Autor: clocvc

14 de Junio de 2011

Durante semanas, dirigentes de base de sindicatos temporales y de empresa, relacionados con la producción del vino en Chile, mantuvieron una intenso debate en conjunto con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, para consensuar una posición frente a los Monopolios nórdicos del alcohol que reúne a cinco países, e ntre ellos Suecia y Finlandia y que por estos días se encuentran de visita en Chile para iniciar relaciones comerciales con los importadores de vinos.

A través de grupos activistas de defensa de derechos laborales en Suecia, como Solidaridad con América Latina (SAL) el frente de asalariadas de la agroexportación de ANAMURI, se informó de la venida de estos importantes monopolios nórdicos, entre ellos los representantes del Estado sueco, y se acordó agregar en su agenda una reunión, a la que asistieron sindicatos de trabajadores de empresa de Curicó, Casablanca y entre otros, que se concretó el 7 de junio recién pasado.

A dicho encuentro asistieron las organizaciones que integran la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina Chile, el Sindicato Sikhula Sonke, de Sudáfrica, el Sindicato de Trabajadores de Systembolagen, de Suecia, trabajadores del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MCNI), Sindicatos de trabajadores de Casablanca, Villa Alemana y Curicó (estos últimos enfrentan en estos momentos una serie de despidos injustificados) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Diego Portales, que se coordinaron con la Confederación Ranquil y ANAMURI.

Las y los trabajadores de empresas que producen el vino en Chile, relataron a la delegación de los cinco Monopolios (Suecia, Finlandia, Islas Faroe, Islandia y Noruega), las condiciones laborales que predomina en dichas empresas, el representante del sindicato de Viñamontes, de Curicó, señaló “nuestra empresa tiene el 96% de la exportación a los cinco continentes, tienen un margen de ganancias que aumenta cada año, sin embargo no se respetan las leyes laborales, ni los derechos sindicales, hemos tenido hostigamiento constante de parte de los mandos medios de la empresa. Mi preocupación es que los monopolios exijan el cumplimiento de la normativa mínima y que no solo consideren la elaboración del producto, sino los costos ocultos que ese producto tendrá al llegar a sus mercados”

Por su parte la representante del Sindicato de Villa Alemana, les hizo entrega de una copia del último contrato de trabajo, donde queda claramente establecida en una de las clausulas, el impedimento de negociar colectivamente, en su intervención la dirigente agrega “Lo que se viola con este contrato, aparte de impedirnos negociar, es que no aperece la distribución horaria, que está establecido en el código laboral. Como sindicato hemos sfurdo la persecución, cuando trabajé en la viña Concha y Toro, saqué varias fotos y videos sobre las condiciones de trabajo, no teníamos comedor, ni agua y por eso me despidieron”.

Las organizaciones de trabajadores en el encuentro con los Monopolios hicieron recomendaciones y alcances al código de conducta que pretenden implementar en nuestro país, llamado Business Social Compliance Initiative, BSCI, sabiendo que los vinos chilenos como argentinos tienen una alta demanda especialmente en Suecia, consideran necesario la presencia y la participación activa de los trabajadores agrícolas y sus organizaciones en la evaluación que los monopolios consideran realizar de este intercambio comercial con los importadores de vino.

Estos monopolios estatales, han adoptado un código de conducta vinculados a la cooperación empresarial europea, que no consideran la participación y la voz de los/as trabajadores, en cuyos términos, carece de credibilidad planteado de acuerdo al plan que traen los distintos estados.

Por ello instan a la delegación nórdica a escuchar las demandas de los sindicatos y las organizaciones, y que en el proceso de la auditoria, esté presente también la evaluación por parte de los trabajadores, ya que solo se le preguntará a las distintas empresas involucradas con el monopolio a contestar si han cumplido con las normativas. En esta misma línea, se pide que todos los involucrados en el proceso, reciban capacitación sobre el código y la legislación laboral de Chile.

También pidieron al monopolio, exigir que tanto hombres como mujeres tengan un trato digno, y que el contrato de trabajo sea parte de los requerimientos, y que sea una obligación de las empresas y los subcontratistas, y que la producción sea de forma armoniosa con el medio ambiente y las personas.

