Autor: clocvc

Viernes 17 de Agosto de 2012

Adital

De 20 a 22 de agosto, organizaciones sociales del campo realizan un Encuentro Nacional Unitario de los Trabajadores/as, Pueblos del Campo, de la Aguas y de las Florestas, en el Parque de la ciudad en Brasilia. Más de 5 mil delegados de todo el Brasil participarán en la reunión que recuerda el primer Congreso Campesino, realizado en 1961.

El encuentro es el primer evento de una serie de movilizaciones articuladas por los movimientos del campo, como Vía Campesina, Movimiento Campesino Popular (MCP), Caritas Brasileira, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag), la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar (Fetraf), Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq), además de movimientos indígenas y pescadores.El propósito es afirmar la lucha de los pueblos y grupos sociales reunidos en el encuentro por el derecho a la tierra e iniciar un proceso de unidad de sus respectivos movimientos en el próximo período.

«La defensa de la construcción de un encuentro unitario es atravesada por un denominador común, enfrentar el agro-negocio. Se trata de un modelo excluyente que además de promover la degradación del medio ambiente, irrespeta las relaciones de trabajo familiar. Esta cantinela de que el agronegocio produce alimentos es falsa, 70% de los alimentos consumidos en el país proceden de la agricultura familiar. El resultado del agronegocio es la degradación productiva y económica”, expresa William Clementino, secretario de Políticas Agrarias de la Contag.

Según Alexandre Conceição, de la Coordinación Nacional del MST y Vía Campesina, el encuentro unitario permite el debate sobre la actual coyuntura agraria en Brasil y a partir de este debate, desarrollar acciones estratégicas conjuntas con otros movimientos para enfrentar al Capital.

«La Reforma Agraria continúa siendo ignorada por el gobierno. Mientras las empresas transnacionales avanzan en la agricultura brasileña, sin el límite de las reglas democráticas. Las luchas y movilizaciones de los movimientos sociales en el campo deben ser mayores y unificadas para conseguir presionar al estado brasileño una fuerza mayor y garantizar el desarrollo de políticas públicas agrícolas para el campo”, comenta Conceição.

El encuentro representa la unificación de las diferentes organizaciones sociales, étnicas y agrarias de Brasil. Pueblos indígenas, comunidades tradicionales, asentados y acampados de la reforma agraria, campesinos contemporáneos, agricultores familiares, extractivitas del bosque, pescadores artesanales, quilombolas y también trabajadores asalariados; se reunirán en la perspectiva de defensa de la soberanía popular.

El Coordinador Nacional de la Conaq, Denildo Rodrigues, destaca que la unificación de las organizaciones sociales presentes en el campo brasileño, constituye un momento histórico para garantizar la defensa de los derechos de los indígenas y quilombolas.

«Se trata de la cuestión del campo brasileño unido en una propuesta procedente de diversas organizaciones sociales que antes luchaban por conquistar derechos, y que hoy luchan por defender derechos conquistados. El Estado brasileño se adentra en las comunidades con las fuerzas armadas violando esos derechos”, dijo Denildo.

Es en esta la coyuntura de amenazas concretas contra la vida y la tierra que los campesinos brasileños tienen la necesidad de comprender en la práctica el proceso de lucha nacional articulado de movimientos sociales y pueblos del campo.

«Estamos viviendo una coyuntura hostil, principalmente para la Reforma Agraria. Desde el Gobierno de Lula se creó el discurso que la solución para la agricultura familiar y campesina, era unirse con las grandes empresas transnacionales. Con la unidad de los movimientos de campo, de las aguas y las florestas, estamos dando un paso para quebrar la lógica de que la Reforma Agraria en Brasil no es necesaria”, enfatiza Francisco Lucena, de la Coordinación Nacional de la Fetraf.

Lucena también subraya la necesidad de políticas que promuevan la igualdad, «ya hemos identificado a nuestro enemigo común, el agronegocio. Ahora necesitamos políticas de distribución de la tierra para una verdadera democratización de la sociedad”, dijo.

