Han pasado poco más de dos meses desde que el presidente Nicolás Maduro manifestara su respaldo a las luchas campesinas y se pronunciara en contra de la ola de desalojos, criminalización y ataques que han venido sufriendo, de manera creciente, las comunidades de los rescates de tierras en el último año y medio.
A raíz del llamado del Presidente a investigar los hechos y punir a responsables y cómplices, campesinas y campesinos han venido acudiendo a diferentes instituciones para poder poner fin a amenazas y atropellos y así dedicarse a la producción agrícola, crucial como nunca en el contexto de guerra económica que vive el país.
Las comunidades de los rescates han estado presentando sus casos ante el Instituto Nacional de Tierras (INTi), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) – en cuyo seno se activó una comisión especial para investigar el tema de los desalojos campesinos–, el Ministerio Público y, más recientemente, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y Equidad de Género.
A la base de todos los casos presentados los testimonios de las comunidades campesinas han puesto en evidencia la presencia de procedimientos de rescates de tierras ociosas aún “abiertos” después de años: es decir que no han sido llevados a cabo por completo, desde el punto de vista legal y administrativo, por parte de la institución responsable, el INTi. La dilación habría entonces abierto el camino a la arremetida de viejos y nuevos latifundistas.
Ante esta evidencia, el pasado 24 de abril, Luis Soteldo, presidente de la institución y viceministro de Tierras, se comprometió personalmente en el estudio de los casos presentados, planificando un cronograma de inspecciones en los predios para evaluar la procedencia o menos de la regularización de las tierras a favor de las comunidades campesinas.
¿Cómo sigue la situación de los rescates de tierras?
El INTi ha llevado a cabo casi en su totalidad el cronograma de inspecciones, y ha realizado diferentes actos públicos de entrega de títulos en algunos estados del país. Sin embargo, las organizaciones campesinas sostienen que en su mayoría la regularización de las tierras ha interesado lotes pequeños, y que los casos más conflictivos siguen sin solucionarse porque el procedimiento no se ha completado o porque no ha sido atendido.
Mientras, recordemos que se cumplió ayer 12 de junio, un mes del asesinato a manos de sicarios de los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, del rescate “Palo Quemao” (municipio Arismendi, Barinas), otro caso de rescate “en espera”. La comunidad señala al terrateniente Carlos Pardi, supuesto dueño del predio, como el autor intelectual. Hasta el momento “no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca”[1].
La demora de los procedimientos legales y administrativos es uno de los factores que genera las condiciones para los atropellos y la violencia por parte de viejos y nuevos latifundistas. Aquí presentamos algunos de los muchos casos que necesitan ser atendidos con prontitud para evitar ese desenlace.
1. Predio La Escondida: el falso dueño sigue allí
Se trata de un fundo de 860 hectáreas de propiedad del INTi, ubicado en el municipio Rojas del estado Barinas. Fueron denunciadas como tierras ociosas en 2014 por la comunidad campesina, y por ella puestas a producir desde 2017. Luego, un nuevo supuesto dueño, el terrateniente Ricardo Mora, se atribuyó la propiedad de las tierras y ocupó la finca, aunque las tierras del Estado no puedan ser vendidas ni enajenadas. Empezaron entonces el hostigamiento, las agresiones, las amenazas y la criminalización de la comunidad campesina, según relatan sus integrantes.
Hace tres semanas, el Consejo Campesino “Los Lanceros de la Pescalinera de Zamora” ha finalmente recibido de parte del INTi un título de Derecho de Garantía de Permanencia en las tierras y la Carta de Registro Agrario del predio La Escondida. El INTi debe encargarse también de desalojar al ocupante Mora, pero aún no lo ha hecho. La comunidad campesina alerta sobre las amenazas recibidas de parte de Mora, y sobre la presencia de 15 a 20 “campo volantes”, dotados de armas de alto calibre, dentro de la finca.
2. El Guayabo: amenazas y disparos contra las familias campesinas
Se trata de un predio de propiedad de la Nación, de 234 hectáreas, ubicado cerca del Caserío Los Chinos del municipio Páez, en el estado Portuguesa. Tiene por lo menos 5 años abandonado, según informan desde la comunidad.
A finales del año 2012 se le entregó un título de Garantía de Permanencia Agraria al ciudadano Deiby Calogero Curtopelle Jímenez, de Araure. Sin embargo, al seguir el fundo en estado improductivo, en el año 2016 la comunidad, organizada en el Consejo Campesino” Revolución Unida”, llevó a cabo la denuncia de tierras ociosas. El INTi revocó la Garantía de Permanencia a Curtopelle el 27 de mayo de 2017 y dio inicio a un procedimiento de rescate de las tierras.
Más de un año después, el procedimiento aún no ha sido concluido. Las tierras siguen ociosas. La comunidad campesina, integrada por 24 familias, no entra al fundo porque así está previsto por el procedimiento, y realizan una toma simbólica a orilla de carretera.
El pasado 16 de mayo se presentó Paolo Curtopelle, hermano de Deiby Curtopelle, amenazando y amedrentando la comunidad. “Llegó lanzándonos la camioneta encima, estando nosotros con nuestras niñas y nuestros niños. Nos amenazó manifestando que a él no le importaba pagar 200 sicarios y mandarnos a liquidar a todos. Dijo que nos estaba investigando la vida. Nos insultó, mostró su arma y la descargó. Gracias a Dios nadie salió herido”, relataron desde el consejo campesino “Revolución Unida”.