Para los y las dirigentes es una necesidad que los monopolios tomen una mayor responsabilidad sobre las condiciones de trabajo que imperan en los viñedos, consideran que la población de esos países deberían conocer e informarse sobre las condiciones en las que están negociando sus respectivos estados, la compra de vinos para poner en sus mercados.

Sandra Trafilaf

 

 

Alto al derramamiento de sangre campesina en el bajo Aguan

El pasado 9 de Junio del 2011 el movimiento campesino hondureño aglutinado en la vía campesina y La Alianza por la Soberanía Alimentaria y La Reforma Agraria (SARA) y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en un acto de solidaridad con las y los campesinos del Aguan realizaron una gran movilización en Tegucigalpa , la actividad comenzó en la universidad pedagógica y luego se trasladaron hasta casa presidencial y posteriormente concluyó en horas del medio día en el Congreso Nacional .

Las y los campesinos manifestaron el repudio al terror y la sangre que se está imponiendo a las y los campesinos del aguan por parte de los terratenientes extranjeros, al mismo tiempo denunciaron y condenaron enérgicamente el asesinato de tres compañeros campesinos del Bajo Aguan ocurrido el pasado domingo 5 de Junio del presente año a las 11:00 de la mañana.

 

Las y los campesinos denunciaron que con la masacre de estos tres compañeros suman ya 43 campesinos asesinados en el aguan ;actualmente hay al menos 6 campesinos desaparecidos en esa zona , según testigos estos campesinos han sido secuestrados por guardias de seguridad de los terratenientes Miguel Facussé(árabe), René Morales (Nicaragüense) y Reynaldo Canales(Salvadoreño ) .

Por tanto el movimiento campesino demanda:

1- El desarme de los grupos armados y sicarios al mando de terratenientes instalados en el valle del aguan.

2- Exigen la expropiación de las tierras del bajo Aguan, estas deberán ser entregadas a las y los campesinos de esa zona, que están sacrificando sus vidas por el derecho a la tierra.

3- Solicitan la intervención de organismos defensores de derecho humanos internacionales en la zona del aguan, así como también que se instale una oficina de la plataforma de Derechos Humanos para que vigilen lo que esta pasando en esa región

4- al gobierno de la república una pronta repuesta a este conflicto agrario cuya causa inmediata es la tierra.

5- Exigen la aprobación de una nueva ley de transformación agraria integral.

6- Demandan el respeto absoluto a los derechos humanos especialmente de las yl os campesinos que están siendo perseguidos y asesinados en el marco del reciente acuerdo de Cartagena de indias firmado por Porfirio Lobo Sosa.

7- Invitan a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales que visibilicen y denuncien estos hechos de barbarie y violencia permanente que se están dando en el aguan.

8- Denuncian la represión y persecución que viven nuestros campesinos y campesinas hondureños y en todo el mundo por la lucha incesante de sus legítimos derechos.

9- Finalmente el movimiento campesino hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional y especialmente a los movimientos sociales nacionales e internacionales a solidarizarse con las y los campesinos del aguan y a exigir que se detenga el baño de sangre campesina y el terror, el llamado es a preservar la vida de nuestros campesinos y campesinas y que no que imponga el terror.

PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL

SANGRE DE MARTIRES, SEMILLA DE LIBERTAD

Comunicaciones La Vía Campesina Honduras

 

Buenos Aires, 10 de junio 2011.

En los últimos días se ha sucedido en la Argentina el libramiento de órdenes judiciales de detención y allanamiento contra una docena de miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina en una nueva oleada de criminalización de la protesta social y la lucha por tierra para alimentar a los pueblos y no para el agronegocio.

Según ha informado el equipo legal del Movimiento, en el juzgado criminal 4to turno de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, se libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos., autodenominados propietarios del campo La Flor, en el departamento Alberdi. Las justificaciones para librar dicha orden son: asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra. Los compañeros y compañeras emplazados son Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo y Gustavo Carrizo, entre otros.

Se trata de una ofensiva que no resulta novedosa para el MOCASE que lleva dos décadas de lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos campesinos y por la distribución de la tierra en esa provincia argentina y que por ende ha sufrido la presecusión y represión contra sus miembros.