Encuentro Unitario en las redes sociales:

Blog: encontrounitario.wordpress.com

 

Viernes 17 de Agosto de 2012

El presidente constitucional depuesto por el Congreso paraguayo, Fernando Lugo, pidió desde el Foro Social unidad para luchar por la democracia (Foot:EFE)

El Foro Social convocado por el Movimiento Paraguay Resiste, liderado por Fernando Lugo, concluyó con una declaración en la que el presidente constitucional, depuesto por el Congreso del país, llamó a la unión para restaurar el orden democrático.

El presidente constitucional y depuesto por el Congreso paraguayo, Fernando Lugo, aseguró este jueves en la clausura del Foro Social Paraguay Resiste que es necesario “fortalecer la unidad de la izquierda en el país para derrotar el golpe de Estado”.

Luego de dos días de debates, varios centenares de delegados procedentes de los distintos departamentos, representando a las organizaciones sociales de todos los sectores de la nación, reiteraron su rechazo al juicio político que destituyó de su cargo al presidente Lugo.

Desde el Foro Social responsabilizaron a los partidos políticos de derecha, así como a los grandes intereses económicos nacionales y multinacionales del agro y la industria por la ruptura democrática ocurrida y, según el movimiento Paraguay Resiste, el retroceso registrado en los avances sociales.

A través de un comunicado, el movimiento expresó que “el golpe de Estado, ejecutado violentamente contra el gobierno elegido por el pueblo y contra el proceso democrático trabajosamente construido en nuestro país, representa un retroceso gigante de las conquistas del pueblo paraguayo”.

Otro punto importante al que se llegó en el evento fue la decisión de multiplicar el Foro Social mediante “la articulación de las organizaciones asistentes en un espacio común de acción conjunta, el cual incluirá a filiales de esa instancia constituidas por paraguayos residentes en varios países”, de acuerdo al comunicado.

También se lee en la declaración final que “tenemos como desafío rescatar y revalorizar la verdadera soberanía con autoridades legítimas y construir un modelo de sociedad distinta”.

Las entidades que participaron en los debates representan a diversos grupos de campesinos, trabajadores, indígenas, estudiantes, mujeres y profesionales de todas las regiones del país.

El ex jefe del Estado paraguayo, Fernando Lugo, ratificó el miércoles en declaraciones exclusivas a teleSUR la posibilidad de postularse en las próximas elecciones presidenciales de su país, que se llevarán a cabo el año que viene.

Lugo explicó que si bien es cierto que la Carta Magna paraguaya establece que “en ningún caso se permite” que un presidente vuelva a lanzarse a la reelección para el máximo cargo del Ejecutivo, esto es siempre y cuando el mandatario haya cumplido con todo su mandato, y no en su caso.

“Cuando se vio truncado el proceso democrático, yo no cumplí los cinco años. Yo no soy senador vitalicio y en consecuencia, por analogía política, hay juristas que dicen que tengo la puertas abiertas para mi candidatura”, aseguró Lugo.

Viernes 17 de Agosto de 2012

La Radio del Sur

Bertha Cáceres, dirigenta del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), denunció que tropas militares estadounidenses se desplazan libremente por los ríos ubicados en la región de la mosquitia, en el norte del país.

En entrevista para La Radio del Sur, Cáceres indicó que la injerencia de Estados Unidos en Honduras es descarada y señaló que en la “Mosquitia” Washington pretende instalar lo que sería su base militar más grande en Latinoamérica. Agregó que en dicha región podrían encontrarse grandes yacimientos petroleros.

La dirigenta social indicó que el gobierno estadounidense pretende invertir mil trescientos millones de dólares para ubicar a sus tropas y utilizar a territorio hondureño como plataforma para agredir a otros países.

La región de la “Mosquitia” está ubicada en el norte del país, entre el Caribe y la frontera con Nicaragua. Tiene límites marítimos con Jamaica, Cuba, Belice y la propia Nicaragua. Allí se ubican cuatro etnias indígenas, que se encuentran amenazadas por la presencia militar norteamericana.

Contradicción

La presencia militar estadounidense en Honduras ha sido justificada como parte de los mecanismos conjuntos de la lucha contra el narcotráfico, pero advierte Cáceres, que ha ocurrido lo contrario y a medida que se incrementa la cifra de efectivos norteamericanos, aumenta también el narcotráfico.

 

 

Viernes 17 de Agosto de 2012

1. Ratificamos que en Paraguay hubo un Golpe de Estado Parlamentario, que busca frenar nuestro proceso democrático, amenaza a nuestra Soberanía Nacional y pone al servicio de las multinacionales nuestros más preciados recursos naturales.

