26 de julio de 2016
Después de una semana de movilizaciones y acciones de las y los educadores del país, en medio de la Huelga Nacional del sector , este domingo 24 de julio, las bases de los gremios magisteriales deciden levantar la huelga, en base a un acuerdo con el gobierno nacional que da respuesta a las justas exigencias de este sector importante de la sociedad panameña. A raíz de esta decisión, FRENADESO presenta sus consideraciones al pueblo, que dejamos a continuación.
SOBRE LA HUELGA MAGISTERIAL
La crisis educativa y su desenlace nos plantea lo siguiente:
Simplemente los educadores se vieron forzados a realizar una huelga que se prolongó por cinco días para que el gobierno de Varela volviera a reiterar los compromisos que ya había adquirido, incluso antes de asumir la Presidencia, en tres aspectos fundamentalmente:
1. Aumento de 300 balboa al salario base de todos los educadores a partir de 2017.
2. Pago de lo adeudado a los educadores con nuevas fechas de cumplimiento.
3. Incremento en su período de gobierno del presupuesto de educación a un mínimo del 6% del PIB.
Es decir, no se trata de nada nuevo. Lo que deja en claro que el único responsable de la interrupción de clases, ha sido el gobierno de turno, por su tozudez, intransigencia y su poco importa hacia el sector educación, máxime que los gremios llevaban 2 años negociando con las autoridades del Ministerio.
La coyuntura volvió a exhibir la hipocresía de medios de comunicación, políticos tradicionales y gremios empresariales, incluyendo los dueños de escuelas privadas, que a pesar de sostener demagógicamente un discurso en torno a la calidad de la enseñanza, se oponen siempre a brindarle recursos a la educación pública y mejorar la situación salarial de los educadores.
Eso explica la campaña de insultos y ataques que dirigieron sin éxito esta vez contra los educadores panameños, ya que ello no pudo con la unidad de las bases magisteriales y el apoyo creciente del pueblo a una causa que consideraron justa.
Mientras le regatean los aumentos salariales a los educadores sobre la base de que fueron compromisos del gobierno anterior (del cual Varela era su vicepresidente, cargo al que nunca renunció), aplauden en aras de una seguridad jurídica la continuidad de proyectos signados por injustificables sobre costos y coimas, así como los compromisos adquiridos por pasados gobiernos en materia de deuda pública, emisiones de bonos y negociados que sirvieron y sirven para que los gobernantes y sus círculos cero se hagan más ricos.
Pero tampoco se ha dicho que el gobierno, como una muestra más de su mezquindad hacia el sector educativo, incorporó en el nuevo presupuesto los 300 balboas de aumento, pero a partir de julio de 2017. Sin embargo, a los policías se le darán nuevos y sustanciosos aumentos salariales (al menos el cuarto en 7 años, incluyendo 1,700 para Comisionado y 1,000 para sub comisionados) y a los médicos se le aumenta un 30%, todos ellos a partir de enero de 2017, no de julio de 2017 y sin condicionamientos de evaluaciones como a los educadores.
Se sabe que el aumento a los policías busca, como ha ocurrido desde épocas inmemoriales, mantener contento al pie de fuerza, no para proteger a los ciudadanos, sino para salva guardar el sistema de dominación y los intereses de la clase dominante a través de la represión del pueblo, tal como se demostró con el llamado de los jefes policiales a las tropas de acuartelarse durante el período de huelga, igual que ha acontecido en otras jornadas de lucha popular.
Lo logrado debe considerarse como un triunfo de la lucha y movilización de las bases magisteriales a nivel nacional, toda vez que se reconocía la heterogeneidad de una dirigencia magisterial que dificultaba la unidad, ya que algunos de sus integrantes carecen de organizaciones reales, de representatividad, están ligados a partidos tradicionales, han traicionado en otras ocasiones y han estado envueltos en casos de corrupción.
Ello, en parte, dificultó que los acuerdos fueran debatidos democráticamente en asambleas generales masivas como venían celebrándose, dado que la fecha acordada para ello fue variada de forma repentina por presiones del Ejecutivo.
Ahora las bases de los educadores deberán mantenerse vigilantes para que el gobierno cumpla los acuerdos, toda vez que con su actitud mostró que su palabra es de poco fiar.
También habrá que analizar si el 6% del PIB será suficiente para saldar la deuda social acumulada en todos estos años por el incumplimiento de sucesivos gobiernos de un monto que por ley había sido asignado a Educación a través de la Ley Orgánica de Educación, la cual este mes de septiembre cumple nada menos que 70 años.
A los empresarios poco les importa la educación pública, que no sea para garantizar los sirvientes y mucamas bilingües que requieren sus negocios y las transnacionales, mientras ellos gradúan a sus hijos en escuelas «élites» subvencionadas con plata del Estado, es decir de todos los panameños, o imponen a los profesionales y capas medias matrículas y costos onerosos, mientras pagan salarios míseros a sus educadores, mucha veces por debajo del sector público, ya que se rigen con la Ley de Salario Mínimo.
El momento ha vuelto a reiterar la necesidad de la lucha por una ley general de salarios que contemple aumentos justos y dignos para todos los sectores trabajadores.
Una lección para los educadores y el pueblo panameño. El aumento pactado para el 2020 solo lo puede garantizar sin sobresaltos un Gobierno que nazca del pueblo y no de los partidos tradicionales. De lo contrario, se repetirá la historia, como siempre.
Concluida la huelga de los educadores, la lucha de todo el pueblo panameño por una educación pública, gratuita, laica, científica y de calidad prosigue. Esto solo será efectivo mediante la lucha contra las políticas neoliberales y por una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que funda una nueva República.
FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES
Panamá, 25 de julio de 2016.