Viernes 29 de Junio de 2012
Raúl Zibechi
Un golpe de Estado es una acción desde arriba para interrumpir un proceso político. No importa quién la realice ni los métodos que utilice. Los golpes al estilo del que derrocó a Salvador Allende cayeron en desuso, por el alto costo internacional que tienen.
El golpe de Estado que apartó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay se inscribe dentro de la nueva modalidad inaugurada con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, por la Suprema Corte de Justicia. Es un «nuevo» tipo de golpe que comenzó a implementarse luego del estrepitoso fracaso del golpe al «viejo» estilo contra Hugo Chávez el 12 de abril de 2002. Cuando los sectores populares aprendieron a desbaratar el golpe clásico, aparece esta nueva modalidad de «golpe institucional».
En los últimos 20 años los únicos golpes exitosos al «viejo» estilo sucedieron en Haití: en 1991 el general Raoul Cedrás derrocó a Jean Bertrand Aristide, y en 2004 sucedió algo similar, pero con la participación de tropas de Canadá, Francia y Estados Unidos. En 13 de los 15 casos en los que un presidente latinoamericano no pudo terminar su mandato fue porque la presión popular forzó la dimisión.
Lo destacable es que el «método» de la destitución por organismos del Estado es idéntico en los casos en que se hace a favor y en contra de los sectores populares. En Ecuador, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez fueron destituidos por el Congreso en medio de levantamientos populares. Por eso no sirve focalizarse en las formas, sino en los procesos. El nuevo golpismo puede repetirse en cualquier país de la región, ya que las clases dominantes retomaron su ofensiva y se ponen al servicio de un Pentágono deseoso de desestabilizar.
La caída de Lugo, como toda crisis política, desnuda los cambios que se están produciendo en la región desde que Barack Obama definiera la Nueva Estrategia de Defensa.
En primer lugar, la masacre de Curuguaty y el golpe contra Lugo fueron posibles por la alianza entre el agronegocio, los terratenientes «propietarios» de tierras malhabidas durante la dictadura de Stroessner, las mafias del contrabando y el narcotráfico, con sus ramificaciones en los medios de comunicación, el Estado y las iglesias. La gira regional del secretario del Pentágono, Leon Panetta, en abril pasado, parece haber sido una «señal» que activó a las derechas (La Jornada, 18/5/12).
El Pentágono tiene una larga experiencia en la aplicación de la “doctrina del shock”, que pasa por la destrucción de naciones enteras para reconstruirlas al servicio del capital y de la potencia hegemónica. La decadencia de Estados Unidos hace que la única estrategia viable sea la dominación sin hegemonía, que sólo necesita la fuerza militar; por eso la «nueva estrategia» instala la violencia golpista en el centro del escenario político.
En segundo lugar, el modelo económico extractivo, asentado en la minería a cielo abierto, los monocultivos y las megaobras de infraestructura, fortalece a las clases dominantes y al imperio, debilita a los sectores populares, pone en riesgo a los movimientos y las libertades democráticas.
Los gobiernos que han optado por profundizar este modelo se están enajenando el apoyo popular y, a la vez, están dando vida a sus propios sepultureros, como sucedió en Paraguay, donde el crecimiento exponencial de los cultivos de soya no hizo más que fortalecer a los usurpadores de tierras y a los asesinos de campesinos.
En tercer lugar, el movimiento campesino de Paraguay recorrió en medio siglo un camino del que algo podemos aprender para enfrentar el nuevo escenario. En la década de 1960 se crearon las Ligas Agrarias, impulsadas por las comunidades eclesiales, un impresionante movimiento de base que cambió la historia de los de abajo. A mediados de la década de 1970 fueron salvajemente reprimidas por el régimen de Stroessner. En 1980, sobre sus cenizas se crea el Movimiento Campesino Paraguayo. Hasta aquí la trayectoria habitual bajo dictaduras: organización-represión-reagrupamiento.
En la década de 1990, en democracia, el movimiento crece y gana visibilidad, pero se fragmenta. Aun así, la lucha por la tierra se intensifica y el movimiento irrumpe en la crisis política de 1999 por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, creando un hecho político trascendente como el marzo paraguayo, que provocó la primera derrota de los herederos «demócratas» de la dictadura. El golpista Lino Oviedo huye a Argentina y el vicepresidente Raúl Cubas se asila en Brasil.
En 2002 la unidad de acción de todo el sector campesino-popular en el Congreso Democrático del Pueblo, donde confluyeron 60 organizaciones, impidió la privatización de empresas estatales y frenó la aprobación de una ley antiterrorista. Pese a las divisiones los movimientos fueron capaces de volver ingobernable la «democracia de baja intensidad» y derrotar el modelo neoliberal.
Ese escenario creado desde abajo tapizó el camino de Lugo a la presidencia en 2008. Los movimientos más importantes –no todos– optaron por crear partidos, o sea «institutos del Estado financiados por el presupuesto», según el feliz aserto de Adolfo Gilly (La Jornada, 27/6/12). Se profundizaron la división y la atomización. Después de 2008 una parte de los mejores dirigentes se convirtieron en funcionarios y se instalaron en la capital, convencidos de que es el camino para adquirir más fuerza. Hoy, salvo excepciones, los movimientos sufren su mayor debilidad en décadas.
Medio siglo de movimiento campesino, el principal movimiento antisistémico del Paraguay, muestra que no hay atajos que puedan sustituir el conflicto de clases. Que la presión internacional por sí sola no puede modificar la relación de fuerzas. Que hay varios tipos de derrotas. Que la derrota por represión no es tan destructiva como la institucionalización. Que sólo podemos frenar la ofensiva del capital y del imperio en calles y plazas, y que lo demás es un espejismo, necesario para sobrevivir, dicen algunos, pero espejismo al fin.