Lastimosamente, los mecanismos jurídicos han sido empleados como forma de acallar y desvirtuar la lucha de las comunidades y organizaciones en Argentina y en la región latinoamericana y caribeña en su totalidad, como lo hemos comprobado los integrantes de Amigos de la Tierra venidos de diez países reunidos en esta ciudad para nuestra Asamblea Anual.

Desde esta, nuestra máxima instancia de decisión regional, ATALC manifiesta la solidaridad con los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena afectados directamente por las órdenes de allanamiento y detención.

Al tiempo que difundiremos a través de nuestros grupos de base y el conjunto de las redes en las que participamos a nivel nacional, regional y global esta situación, cosechando mayor solidaridad con los compañeros y compañeras, reclamamos la anulación de las órdenes de allanamiento de sus viviendas y detención de sus personas, por improcedentes.

Reclamamos asimismo el inmediato cese del acoso de que son víctimas los luchadores y las luchadoras del MOCASE y el MNCI desde los tribunales judiciales a instancias de las empresas y terratenientes movidos por el objetivo de ampliar su dominio de los bienes naturales y maximizar sus ganancias.

Esta Asamblea ha ratificado el compromiso de nuestra Federación y grupos de base como un todo para la visibilización y censura a los procesos de criminalización de la resistencia de los pueblos, en lo urbano y rural, contra el avance del capital sobre sus derechos y bienes naturales.

Como hemos podido comprobar a través de testimonios de compañeros del MNCI que nos han acompañado en esta instancia de encuentro, la criminalización de su organización no se encuentra desligada del fenómeno de acaparamiento de tierras que ha vulnerado los derechos de estados y comunidades en todo el Planeta y que incluso ha sido objeto de preocupación desde la Organización de Naciones Unidas.

Instamos finalmente a otras redes amigas a manifestar su solidaridad y acompañamiento a las compañeras y compañeros y las organizaciones involucradas.

Grupos de base de Amigos de la Tierra de Argentina, Brasil, El Salvador, México, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Guatemala.

 

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO, se dirige a la opinión pública Nacional e Internacional con el propósito de manifestar su RECHAZO Y CONDENA a las acciones de persecución y señalamiento de que vienen siendo objeto los principales dirigentes y líderes del Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MOCASE de la República de Argentina.

Nos hemos enterado de las órdenes de allanamiento y judicialización contra los dirigentes DEOLINDA CARRIZO, ANGEL STRAPAZZON, RENÉ SANTILLAN, JAVIER SANTILLAN, RAFAEL MARTÍN GALVAN, GUSTAVO CARRIZO y varios compañeros más.

Estamos seguros que esta ola de persecución y señalamiento está relacionada con montajes hechos en complicidad entre las autoridades judiciales y latifundistas al servicio de los grandes agronegocios.

Desde Colombia hacemos extensiva nuestra voz de solidaridad con los miembros del MOCASE, a la vez que solicitamos al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ordenar de inmediato el cese de toda persecución contra los líderes del MOCASE y a garantizar el libre derecho de Asociación y Organización.

“NUESTRAS VOCES SE MULTIPLICAN EN LA UNIDAD”

COMITÉ EJECUTIVO

 

 

 

A Coordenação Latino Americana de Organizações do Campo, CLOC- Via Campesina, referente histórico de luta e resistência, denuncia a repressão e a criminalização da luta social que se aprofunda na Argentina e no resto do continente.Frente à ordem de prisão e mandatos de busca e apreensão contra 12 trabalhadores e trabalhadoras do Movimento Nacional Camponês Indígena da Argentina (MNCI), todos os movimentos da CLOC- Via Campesina expressam sua solidariedade, ao mesmo tempo que manifestam seu repúdio a estes atos de criminalização das lutas sociais.

Acreditamos no direito legítimo dos povos a lutar pelo direito à terra, à água e à soberania alimentar e resistir contra os interesses do capital transnacional e do agronegócio. Não podemos permitir que o ilegal hoje se converta em legal, permitindo que políticas de Estado ocultem através de uma aparente legalidade, a violação continua dos direitos dos povos. A perseguição e a criminalização não podem ser fundamentado com leis.

