23 de octubre de 2014
ACCIÓN URGENTE
A los organismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos, ante la situación que prevalece en el municipio de San Juan Sacatepéquez y ante el acoso, persecución judicial y mediática contra el líder indígena y campesino y contra el CUChacemos saber:
La conflictividad social y violencia no es responsabilidad de una organización ni de su dirigencia, es resultado de los mecanismos del Estado y las empresas por imponer proyectos que no benefician a las comunidades, solamente las dividen y confrontan.
Las Doce Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala, han realizado, consultas comunitarias de buena fe (13 de mayo de 2007), marchas pacíficas (2009 y 2014), peticiones de consulta amparadas por la Corte de Constitucionalidad (enero 2010), reuniones con el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (2010), solicitudes directas de consulta al Presidente de la República (2013); participado en distintas reuniones del proceso de diálogo (2008 al 2014) y expuesto reiteradamente la necesidad de respetar y realizar consultas respecto a los planes de construcción del anillo regional que pasará por los terrenos de Doce Comunidades.
La respuesta del Estado, empresas y grupos de interés ha sido la criminalización, persecución, encarcelamiento, allanamientos, secuestros, asesinatos de líderes comunitarios, militarización, injustas sentencias (por 150 años), difamaciones y falsas acusaciones, estados de sitio y excepción, pago de cuantiosas sumas en concepto de fianzas, intimidaciones e incursión de grupos de paramilitares(Los exterminadores), una semana antes de que se perpetrara la masacre. El acto más extremo ha sido la masacre acaecida en la Comunidad Los Pajoques, del municipio de San Juan Sacatepéquez el 19 de septiembre, que dejó una cauda lamentable de 8 personas fallecidas y 11 heridas y donde la versión oficial y empresarial es que fue protagonizada por las comunidades que defienden su territorio, sin mencionar que es precisamente la presencia y proyectos de la cementera, sumado a la imposición, desatención y represión del gobierno lo que ha generado los altos niveles de conflictividad que no existían antes de que llegara Cementos Progreso a San Juan Sacatepéquez.
Esta lamentable situación solamente refleja el uso de obsoletas estrategias contrainsurgentes mediante la difusión irresponsable de información infundada en donde acusan al dirigente indígena y campesino Daniel Pascual y al Comité de Unidad Campesinade ser incitadores de delitos como los de «terrorismo, coacción e instigación para delinquir», entre otros. Estas acciones son un claro indicio de que existe un plan orquestado contra los liderazgos indígenas, por parte de las empresas implicadas, con el apoyo de fundaciones poco trasparentes, de ideología de extrema derecha y militarista como la Liga Pro Patria y la Fundación contra el Terrorismo que pretenden hacer uso perverso de las leyes y las instancias de justicia para tratar de silenciar y callar la lucha de las comunidades y pueblos indígenas.
ANTE ESTA SITUACIÓN, SOLICITAMOS A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE VELAN POR EL CUMPLIMIENTO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Formular un llamado urgente al gobierno de Guatemala para que implemente las medidas necesarias que favorezcan mecanismos serios de diálogo en las regiones en donde habitan pueblos indígenas que han visto afectados sus intereses por la ejecución de proyectos extractivos de minerales y de ampliación de monocultivos.
Que pidan al Estado de Guatemala que valore, respete, reconozca y respalde, como es su obligación, la valiosa labor que realizan las personas que defienden los derechos humanos y que cese la persecución y criminalización contra ellas.
Que se requiera al Estado de Guatemala información sobre la situación de conflictividad en el país y especialmente sobre las acciones para garantizar los derechos colectivos de lasDoce Comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por el proyecto de construcción de la planta cementera, la construcción del anillo regional y la instalación de una brigada militar; que antes de continuar con la ejecución de los proyectos se tome en cuenta el resultado de la consulta comunitaria de buena fe, libre e informada, y que atienda las demandas planteadas en todas las manifestaciones pacíficas que se han realizado desde el año 2007.
Que se solicite al Estado de Guatemala la implementación de medidas que permitan al líder indígena y defensor de derechos humanos,Daniel Pascual, el libre ejercicio y plena garantía de sus derechos, así como de las personas que integran el Comité de Unidad Campesina –CUC-, ante las irresponsables acusaciones infundadas, amenazas e intimidaciones, así como la persecución política, mediática y legal que se promueve en contra de Daniel Pascual: dos querellas por actos de terrorismo, coacción e instigación para delinquir, así como por difamación y calumnia, presentadas por organizaciones y personas afines a las empresas, a la actual política del gobierno y al sector de mayor poder económico en Guatemala.