2. Denunciamos la criminalización de las luchas sociales, porque consideramos que este tipo de medidas forma parte de una persecución política que históricamente busca acallar las voces del sector popular. Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social, amparados en la Constitución Nacional que en su art. 32 garantiza la “libertad de reunión y de manifestación”.

3. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la compañera Magui Balbuena, incansable luchadora social en defensa de las reivindicaciones populares y de las mujeres campesinas e indígenas. Del mismo modo, nos solidarizamos con los compañeros Abel Recalde, del Partido Tekojoja; Hilda Montiel, del PPC; Eugenio Cristaldo, del PDC; y César Ortega González, del P-MAS, sobre quienes también pesa la acusación de “supuesto hecho punible de coacción e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.

4. Acompañaremos la toma de declaración de la Fiscalía muy atentamente y ante cualquier irregularidad estaremos difundiendo la denuncia internacional de que en Paraguay el fantasma de la dictadura vuelve a posarse sobre las reivindicaciones y reclamos populares y no dudaremos en exigir el debido proceso y el respeto de los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros afectados.

5. Invitamos a la ciudadanía a estar alerta ante este tipo de medidas arbitrarias por parte del actual gobierno de facto, que teniendo todos los condimentos de una dictadura en ciernes, pretende revivir los procedimientos arbitrales que nacían al resguardo de la Ley 209 durante el régimen de Stroessner, la cual penaba toda oposición y pensamiento diferente bajo la falacia de la “paz y seguridad pública”.

¡Dictadura nunca más!

¡La lucha social es la lucha por la justicia!

¡Fuera gobierno golpista!

 

 

Jueves 16 de Agosto de 2012

Por Enrique Dusell

La nueva dictadura antidemocrática, en nombre de la «libertad de prensa» y la misma democracia, se organiza gracias al monopolio de los medios de comunicación. Esas élites pueden comprar todo medio de comunicación que alcance un amplio porcentaje de escuchas, lectores o espectadores, y que son orquestados por periodistas, intelectuales o artistas a sueldo del capital. Es la mediocracia globalizada, mundial.

La dominación mundial, el nuevo imperialismo tiene una insospechada fisonomía que la vamos descubriendo en su ejercicio. Tiene implantación en el Estado nacional, pero se liga a una red internacional con base en instituciones informales (reuniones o foros como los de Davos, el grupo Bloomeberg?, etcétera).

Es una élite de los grandes millonarios o propietarios capitalistas, especialmente en el ámbito financiero, pero igualmente en las grandes trasnacionales industriales y comerciales. Estas élites nacionales ligadas mundialmente, cuyos grandes bancos son paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos a los estados que, sin embargo, la protegen con sus ejércitos y prestan la población como mano de obra y absorben los endeudamientos asumiéndolos a cuenta del Estado (y que se pagan con impuestos de los ciudadanos), tienen dos instrumentos esenciales del ejercicio de su poder económico como poseedores de capital.

Por una parte, esa élite del capital globalizado mundial usa a las burocracias de los estados centrales (como Estados Unidos, los de Europa, Japón y otros) y periféricos como instrumentos o mediaciones de su poder. Lo económico ejerce su hegemonía sobre el poder político corrupto, que se vende a los intereses de ese capital globalizado. El Estado, como hemos indicado, presta la población como mano de obra a las trasnacionales, paga las deudas y permite que extraigan sus cuantiosas ganancias que, como decíamos, frecuentemente salen del territorio de los home States originarios de esos millonarios y se protegen en los lugares más seguros (para evadir el pago de impuestos). El juego sucio en su favor lo hace entonces la burocracia política de los gobiernos de los estados.

Pero, ¿cómo lograr esa sumisa obediencia de las burocracias corruptas de los estados centrales y periféricos? Ya no se recurre a los ejércitos de ocupación como en las colonias, ni a los golpes de Estado militares, sino a un sutil y bien extendido nuevo procedimiento que penetra la estructura de la democracia representativa (tanto en el centro como en la periferia, cuyo efecto hemos visto en Honduras, Paraguay y México). El Supremo Tribunal de Justicia de Estados Unidos (en 2010) ha dado la posibilidad de una ilimitada contribución de los capitales privados en las campañas políticas para elegir representantes en un régimen aparentemente democrático solamente representativo.

