15 de junio de 2016
La Confederación Nacional Agraria – CNA y la Confederación Campesina del Perú – CCP, organizaciones nacionales representativas de pueblos indígenas originarios, con el apoyo del Programa PROINDÍGENA de la agencia GIZ, en un evento realizado ayer en Cusco, pusieron a disposición de las autoridades regionales y público en general el estudio «DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN CUSCO».
El mencionado documento es un diagnóstico sobre la situación de los territorios de las comunidades campesinas que se asientan en la región cusqueña. La problemática, en torno al saneamiento físico – legal, titulación y ejercicio de los derechos indígenas, es descrita y analizada en el informe.
Los dirigentes nacionales de las organizaciones promotoras, Antolín Huáscar de CNA y Jorge Prado de CCP, aseveraron el trabajo recoge el aporte de comuneros y comuneras campesinas asociadas a las bases provinciales de las 2 organizaciones nacionales.
Se constituye así un esfuerzo colectivo por visibilizar la problemática en torno al derecho al territorio de los pueblos originarios, como es el caso de las comunidades campesinas. De este modo, se busca incidir en que las instancias regionales y nacionales del Estado atiendan de modo pertinente las demandas
Comunidades en conflictos, Estado peruano con pendientes
Entre los principales hallazgos se incide que las comunidades campesinas están atravesando conflictos, ya sea por colindancia, desmembramiento y/o superposición de derechos. Ante esta disyuntiva, el estudio revela que, por falta de asesoría técnica legal, muchos de estos conflictos han sido llevados a procesos judiciales donde desafortunadamente no han encontrado solución.
Sin embargo, el estudio también anota que las mismas comunidades han expresado su voluntad y necesidad de solucionar sus controversias a través de diálogos y formas tradicionales que corresponden a sus formas de ver el mundo. De este modo, se recomienda a las instancias del Estado peruano atender y proveer de asistencia y recursos a políticas que promuevan la seguridad territorial de los mencionados pueblos originarios.
Se constituye así un gran paso que dan las organizaciones agrarias e indígenas nacionales para conquistar el ejercicio pleno del derecho al territorio. Esto en provecho del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierra Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3, proyecto con que el Estado busca reparar la deuda histórica de titulación y saneamiento físico y legal del territorio de las comunidades campesinas y nativas del país.
Unidad campesina apuesta por seguridad jurídica de sus territorios
El esfuerzo de las organizaciones nacionales y sus respectivas bases regionales, fue saludado por las autoridades que asistieron al evento. Destacó la presencia de César Berrios, Coordinador General del PTRT3, quien aseveró que las propuestas de las organizaciones ayudarán mucho a la planificación y ejecución del proyecto.
Por su parte Víctor Baca Ramos, Director Regional de Agricultura del Cusco, promovió se concrete la creación de un grupo de trabajo en la región que asuma las directrices del proyecto y busque beneficiarse al máximo para atender la problemática descrita en el diagnóstico. El equipo lo conformaría la Dirección Regional de Agricultura, Proyecto PTRT3, la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco – FARTAC, la Federación Regional de Campesinos del Cusco – FDCC, la junta de usuarios y las organizaciones ronderas de la región.
La Defensoría del Pueblo destacó el rol protagónico y participativo que las organizaciones están teniendo para este tipo de procesos, y más aún que actúen de forma conjunta en la defensa de sus derechos como el caso de la seguridad jurídica de los territorios.
El evento también puedo acercar la investigación a las dirigencias provinciales y distritales, así como a instituciones interesadas como la Asociación Arariwa y Centro Bartolomé de las Casas.
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