Desde el primer día del Gobierno de Ricardo Martinelli, el Ejecutivo inició un proceso dirigido al control absoluto de los distintos órganos del Estado y de atropellos a los derechos humanos, laborales y a las garantías fundamentales de los ciudadanos panameños.
Uno de los últimos resultados de esas políticas autoritarias y arbitrarias, es la Ley 30 de 16 de junio de 2010, conocida por el pueblo como Ley “Chorizo”, “Camarón”, “Langosta”, “9 en 1” o “Golazo”, en un esfuerzo por calificar esta aberración jurídica que en sólo tres días, sin mediar debates ni consultas ciudadanas, fue aprobada en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados, mientras ésta se mantenía sitiada por parte de la Policía Nacional para impedir las protestas del pueblo.
En un supuesto proyecto de Ley sobre la Aviación Comercial, se introdujeron reformas a 3 Códigos y 6 leyes nacionales. Hasta el final el gobierno pretendió sorprender al pueblo manteniendo en secreto sus verdaderos propósitos que ni siquiera fueron incluidos en la exposición de motivos del proyecto de ley, ni en el discurso de presentación que dirigió el Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, al pleno de la Asamblea de Diputados. Actuaron como verdaderos estafadores o timadores.
Sendas demandas se han interpuesto contra dicha Ley por violar claras normas constitucionales, varios convenios internacionales suscritos por el Estado que tienen rango constitucional y el reglamento mismo de la Asamblea de Diputados.
Entre las medidas más graves que la Ley 30 ha impuesto, podemos mencionar las siguientes:
En el aspecto laboral: Prácticamente se conculca el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional:
“Artículo 493. La huelga legal produce los siguientes efectos”:
1. “La suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan la huelga en el establecimiento o negocio afectado. Una vez iniciada la huelga, la inspección o Dirección Regional o General de Trabajo dará orden inmediata a las autoridades de Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades”.
2. “La suspensión de los efectos de los contratos de los trabajadores que la declaren o se adhieran a ella”.
Además, se busca liquidar las organizaciones sindicales, impedir su sostenimiento financiero y negar acuerdos alcanzado entre patronos y trabajadores en la mesa de diálogo y negociación de convenciones colectivas:
“Artículo 12. El artículo 373 del Código de Trabajo quedó así:
Artículo 373. El empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores a favor de un sindicato las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias que éste establezca”. “El trabajador que desee pagar las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias fijadas por su sindicato deberá pagarlas de manera voluntaria”.
Repetimos, con ello se desconocen los acuerdos y convenios colectivos pactados entre empleadores y trabajadores.
Valga señalar que de la manera más vil las autoridades han mentido al pueblo al señalar que dichas medidas se adoptan por requerimientos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
En el aspecto ambiental: Se exime de los importantes Estudios de Impacto Ambiental a las obras del Estado que el Ejecutivo considere de interés social. Esto puede incluir desde la explotación minera a cielo abierta hasta la reapertura del Tapón del Darién, reserva ecológica de la humanidad donde el presente Gobierno, junto al colombiano, ha mostrado interés de construir una carretera.
“Artículo 33. Se adiciona el artículo 23–A a la Ley 41 de 1998, así:
Artículo 23–A. Las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales (que nadie conoce) que les sean aplicables, siempre que éstas hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo”.
En materia de violación a los Derechos Humanos: Se fomenta la impunidad y se brinda licencia para matar a los miembros de la Policía Nacional. Con esta Ley, los policías acusados de asesinar a los obreros del SUNTRACS, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith y a otros ciudadanos como resultado del abuso policial, quedan de inmediato en libertad, puesto que en casos como estos se beneficia al reo.
“Artículo 27. El artículo 127 de la Ley 18 de 1997 queda así: Artículo 127: Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo de la fuerza excesiva e injustificado, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal componente”.
Se quiere imponer un Régimen de Esclavitud en pleno Siglo XXI
En el marco de la XXXV Cumbre de Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de las visitas de Silvio Berlusconi, Primer Ministro de Italia, y del Presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, (interesado en la explotación minera de Cerro Colorado a lo cual se oponen los pueblos originarios, campesinos y ambientalistas) el Presidente Ricardo Martinelli reveló los verdaderos propósitos de la aprobación de esta Ley 30:
“….permitirá a las multinacionales establecerse en el país y sentirse como si estuvieran en su territorio. Con las facilidades de Puerto Armuelles, de la Zona Libre y de cualquiera de las zonas procesadoras que tenemos en el país los empresarios del mundo podrán venir y encontrar las condiciones de estabilidad social y económica que buscan para sus negocios”.