Pero la nueva dictadura antidemocrática, en nombre de la «libertad de prensa» y la misma democracia, se organiza porque esas élites del capital, cuyo uno por ciento llega a tener 40 por ciento de la riqueza de las naciones en las que gestiona ese capital, gracias al monopolio de los medios de comunicación: televisión, radio, diarios, cine, medios electrónicos, universidades privadas de excelencia, etcétera. Esas élites pueden comprar todo medio de comunicación que alcance un amplio porcentaje de escuchas, lectores o espectadores, y que son orquestados por periodistas, intelectuales o artistas a sueldo del capital (los «nuevos mandarines» de Noam Chomsky). Con ese ejército de «tanques de pensamiento» esos medios crean una pantalla avasallante de mensajes que produce, casi de manera infalible, una opinión pública en su favor. Es decir, «en favor» de los intereses de esas minorías riquísimas, intereses que están en contra de la posibilidad de una vida humana de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Es la mediocracia globalizada, mundial. El capitalismo, que comenzó a usar la propaganda para derrotar a los otros capitales en la competencia e imponer sus productos, aprendió toda una técnica del uso de esa propaganda para producir en el receptor de sus mensajes programados una respuesta inevitable. Esa enorme experiencia de la propaganda en el mercado de mercancías la aplicó ahora a la propaganda política del mercado de candidatos para producir representantes.

Pero, además de embrutecer a las masas hipnotizadas por la mediocracia, las lleva a la mayor destitución de su dignidad por medio del negocio de las drogas (que por el lavado del dinero de las mafias terminan en sus grandes bancos y es sumamente beneficiosa para el gran capital, por lo que la estrategia de Felipe Calderón no puede sino fracasar), que destruye al pueblo, que crea una violencia generalizada y que en cierta manera elimina mano de obra sobrante, desempleada estructuralmente.

Para colmo, por el negocio de las armas, crea guerras y organiza hostilidades que producen nefastos efectos, cientos de miles de muertos, no sólo en las guerras entre estados, sino igualmente por el crimen cotidiano callejero (con el lema de la sagrada «libertad» de portar armas).

La única manera de cortar el nudo Gordiano es por medio del despertar de las masas como pueblo actor de la historia, que pueda elegir representantes (articulado a la democracia participativa), que por medio de la regulación de los medios de comunicación destruya el poder de éstos (la mediocracia) mediante leyes que democraticen realmente dichos medios en proporciones justas y plurales, creando una televisión, una radio, una prensa, un cine, un apoyo a las universidades públicas y gratuitas, en servicio de las grandes mayorías empobrecidas (y todavía alienadas por una propaganda interesada)

Publicado por La Jornada

http://www.jornada.unam.mx

 

 

Miércoles 16 de Agosto de 2012

Guerra ambiental en los Andes: Yanacocha, una mina de oro en el Norte del Peru, se va ampliar diez veces más. El nombre de este mega-proyecto de crecimiento se llama Proyecto Conga. «Conga» está generando luchas que el periódico «Neue Zürcher Zeitung» lo clasifica como una «guerra regional». Mucho está en juego: Ya desde ahora la explotación a tajo abierto (se muele inmensas masas de piedra, a cerros enteros se les exteniende sobre geomembranas y se saca los metales preciosos utilizando cianuro y mercurio) a 4 mil metros de altura es la segunda en tamaño de las minas de oro del mundo.

«Los campesinos trabajan sus minifundios en las laderas de la región aguifera que ahora se quiere sacrificar por la codicia del oro!» dice el teólogo de la liberación Marco Arana, conocido en Alemania porque recibió el premio de la Paz de Aachen.

Hasta hace poco él ha sido sacerdote y párroco de una de las regiones más afectadas por la mina Yanacocha. Cuando el pueblo se la propuso a Arana como pre candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido ecosocial «Tierra y Libertad» en el 2011, la jerarquía de la Iglesia Católica lo expulsó del sacerdocio. El obispo conservador encargado de administrar la diócesis de Cajamarca, un agustino recoleto venido del norte de España e impuesto por el Vaticano, en una de sus visitas Alemania habló con esta revista «Publik Forum», dejando notar su satisfacción porque Arana ya no pertenezca al grupo de un promedio de 40 sacerdotes de su diócesis.