 

Na presente conjuntura, identificamos três razões para o crescimento desmedido da criminalização na América Latina:

1. A consolidação de governos progressistas, com tendências de esquerda, modificou sensivelmente o tabuleiro geopolítico regional em um sentido contrário aos interesses imperialistas.

2. Os movimentos sociais estão ativos. São verdadeiros atores políticos representativos da classe trabalhadora;

3. A classe dominante teme a organização e a luta política, criando mecanismos para frear os avanços da classe trabalhadora e conter as lutas sociais.

Neste sentido, a CLOC- Via Campesina compromete-se a seguir denunciando as práticas criminosas que hoje se confrontam contra os povos originários, camponeses, afrodescendentes e os movimentos sociais, tal como consta nas pronúncias de nosso V Congresso realizado em Quito, Equador, em outubro do ano passado.

As Organizações sociais de todo o Continente organizadas na CLOC- Via Campesina:

– Exigimos o fim da judicialização e criminalização do protesto social e castigo aos que constroem falsas provas e acusações infundadas contra o MNCI.

– Denunciamos a repressão e perseguição que vive os povos organizados em todo mundo pela luta incessante por seus legítimos direitos.

– Confirmamos a necessidade de fortalecer espaços e processos de unidade tanto a nível local e continental.

– Convidamos os meios de comunicação aliados em todo mundo, que visibilizem e denunciem estes fatos.

Finalmente, fazemos um chamado a todas nossas organizações, amigos e aliados para que se somem a esta pronúncia de solidariedade, denúncia e resistência à estratégia de criminalização do capital, que busca se posicionar na agenda política e no debate público contra a luta social. Paremos esta enérgica campanha satanização dos atores e lutas sociais.

“Podem encarcerar alguns, mas na luta do povo não há grades que a detenham”

 

 

 

 

 

8 de junho de 2011

Por Maria Mello e Vinicius Mansur

de Brasília (DF)

Do Brasil de Fato

“A mentalidade dos brasileiros é melhor do que a do Congresso que votou esse projeto. Devemos sair daqui para ir além da agenda de conversas com líderes, partidos e com a presidenta Dilma Rousseff, para cumprir a agenda ‘um milhão contra a devastação’. Se juntarmos esse número, o governo se sentirá respaldado para ter política. O que aconteceu no Egito, temos de fazer em defesa da sustentabilidade”. As palavras da ex-senadora Marina Silva deram o tom do lançamento do Comitê Brasil em defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, na manhã desta terça-feira (7), na sede nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

O Comitê reúne um raro leque de entidades como a OAB, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Via Campesina Brasil. Também fazem parte o Movimento Humanos Direitos, Movimento Amazônia para Sempre e a aliança de ONGs SOS Florestas.

Para João Paulo Rodrigues, da Via Campesina Brasil, este é um momento de enfrentamento ao setor mais reacionário do país, que combina o latifúndio atrasado e o agronegócio. “Acreditamos em um outro modelo de agricultura, não apenas baseado no produtivismo, mas em que as terras sejam lugar para viver. Acreditamos que esse momento é crucial porque a aprovação do código trará consequências gravíssimas não só para nossa geração, mas para as futuras. Temos de alterar o rumo e para isso queremos considerar o enfrentamento nas ruas”, defendeu. Rodrigues informou que a entidade promoverá, ainda este ano, em Brasília, um acampamento nacional por tempo indeterminado. “O povo na rua é que vai fazer a diferença. Estaremos com nossas foices afiadas contra o latifúndio improdutivo”, concluiu.

Além das entidades da sociedade civil, estiveram presentes no lançamento do Comitê autoridades políticas e os atores Letícia Sabatella, Victor Fasano e Christiane Torloni.

A coordenação do comitê já saiu do lançamento com tarefas: agendar audiências com a Presidenta Dilma Rousseff, com a presidência do Senado e as lideranças dos partidos que tem representação nessa casa. Também está prevista a criação de comitês estaduais.

Abaixo, o manifesto que cria o comitê.