Rechazar estas prácticas de difamación, criminalización y persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, heredadas del conflicto armado, donde quedó demostrado que los pueblos indígenas fueron blanco de los ataques de los sectores más reaccionarios que siempre se han mantenido en el poder, dentro de un marco jurídico excluyente el cual los faculta ejercer control y la represión contra la población en general.
Expresamos nuestro apoyo solidario y permanente a las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción irrespetuosa de la planta cementera, la construcción del anillo regional y la instalación de la brigada militar, sin tomar en cuenta la consulta y todas las manifestaciones pacíficas que se han realizado desde el año 2007.
Expresamos nuestro respaldo y solidaridad con el compañero Daniel Pascual y el Comité de Unidad Campesina CUC, ante las irresponsables acusaciones infundadas de grupos de derecha y ante la presentación de una querella por actos de terrorismo, coacción e instigación para delinquir.
Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones sociales, religiosas, estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de mujeres, juventud del mundo y a los pueblos para que estén atentas y se manifiesten en contra del uso de prácticas de terror en los territorios de los pueblos originarios.
A los organismos internacionales de derechos humanos, agencias de cooperación solidaria, embajadas y cuerpo diplomático, para que no se dejen engañar por estas maniobras contrainsurgentes, implementadas paradójicamente en tiempos de paz.
A los medios de comunicación radial, televisiva, escrita y digital, les instamos a que no se dejen manipular por estos sectores oscuros que lo único que pretenden es manipular y tergiversar la información sobre la situación real que prevalece en San Juan Sacatepéquez y que al difundir datos sobre este y otros casos, lo hagan con objetividad e investigando a profundidad y con profesionalismo.
Guatemala, 13 de octubre 2014
GRAN CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES ANCESTRALES MAYAS, XINCAS Y GARÍFUNAS,
COORDINADORA DE COOPERATIVAS Y ONGS DE GUATEMALA –CONGCOOP-,
COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA MAYA WAQIB KEJ,
PROYECTO DE DESARROLLO SANTIAGO –PRODESSA- , CONAMAGUA,
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD –ASECSA-, AGUASACH, APROSINKK, ASICOPROS, APVONO, APRUSXAL, APROYCON, APRUSTLAG, APROSCIX, APSAV, PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, COLECTIVO DE ORGANIZACIONES DEL NORTE Q´ECHI POCOMCHÍ, COMISIÓN NACIONAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO COMUNIDAD 29 DE DICIEMBRE, COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO -CCDA- COMUNIDADES EN RESISTENCIA LA PUYA
FUNDACIÓN GUILLERMO TORIELLO –FGT- ALIANZA POLÍTICA DEL SECTOR DE MUJERES
REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES DE MATAQUESCUINTLA Y SAN RAFAL LAS FLORES,
ASOCIACIÓN CIVIL OSTUNCALQUENSE, COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA TODAS Y TODOS GUATEMALA -CEPTT GUATEMALA-
ENVIAR CARTAS A :
Presidente de la República de Guatemala Sr. Otto Pérez Molina
Secretaria Privada de la Presidencia
Para enviar una carta: 6ta Avenida 4-46 de la Zona 1, Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 2230-1650. Correo electrónico: Informacion@secretariaprivada.gob.gt
https://www.facebook.com/ottoperezmolina
Ministerio Publico
Fiscal General del Ministerio Publico
Dirección: 15 Av. 15-16 Zona 1, 2º. Nivel, Ciudad de Guatemala.
Teléfonos: (502) 2411-9262 / (502) 2411-9191
email: jsaguirre@mp.gob.gt
https://www.facebook.com/mpguatemala
Ministerio de Gobernación
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación.
Dirección: 6ª. Av. 13-71 zona 1 Guatemala.
Teléfono: (502) 2413-8888.
email: kldivas@mingob.gob.gt
https://www.facebook.com/mauriciolopezbonilla
Procuraduría de los Derechos Humanos PDH
Jorge De León Duque, Procurador.
Dirección: 12 ave. 12-54 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 24241717, Call Center: 1555
email: dramirez@pdh.org.gt
grismaza@hotmail,com
ttps://www.facebook.com/JorgeEduardoDeLeonDuque
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Guatemala
Alberto Brunori, representante de la OACNUDH
Dirección: 5a Av. 5-55 Zona 14 EdifEuroplaza, Torre III, Nivel 14, Ciudad de Guatemala, 01014, PBX: (502) 2382-3400, Fax: (502) 2382-3410
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