«Con cianuro envenenan a nuestra tierra y nos quitan todo el agua», dice el campesinos Miguel Garcia a los reporteros de emisoras de Televisión de América del Norte y Sur que desde hace semanas están informando en forma directa de la ciudad de Cajamarca. Newmont Mining con sede en Denver, Colorado mantiene la mayoría de las acciones. Es la empresa minera más grande del mundo, fundada en 1916 y desacreditada por sacar la máxima ganancia de cualquier cerro sin desvíos sociales u ecológicos. «Hemos sido expuestos a vahos de mercurio venenoso sin ropa protectora» cuenta Percy Potilla, quien trabajó en un camión para la mina y ahora es inválido.

El 45% de las acciones de la mina Yanacocha («laguna negra») es dueña la empresa peruana Buenaventura, a la cual los empleados del estado han frenado durante algunos meses el inicio de la explotación por motivos ecológicos y falta de licencia social de la población, mientras que el precio del oro está subiendo en las bolsas del mundo de record a record. Por su parte Newmont Mining está haciendo todo lo imposible para que el proyecto aurífero se realice de todas maneras, incluso amenazando al estado de multar por no cumplir el contrato. Agregan que legalmente les corresponde ya que el tratado de libre comercio con Estados Unidos les favorece.

En los primeros dias de Julio de este año el ejército fusiló a cinco campesinos por protestar en manifestaciones no violentas contra este envenamiento que les quita la base de la vida. El segundo día de estado de emergencia Marco Arana en la plaza de armas de Cajamarca daba una entrevista a la prensa, llegaron treinta militares bien armados, lo maltrataron y lo metieron a la cárcel. Así se muestra en los videos y las fotografías de esta acción que gracias a YouTube giraron alrededor del mundo.

El obispo Carmelo Martinez ha viajado a Bambamarca en su carro al entierro de Joselito Vásquez. No se fue para solidarizarse con los deudos y campesinos afectados, sino «para insistir a la gente que no empleen la violencia», así él mismo ha manifestado en una entrevista con activistas del trabajo de Partnerschaft de la Iglesia en Freiburg, a pocos días después de los acontecimientos dramáticos en la region de Cajamarca; además durante las semanas que desbordaba el movimiento social, el obispo daba su visto bueno a favor de la represión contra los activistas y criticaba las protestas contra el proyecto Conga.

No es usual que un obispo conservador en tiempos de conflicto durante más de dos horas se enfrente a las preguntas de cristianos críticos y movidos por la solidaridad. El obispo Martinez, ordenado obispo en 2002 y como tal un representante típico de la «iglesia triunfante» del papa popular polaco Juan Pablo II, no tiene opción preferencial por las pobres. Cuando el padre agustino habla del mundo en el que él tiene que actuar, los campesinos, es decir la inmensa mayoria de los 850 mil católicos de su obispado, sólo juegan un papel secundario. Su mundo está compuesto por autoridades, empresarios y otra gente de poder. Con todos ellos hay que armonizar para el bien de la iglesia y de la sociedad.

El obispado de Cajamarca bajo el obispo José Dammert (muerto 2008 con 91 años de edad) seguía durante décadas el camino liberador de la «iglesia de los pobres» en sus comunidades de base. «Se ha dado mucha importancia a un trabajo pastoral social y de derechos humanos» se queja del obispo actual Martinez: «Pero adonde nos ha llevado? El trabajo de evangelización se ha quedado atrás y en consecuencia de los 150 mil ciudadanos de la ciudad de Cajamarca apenas un 55% hoy se confiesan católicos» Martinez quiere «superar de una vez por todas la discordia heredada desde generaciones atrás» con el medio de un seminario bueno y sano para formar buenos sacerdotes. ¿Cómo ve el futuro de la iglesia? Con «muchos buenos sacerdotes» el obispo quiere llevar a la región a nuevas alturas respecto a la vida eclesial.