Manifesto em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável do Brasil

Por que tanta polêmica em torno da manutenção do que resta das nossas florestas? Será possível que ambientalistas, cientistas, empresários, representantes de comunidades, movimentos sociais e tantos cidadãos e cidadãs manifestem sua indignação diante do texto do Código Florestal, aprovado pela Câmara dos Deputados, apenas por um suposto radicalismo ou desejo de conflito sem cabimento? Será justo afirmar que os defensores das florestas não levam em conta as pessoas e suas necessidades de produzir e consumir alimentos? Do que se trata, afinal? O que importa para todos os brasileiros?

Importa, em primeiro lugar, esclarecer a grande confusão sob a qual se criam tantas desinformações: não está se fazendo a defesa pura e simples das florestas. Elas são parte dos sonhos de um país com mais saúde, menos injustiça, no qual a qualidade de vida de todos seja um critério levado em conta. Um Brasil no qual os mais pobres não sejam relegados a lugares destruídos, perigosos e insalubres. No qual a natureza seja respeitada para que continue sendo a nossa principal fonte de vida e não a mensageira de nossas doenças e de catástrofes.

A Constituição Brasileira afirma com enorme clareza esses ideais, no seu artigo 225, quando estabelece que o meio ambiente saudável e equilibrado é um direito da coletividade e todos – Poder Público e sociedade – têm o dever de defendê-lo para seu próprio usufruto e para as futuras gerações.

Esse é o princípio fundamental sob ataque agora no Congresso Nacional, com a aprovação do projeto de lei que altera o Código Florestal. 23 anos após a vigência de nossa Constituição quer-se abrir mão de suas conquistas e provocar enorme retrocesso.

Há décadas se fala que o destino do Brasil é ser potência mundial. E muitos ainda não perceberam que o grande trunfo do Brasil para chegar a ser potência é a sua condição ambiental diferenciada, nesses tempos em que o aquecimento global leva a previsões sombrias e em que o acesso à água transforma-se numa necessidade mais estratégica do que a posse de petróleo. Água depende de florestas. Temos o direito de destruí-las ainda mais? A qualidade do solo, para produzir alimentos, depende das florestas. Elas também são fundamentais para o equilíbrio climático, objetivo de todas as nações do planeta. Sua retirada irresponsável está ainda no centro das causas de desastres ocorridos em áreas de risco, que tantas mortes têm causado, no Brasil e no

mundo.

Tudo o que aqui foi dito pode ser resumido numa frase: vamos usar, sim, nossos recursos naturais, mas de maneira sustentável. Ou seja, com o conhecimento, os cuidados e as técnicas que evitam sua destruição pura e simples.

É mais do que hora de o País atualizar sua visão de desenvolvimento para incorporar essa atitude e essa visão sustentável em todas as suas dimensões. Tal como a Constituição reconhece a manutenção das florestas como parte do projeto nacional de desenvolvimento, cabe ao poder público e nós, cidadãos brasileiros, garantir que isso aconteça.

Devemos aproveitar a discussão do Código Florestal para avançar na construção do desenvolvimento sustentável. Para isso, é de extrema importância que o Senado e o governo federal ouçam a sociedade brasileira e jamais esqueçam que seus mandatos contêm, na origem, compromisso democrático inalienável de respeitar e dialogar com a

sociedade para construir nossos caminhos.

O Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, criado pelas instituições abaixo assinadas, convoca a sociedade brasileira a se unir a esse desafio, contribuindo para a promoção do debate e a apresentação de propostas, de modo que o Senado tenha a seu alcance elementos para aprovar uma lei à altura do Brasil.

 

Como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- Vía Campesina, referente histórico de lucha y resistencia del Continente denunciamos la represión y la criminalización de la lucha social que al presente se están agudizando en Argentina y en el resto del continente.

Frente a la orden de detención y allanamiento hacia 12 compañeras y compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, MNCI, la CLOC- VIA CAMPESINA expresa su solidaridad, a la vez que manifiesta su repudio frente a estos actos de criminalización de la protesta social. Creemos en el derecho legítimo de los pueblos a resistir, a luchar por el derecho a la tierra, al agua, a la soberanía alimentaria derechos que se han condicionado por los intereses el capital transnacional relacionado con el agronegocio. No podemos permitir que lo ilegal hoy se convierta en legal y lo que los Estados hacen tiene una apariencia de legalidad aunque viole continuamente los derechos de los pueblos. La persecución y la criminalización no se pueden fundamentar con leyes.