La familia Curtopelle nada tiene que hacer allí, puesto que ya se le ha revocado el derecho de Garantía de Permanencia. Deiby Curtopelle, a quien estaba intestada anteriormente la Garantía de Permanencia, resulta además estar residenciado en Florida, Estados Unidos, donde aparece como manager de la empresa Aleti LLC.
Por su cuenta el hermano, autor de la agresión a la comunidad campesina, figura al mismo tiempo como presidente, director y suscriptor en tres diferentes empresas registradas en Panamá: PACI8EOO S.A., PACI2800 S.A., PACI1400 S.A.. Ambos hermanos aparecen también con cargos en la corporación inmobiliaria Vipaca Real Estate, Inc, registrada en Miami, Florida, cuyo presidente es Vincenzo Curtopellle, su padre.
Según relata la comunidad, Paolo Curtopelle dijo “que era capaz de cualquier cosa para que no le quitaran las tierras” (que no son de su propiedad). Después de la agresión y las amenazas, el pasado lunes se presentó ante la comunidad el juez agrario Marcos Ordoñez, acompañado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), “porque supuestamente Curtopelle nos demandó”.
Las campesinas y campesinos de El Guayabo piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, mientras esperan que el INTi termine de llevar a cabo los trámites legales y administrativos para que les adjudiquen las tierras.
3. Fundo La Victoria: echan para atrás la adjudicación y amenazan de muerte a campesinos
La entrega de este fundo de 642 hectáreas, ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, ya estaba pautada. Habían recibido la inspección del presidente del INTi, acompañado por las constituyentes Emma Ortega, vocera por el sector campesino, y María Alejandra Díaz, de la comisión de investigación sobre los casos de desalojo. Ya se estaba montando el acto de entrega de la titularidad, cuando, inexplicablemente, “una llamada echó todo para atrás” según cuentan campesinas y campesinos de la Cooperativa “El Capital”. “Desde el INTi se nos informó que el rescate La Victoria «no va», porque unos «chivos grandes» así lo piden, porque tienen intereses en este fundo”, afirmaron desde la Cooperativa.
El predio tiene años improductivo. Denunciado en 2013 como “tierra ociosa”, al inicio de 2014 se empezó el procedimiento de rescate. Sin embargo, pocos meses después, las familias campesinas del rescate son desalojadas, antes incluso de que el Tribunal Agrario decrete una medida de protección a la supuesta producción ganadera del fundo. La presunta dueña del predio para ese entonces es la señora Maria Auxiliadora Bracho de Muchacho, madre de Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao (Miranda) y actualmente prófugo de la justicia venezolana.
Al seguir el predio en estado improductivo, y no habiendo el INTi realizado las inspecciones necesarias para que fuera dictada tal medida, pocos meses después las familias desalojadas deciden regresar al fundo para ponerlo a producir, con cultivos de maíz, arroz y plátano.
Pero en 2016, a pesar del procedimiento de rescate aún abierto, el fundo es vendido, y aparece como propiedad de dos nuevos supuestos dueños, Adelso Acacio Guerrero Omaña y Beltrán José Contreras García.
El más conocido de los dos, Guerrero Omaña, es un ex-magistrado de la Corte Disciplinaria Judicial (2011-2013) y hombre de negocios. Figura como presidente, socio y administrador de dos empresas de “consultoría y asesoría financiera” registradas en Panamá: “GRHK Services, S. de R.L.” y “ROGUE GROUP, S. de R.L.”. También es administrador de la empresa de promoción inmobiliaria “KEMUEL 87 Inversiones S.L.” registrada en Madrid, España, siendo uno de los únicos dos gerentes de la empresa. Su hermano, Ricardo Guerrero Omaña, es constituyente territorial por el municipio Guaraque del estado Mérida en la ANC.
Con los nuevos supuestos dueños, la situación para las 200 familias campesinas de la cooperativa se ha hecho muy dura: en 2017, ocho integrantes de la cooperativa, entre hombres y mujeres, son detenidos por cuatro meses por orden de la Fiscalía 16 de la zona Sur del Lago, y aún se encuentran bajo régimen de presentación. Hay 34 procesados, inclusive dos menores de edad. En los desalojos, ejecutados por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana, son destruidas todas las siembras.
El cambio repentino en la decisión del INTi con respecto a la adjudicación de las tierras de este predio ha suscitado las protestas y denuncias de parte de las organizaciones campesinas. Existe “un poderoso lobby, para presionar y tumbar esa decisión autónoma del INTi, perjudicando a los campesinos que llevan cinco años luchando esas tierras”: así escribieron en un comunicado las y los integrantes de la cooperativa el Capital y de la Plataforma de Luchas Campesinas.
“Queremos que se haga público el nombre de ese “chivo grande” y que nos dé la cara, ya basta de la política de cogollos que desprecian al pueblo” han escrito, dirigiéndose al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la ANC “para que intervengan, investiguen y con toda la soberanía popular hagan cumplir el mandato popular y la ley, y se expulse del gobierno a los responsables de estas prácticas contrarrevolucionarias”.
Mientras tanto, las campesinas y campesinos de la cooperativa están recibiendo amenazas de muerte contra sus familiares, como denunciaron ante la Fiscalía Superior del estado Zulia.
Tomado de AlbaTV: http://www.albatv.org/