¿Y el futuro del Peru? El obispo Carmelo explica con vistas a la ampliación Conga la perspectiva de los trabajadores de la mina – y no de las víctimas campesinas de esta empresa macro-industrial. «En caso que fracase el proyecto Conga», entonces eso sería una señal para las empresas mineras internacionales para retirarse del Perú. «Entonces» -dice Carmelo- «25 proyectos de extracción de oro y plata no serán realizados. Y entonces «también dos docenas de proyectos de extracción de oro negro y de gas» en el Perú no van a ser realizadas. Eso sería una catástrofe para la nación y para el gobierno». Naturalmente: el presidente populista y llamado de izquierda quiere realizar la gran transformación a favor de los pobres através de la ganancia mediante la exctracción y exportacion de materias primas. Como ejemplo habla a veces de Brasil, a veces de Venezuela. Acaso esta política es sostenible? Los campesinos desesperados en el campo de Cajamarca se hunden con eso. www.ecoportal.net

Una mina en Perú envenena el agua de los campesinos – Publicado en la revista alemana «Publik Forum» 2012, 10 de Agosto

 

Jueves 16 de Agosto de 2012

Un total de 1,500 familias que ocupaban tierras nacionales es decir del Estado de Honduras, fueron desalojadas hoy en horas de la mañana por miembros del ejército y la policía en la Comunidad de Agua Blanca Sur del Progreso, Yoro.

A causa de los desalojos arbitrarios e ilegales que ejecuta el ejército y la policía han sido detenidos 42 campesinos y campesinas y remitidos a la posta policial del Progreso, Yoro, entre ellos 28 menores de edad, acusados por usurpación de tierras.

Estos son nombres de algunos de los detenidos:

1- Jorge Luis Amaya ( menor de edad)

2- José Osmin Sánchez ( menor de edad)

3- José Lucas del Cid ( menor de edad)

4- José Jonathan Aparicio ( menor de edad).

5- Ilsia Loany Colindres

6- Romelia Ramírez

7- Dina Escalante

8- Josué Peña

9- Franklin Antonio Aguilera

10- Maynor Alexander Vásquez

11- Rony Josué Munguía

12- Tomas Reyes

13- Manuela de Jesús López

14- Pedro Molina

15- Marciano Maldonado

Actualmente los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur estaban ocupando 6,317 manzanas de tierra que fueron expropiadas por Instituto Nacional Agrario (INA), ya que se le requirió que no presentaron documentación alguna, donde el 29 de julio del año en curso los campesinos de este sector entraron al proceso de recuperación.

Así como establece la Constitución de la República en el artículo 344 al 350 donde mande que debe desarrollarse un proceso de reforma Agraria.

Asimismo, las organizaciones campesinas están exigiendo la derogación inmediata de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y que es una Ley Inconstitucional, porque se contradice con los artículos antes mencionados.

Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA)

 

El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha.

Por Darío Aranda

Se autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”. Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.

-Félix Díaz sufrió la última semana un “accidente” en Formosa. Lo rozó una camioneta cuando iba en moto y terminó en el hospital. Díaz aseguró que no fue un accidente.

-Hablé con Félix. Es terrible lo de Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los gobiernos hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos originarios y esto tiene relación directa con las políticas del gobierno nacional.

-¿Qué políticas del gobierno nacional?

-La política de no reconocimiento de los pueblos originarios. Un ejemplo claro es el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos, ya sea de las provincias o Nacional, pero no para el desarrollo de los pueblos originarios.

-Usted vivió de cerca la conformación de la mesa de diálogo por la comunidad La Primavera, a fines de 2010.

-Fue lamentable la política del Gobierno para con el Pueblo Qom de Formosa. No reconoció a Félix Díaz como líder qom a pesar de que la comunidad lo eligió por amplia mayoría. Permitió el avance de Parques Nacionales sobre la comunidad y encima terminó suspendiendo la mesa de diálogo.

-¿Por qué un gobierno que ha demostrado sensibilidad con los derechos humanos y que ha tomado esa bandera toma la decisión de no respetar los derechos de los pueblos indígenas?

-El gobierno nacional no tiene sensibilidad, tienen interés político en los derechos humanos que abarcan el periodo 1976-1983. Ni siquiera aborda lo actuado por la Tripe A. El Gobierno no quieren entender de derechos humanos de antes del 76 ni posterior al 83. La política de derechos humanos está restringida a la última dictadura militar.

-¿Cómo debieran entenderse los derechos humanos?