 

En la presente coyuntura, desde la CLOC- VIA CAMPESINA identificamos tres razones para el crecimiento desmedido de la criminalización en América Latina: 1. Porque la consolidación de gobiernos progresistas con tendencias de izquierda, con figuras como Chávez y ahora Ollanta en Perú, se modifica sensiblemente el tablero geopolítico regional en un sentido contrario a los intereses imperiales. 2. Porque es señal que los movimientos sociales están activos – son verdaderos actores políticos representativos de la clase trabajadora; 3. Porque la clase dominante teme a la organización y a la lucha política, este es un mecanismo para frenar los avances de la clase trabajadora, puesto que buscan contener las luchas sociales, y sabemos minimizar la respuesta a sus demandas.

En este sentido, desde la CLOC- VIA CAMPESINA nos comprometemos a seguir denunciando las prácticas criminales que hoy se despliegan contra los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes, y contra los movimientos sociales tal como consta en los pronunciamientos de nuestro V Congreso realizado en Quito- Ecuador en octubre del año pasado.

Las Organizaciones sociales en todo el Continente agrupadas en la CLOC- Vía Campesina:

– Exigimos el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social y castigo a los que construyen falsas pruebas y acusaciones infundadas hacia las y los compañeros del MNCI

– Denunciamos la represión y persecución que viven los pueblos organizados en todo el mundo por la lucha incesante por sus legítimos derechos

– Confirmamos la necesidad de fortalecer espacios y procesos de unidad tanto a nivel local como continental.

– Invitamos a los medios de comunicación aliados en todo el mundo a que visibilicen y denuncien estos hechos.

Finalmente, hacemos un llamado a todas nuestras organizaciones, amigos y aliados para que se sumen a este pronunciamiento de solidaridad y denuncia, precisamos resistir esta estrategia de capital que busca es posicionar en la agenda política y en el debate público la criminalización de la lucha social. Paremos esta enérgica campaña que busca satanizar a las y los actores y socavar el apoyo de la opinión pública.

“Se puede encarcelar a algunos, pero para la lucha del pueblo no hay rejas que la detenga”

 

El día lunes 6 de junio la policía detuvo a Alcides Santillán y lo retuvo en la comisaría de Campo Gallo. El mismo día por la noche fue puesto en libertad. El mismo día la policía detuvo a Rafael Martín Galván en Monte Quemado, por supuesto delito de amenazas en perjuicio de Hortensia Policarpio de Valderrama. El martes 7 por la mañana, cerca de las 11 hs se presentó un escrito desde la organización solicitando la libertad. Como el juez no se presentó a trabajar la situación permanece sin respuesta.

 

Por otro lado, en el juzgado criminal 4to de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, se libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos. Autodenominados propietarios del campo La Flor, Dpto. Alberdi. Las causas están bajo secreto de sumario, pero sabemos que buscan (con orden de allanamiento y detención) a Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo, entre otros y los delitos de los que maliciosamente se los acusa son: asociación ilícita, daños, usurpación, tenencia de armas de guerra, etc.

Estos compañeros y compañeras, entre muchos miles, son luchadores por la igualdad, la justicia, por el derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, comprometidos con las campesinas y campesinos y los sectores populares y eternos defensores de los derechos humanos. Exigimos el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social y castigo a los que construyen falsas pruebas y acusaciones infundadas. Se puede encarcelar a algunos, pero para la lucha del pueblo no hay rejas que la detenga.

¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!

¡Somos Tierra para alimentar a los Pueblos!

MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA –

CLOC – VIA CAMPESINA

secretaria.mnci@gmail.com

mocase.vc@gmail.com

Contactos:

03844414162

03844408668

03843675570

20 Años MOCASE-VC http://mocase-vc.blogspot.com

MNCI- http://www.mnci.org.ar/

CLOC- http://www.cloc-viacampesina.net/

La Vía Campesina- Argentina http://viacampesina.org/sp/

 

Bromeando respecto al magistrado que cursó la antojadiza orden, Tarchini Saavedra, Deolinda señaló que “es a esta altura casi un amigo del Movimiento porque no es la primera vez que emite resoluciones de este tipo. La semana pasada mandó realizar una inspección ocular de una comunidad indígena ubicada en el Lote 4. Se trata de un juez que tiene una clara intención”.

 

Deolinda dijo que por detrás de estas tensiones, existe la presión de los cultivadores sojeros que buscan ocupar nuevas tierras desplazando así a comunidades. Otro de los referentes de MOCASE-MNCI sobre quien existe orden de apresamiento es Ángel Strapazzón, quien por estas horas regresa de España donde participara de la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Según un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) la órden de detención alcanza a una docena de integrantes de la organización. “Las causas están bajo secreto de sumario, pero sabemos que buscan (con orden de allanamiento y detención) a Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo, entre otros y los delitos de los que maliciosamente se los acusa son: asociación ilícita, daños, usurpación, tenencia de armas de guerra, etc.”.

“Estos compañeros y compañeras, entre muchos miles, son luchadores por la igualdad, la justicia, por el derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, comprometidos con las campesinas y campesinos y los sectores populares y eternos defensores de los derechos humanos. Exigimos el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social y castigo a los que construyen falsas pruebas y acusaciones infundadas. Se puede encarcelar a algunos, pero para la lucha del pueblo no hay rejas que la detenga”, señala el MNCI.

Escuchamos el testimonio de Deolinda Carrizo.

Foto: Radio Mundo Real

Descargar audio

http://www.radiomundoreal.fm/IMG/mp3/deo_carrizo.mp3

Audio: MP3 – 3.3 MB

 

 

7 de junho de 2011

Por Marcio Zonta

Especial para a Página do MST

As 104 famílias do assentamento Brejo da Ilha do MST, no Maranhão, vem sofrendo com os efeitos nefastos da implantação e funcionamento da Usina Hidrelétrica de Estreito.

“Desde que foi construída a barragem perdemos acesso ao rio, não podemos mais pescar, banhar, pegar água”, afirma o assentado Alberto dos Reis.

Além de perderem o acesso ao rio, os assentados viram 50% da Reserva Legal do assentamento ser submergido pela água. “Parece brincadeira. Se fosse nós que tivéssemos devastado, o Ibama nos puniria, mas como foi a hidrelétrica nada acontece”, reclama o engenheiro agrônomo Manoel Antonio, morador do Brejo da Ilha.

 

Sem serem contatados pelo Consórcio Estreito de Energia (Ceste) formado pelas empresas Suez Energy, Vale, Alcoa e Camargo Corrêa, as famílias só tinham acesso as informações sobre a hidrelétrica pelo Incra. “O Incra foi escolhido pela Ceste para intermediar as negociações, tanto é que nunca fizeram uma reunião aqui no assentamento. Tudo era decidido em Tocantins”, revela Manoel.

Beneficiados

Para a professora de Ciências Sociais da Universidade Federal de Tocantins (UFT), Rejane Medeiros, trata-se “de um caso de privatização da água, um bem natural sendo utilizado a favor da minoria que controla a água na região para gerar energia para seu próprio beneficio”.

Na época da construção da hidrelétrica de Estreito, ficou acordado entre as famílias, o Incra e a Ceste um projeto de irrigação para que chegasse água às lavouras e nos lotes. «Mas isso não foi atendido e, cercado por tanta água vivemos na seca, pois os poços que temos não dão conta de nossa demanda para plantio e moradia”, lamenta Manoel.

Indenização

Outro ponto observado pela professora é que as famílias teriam que ser indenizadas, “antes de qualquer coisa, pelo fato de terem perdido o acesso ao rio”.

O consórcio indenizou apenas cinco famílias que tiveram seus lotes inundados pela água. “Essas foram para a cidade contrariadas, perderam suas benfeitorias na roça e vivem com dificuldades fora do campo”, diz Manoel.

Alberto Reis, morador do assentamento desde o principio há 14 anos indigna-se: “água é saúde é vida e nós ficamos sem direito a isso”.