“Las leyes que se han pasado van a impactar y tener gran repercusión en la vida nacional”, añadió. Estas leyes, “que yo tengo que reconocer no tuvieron el debate que hubiera querido que tuvieran, pero que si se hubiera hecho así lo más probable es que muchos de los artículos de la Ley 30 no hubieran pasado…”
“El país está listo para la inversión extranjera” aseguro Martinelli.
En otras palabras, para Martinelli, en su afán de promover los negocios y beneficiarse directamente de ellos, este país está “listo para la inversión extranjera” porque ya no existe derecho a huelga para los trabajadores, se desarrolla un proceso de extinción de los sindicatos, se imponen condiciones de esclavitud en el sector laboral; no hay que realizar los “engorrosos” estudios de impacto ambiental y existe una policía dispuesta a sofocar a sangre y fuego las protestas sociales amparada en la impunidad y la licencia para asesinar que le otorga la Ley 30, a lo que se agrega la llamada Ley “Carcelazo” que sanciona con penas de 6 meses a 2 años de prisión a todo aquel que ose manifestarse en las calles.
Huelgas contra la Ley 30
Ya los trabajadores habíamos advertido que la Ley 30 abría el escenario de conflictos permanentes.
Desde el pasado viernes 2 de julio, posterior a las grandes manifestaciones y acciones de protesta en todo el país, más de 5 mil trabajadores de la Bocas Fruit Company, a los que se le han unido los trabajadores de las bananeras independientes y otras organizaciones sindicales y gremiales, desarrollan una huelga por la derogación de la Ley 30, contra la negativa de la empresa de descontar la cuota sindical y por la retención de la quincena que le corresponde a los trabajadores.
La huelga convocada inicialmente por 48 horas ahora es indefinida y cuenta con el amplio respaldo del pueblo de Bocas del Toro. Las actividades económicas están paralizadas en esa provincia. Todas las vías están bloqueadas. Los padres han decidido no enviar a sus hijo a las escuelas.
Por otra parte, en el proyecto de Ampliación del Canal que construye el consorcio “Unidos por el Canal”, integrado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA), más de mil quinientos (1,500) trabajadores se han declarado en huelga indefinida.
En esta proyecto, el más costoso jamás realizado en nuestro país, se pretende pagar salarios inferiores a los estándares establecidos en la vía interoceánica, los trabajadores exigen condiciones de trabajo dignas como vestidores, comedores, equipos, agua potable; exigen el cumplimiento de los acuerdos en materia de cuota sindical pactados en la Convención Colectiva y reclaman la derogatoria de la Ley 30.
La lucha de los trabajadores y del pueblo en general es también contra el recién aprobado aumento del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) al 7% y el alto costo de la vida que golpea a los hogares humildes del país.
Las autoridades, en el tono de desprecio a los trabajadores y de ofensas que las ha llevado a tildar públicamente a los obreros de “maleantes de mierda”, amenazan con la represión y la persecución.
Hoy, dirigentes del SUNTRACS en ambos lados del proyecto de ampliación del Canal (Atlántico y Pacifico) fueron arrestados al intentar ingresar al mismo para dialogar con los trabajadores como parte de sus funciones sindicales. Casi 40 obreros en Colón fueron detenidos por solidarizarse con sus compañeros de lucha.
El Gobierno intenta por la fuerza acabar con las luchas obreras y sociales del pueblo panameño.
Se intensifican las amenazas, los arrestos y la persecución, contra luchadores sociales, representantes de grupos de la sociedad civil, periodistas, activistas de derechos humanos y ambientalistas.
Las organizaciones populares resistiremos estas perversas medidas que se imponen y hemos iniciado una gran jornada de lucha hasta derogar las leyes lesivas al pueblo.
El Gobierno de Martinelli está siendo duramente cuestionado por su autoritarismo, su incapacidad al frente del Gobierno y los escándalos en que se ha visto envuelto, incluyendo la relación de algunos de sus funcionarios con la mafia internacional y graves casos de corrupción.
La única manera de imponer sus aviesos planes es mediante la fuerza y el terror, con el consabido saldo de muertos, heridos y presos que ello representa.
Las organizaciones populares hemos reiterado nuestra firme determinación de persistir en la lucha, a pesar de los riesgos y los sacrificios que ello representa. ¡No claudicaremos!
A los fraternales amigos y compañeros de lucha, su solidaridad es vital con el pueblo panameño en este momento histórico.
A los organismos internacionales les advertimos sobre estas peligrosas violaciones a los más elementales derechos humanos, ambientales, laborales y a las garantías fundamentales del pueblo panameño, por parte del Gobierno autoritario de Ricardo Martinelli.
Dado en Panamá, a los 5 días del mes de julio de 2010.
