13 de octubre de 2013
Hombres y mujeres de distintas edades y provenientes de diferentes regiones del país alzaron sus voces en el marco de la rememoración del Día Internacional de la Resistencia Indígena.
Everarda Tista de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA-, dijo que es una fecha propicia para reiterar la lucha y resistencia de las diferentes comunidades y la unificación de voces para denunciar lo que realmente viven; expresó que la violencia y la criminalización hacia los pueblos que defienden la madre tierra, se ha incrementado ya que en la actualidad los gobiernos en conjunto con las empresas extractivas han implementado una política de criminalización para quien defiende su territorio.
Tista reiteró que -CONAVIGUA- rechaza de forma rotunda la implementación de los megaproyectos como visión neoliberal por parte del gobierno de Guatemala dirigido en la actualidad por Otto Pérez Molina, que cuyo resultado de dichas políticas es que en la actualidad se explotan los cerros, de desvían los caudales de los ríos se contamina la madre tierra; violando así la vivencia cotidiana de los pueblos.
La representante de CONAVIGUA dijo que las mujeres viven en lucha permanente por defender sus tierras; «nosotras jugamos un papel importante no solo porque somos dadoras de vida sino porque defendemos la continuidad de la vida de las demás generaciones», indicó Tista; quien expresó que en la actualidad son las mujeres y los niños quienes deben enfrentar la pobreza y pobreza extrema, discriminación y explotación en los lugares de trabajo como en las fincas, asimismo enfermedades provocadas por la contaminación que provocan las empresas extractivas, hidroeléctricas y sementeras; y reiteró que el Estado de Guatemala es el responsable por no velar por las garantías de vida de todos los habitantes.
Asimismo reiteró el rechazo rotundo de la instalación de la de hidro eléctrica Entre Ríos en Lanquin, Palo Viejo en San Juan Cotzal, de la hidroeléctrica Xalalá en la Zona Reina y de la Maya Níquel en Cahabon Alta Verapaz entre otras.
Por su parte Margarita Tiño responsable del eje de Derechos de los Pueblos indígenas del Comité de Unidad Campesina -CUC- dijo que los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo violentados, mencionó que en la actualidad el derecho a la vida, alimentación saludable, salud y educación entre otros derechos no se cumplen. «El incremento de la desnutrición es producto del despojo de las tierras, la contaminación y destrucción de la madre tierra por parte de las empresas mineras», indicó Tiño quien agregó que los pueblos defienden la tierra y territorio porque de ella vienen los alimentos, defienden el agua, los bosques y animales porque es parte de la vida.
La Marcha Popular por la Dignidad y Defensa de los Territorios, integrada por organizaciones comunitarias, indígenas, campesinas, de mujeres, juventudes, sindicales y populares,reafirmaron su resistencia permanente hasta lograr la verdadera liberación de los pueblos y la construcción de un Estado que responda a los intereses de las mayorías.
Reiteraron los planteamientos que hicieran públicos el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, emplazando al Estado guatemalteco y sus distintos organismos, en los siguientes temas:
Declarar lesivos los proyectos extractivos y de infraestructura, así como reconocer los resultados de las consultas. La imposición de estos proyectos está generando conflictividad porque pasan encima de los derechos colectivos, el Convenio 169, tratados internacionales y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Demandaron declarar lesivas todas las licencias mineras, de hidroeléctricas, redes viales y eléctricas. Reconocimiento de los resultados de las consultas comunitarias o municipales realizadas en el territorio nacional y suspender todas las actividades mineras hasta que no se realicen las consultas previas libres e informadas.
Respeto a la tierra y territorio de los Pueblos Indígenas y Restitución de las que fueron despojadas. Suspender cualquier despojo de tierra a personas y comunidades indígenas y campesinas, restituir las tierras despojadas, así como cumplir con las peticiones en materia agraria planteadas por la Marcha Indígena Campesina y Popular, especialmente los casos de la Comunidad Xinka de Santa María Xalapán y las comunidades Q´eqchi´ desalojadas del Valle del Polochic.
Garantizar el acceso al agua a las comunidades indígenas y campesinas. El Estado y sus instituciones deben adoptar las medidas legales y administrativas necesarias para que las comunidades indígenas y campesinas tengan acceso a las fuentes de agua en la cantidad y calidad necesaria para sus actividades; se evite la contaminación de las mismas, el acaparamiento y desvío de los ríos por parte de empresas y finqueros, así como declarar los recursos hídricos de utilidad pública.
Impulsar la aprobación de la Leyes en Beneficio de los Pueblos Indígenas y la población campesina: En su calidad de presidente del organismo ejecutivo y como partido de gobierno, impulsar en el Congreso de la República, la aprobación de la iniciativa 4084 Ley de Desarrollo Rural Integral y la iniciativa de ley 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitarios.
Desmilitarización del Territorio. El gobierno debe ordenar el retiro inmediato y la desmilitarización de los territorios de los Pueblos Indígenas y campesinos, retirar la presencia militar, suspender o desactivar los destacamentos militares ubicados en comunidades con conflictividad generada por la penetración de empresas nacionales y transnacionales que no respetan la voluntad comunitaria amparada por el Convenio 169 de la OIT y derogar los Acuerdos Gubernativos que crearon las brigadas militares y denominadas Fuerzas de Tarea.
Terminar con la represión y criminalización hacia Pueblos Indígenas, comunidades y el movimiento social. Exigimos a las autoridades que los funcionarios públicos se abstengan de señalar públicamente a líderes del movimiento social y popular, refiriéndose a ellas o ellos como «terroristas» o «delincuentes»; así como suspender las intimidaciones, agresiones y persecución policial y penal de las y los dirigentes sociales y en el caso particular del MP esclarecer los allanamientos y atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos y promover que se suspendan las campañas de incitación al odio y xenofobia que particulares hacen en contra de líderes comunitarios y del movimiento social.
Reformar el Sub Sector Eléctrico. Con la más amplia participación social se debe redefinir la matriz de generación, transporte y distribución eléctrica y el marco legal que la tutela, basado en el precepto constitucional del bien común y el desarrollo integral de las mayorías. En el seno de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica se debe promover que las tarifas no superen el 15% de los costos de generación del INDE.
Respeto a la Carrera Magisterial y no privatización de la educación pública. Detener cualquier intento por imponer cambios al proceso inicial de formación docente en el país, que lleve la intención de eliminar la carrera del magisterio y el intento de privatización de la educación. Respetar las propuestas de los colectivos de estudiantes normalistas y eliminar los acuerdos magisteriales que limitan la participación y organización de las y los estudiantes.
Detener la Violencia contra las Mujeres. Cumplir con la legislación establecida, respetar las propuestas de la sociedad civil para los cargos públicos que tutelan los derechos de las mujeres y fortalecer la institucionalidad pública que permita avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Crear condiciones para garantizar la participación plena de las mujeres en el ámbito social, económico, cultural y político.
Los Pueblos y las Organizaciones Sociales representados en la Marcha Popular por la Dignidad y Defensa de los Territorios saludaron a los distintos Pueblos y organizaciones indígenas en todo Abya Yala que luchan por la defensa de la Madre Tierra, territorio y por los derechos colectivos de los pueblos, asimismo hicieron un llamado a la unificación de las luchas