no son suficientes para lograr reducir el alto índice de femicidios en el país, el tema de la impunidad es lo que rodea la indiferencia hacia estos delitos, la ley de violencia que hay en el país es solo con el fin de prevenirla y no de castigar a los responsables del delito, esto contribuye aun mas a que se sigan dando mas crímenes contra las mujeres”.
Cabe destacar que mujeres miembras de La Vía Campesina en Honduras están participando en algunas actividades de estos movimientos de mujeres sobre todo los plantones que se están desarrollando cada Jueves frente al ministerio desde el mes de octubre hasta el 25 de Noviembre día mundial de la no violencia hacia las mujeres, para exigirle a las autoridades un alto a los femicidios. además varias compañeras campesinas han sido asesinadas en los últimos meses.
NOS MATAN POR SER MUJERES
¡ALTO A LOS FEMICIDIOS!