-Nosotros entendemos los derechos humanos desde su integralidad, lo que claramente debe incluir los derechos de los pueblos originarios, los derechos de quienes luchan contra la minería. Por eso no entiendo un proyecto que se dice “nacional y popular” y no aborde esas situaciones. En cuanto a derechos humanos, hay más discursos que políticas.

-En el marco del juicio por fumigaciones del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) usted dijo que el modelo agropecuario viola derechos humanos fundamentales. Algo similar dijo Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)…

-Es que no se puede entender de otra manera. Es no respetar a poblaciones enteras, no respetar culturas, devastar el ambiente, cambiar la forma de vida de las comunidades y provocar enfermedades son claras violaciones a los derechos humanos. No comprendo que se pueda entender de otra manera. Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo.

-¿Por qué otros organismos de derechos humanos no denuncian el extractivismo?

-Hay dos cuestiones. Muchos organismos provienen del drama de la última dictadura. Justicia por esos hechos es su objetivo último, y está bien, no lo digo como crítica. Y también hay otros organismos de derechos humanos que no denuncian la violencia actual porque son aliados del Gobierno y reciben fondos del Gobierno. Son opciones. Nosotros estamos convencidos de que las políticas de derechos humanos son integrales. Sin hay niños muriendo de hambre, no hay respeto a los derechos humanos. Y en Argentina mueren chicos de hambre. Hace dos semanas estuve con médicos de Córdoba que relataban con tristeza la cantidad de chicos desnutridos que hay.

-Más allá de los gobiernos, la misma opinión pública o la misma sociedad pareciera que hay una negación respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo, cuando asesinaron a Mariano Ferreyra hubo 50 mil personas en Plaza de Mayo. Cuando mataron al qom Roberto López no había más de 600 personas frente a la Casa de Formosa.

-En Argentina hay una negación histórica y cultural hacia los pueblos originarios, no se los reconoce, hay una enorme discriminación hacia los pueblos originarios. La Argentina no mira sus raíces, sigue el discurso de que “somos un país de inmigrantes”, cuando en realidad esa es sólo una parte de la historia. Es tanta la discriminación que hasta las universidades públicas nacionales, de Formosa y La Plata, le sacan tierras a comunidades originarias.

-El respeto a los derechos de indígenas y campesinos es uno de los puntos más débiles del Gobierno. ¿Qué expectativa tiene para los próximos años?

-Son asignaturas pendientes. Y lamento decir que no tengo expectativa de que este Gobierno cumpla con las comunidades originarias y con los campesinas.

-¿Por qué?

-Porque no hay políticas que vayan más allá del periodo 76-83.

-¿Y con el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda)? Es hijo de desaparecidos, proviene de la militancia y conoce de cerca las consecuencias del modelo de agronegocios en Córdoba.

-Lo conozco, me vino a ver. Hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. No tengo expectativa que haga cumplir los derechos humanos en su integralidad. No lo veo. Si en el futuro lo veo en hechos concretos, lo diré de inmediato. Pero este Gobierno ni siquiera tiene diálogo con los pueblos originarios. El INAI juega contra las comunidades, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) ni juega. El gobierno nacional y los provinciales, como el de Formosa, juegan al desgaste duro.

-¿Desgaste duro?

-Reuniones que no resuelven nada, sin avances. Un día, junto a Félix (Díaz) estuvimos desde las 17 hasta las 2 de la mañana en la mesa de diálogo con el Gobierno. Y (Florencio) Randazzo (ministro del Interior) nos decía “somos un país federal, no podemos meternos en la provincia”. ¡Por favor! ¡Somos grandes como para que nos digan eso! El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales. La verdad es que no hay avances porque en el Gobierno no hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios. Es duro, pero no me lo contaron, lo viví.

-¿El “desgaste duro” incluye represión?

-El avance de la soja y de la minería incluye amenazas, persecuciones y claro que incluye represión. Sólo hay que mirar Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y es claro que los gobiernos provinciales que reprimen son aliados del gobierno nacional. Exigimos que se deje de perseguir y de reprimir a quienes luchan, pero no somos optimistas en ese sentido. Ver a La Cámpora haciendo campaña contra Félix (Díaz), y apoyando al que apadrina Gildo Insfrán, no es como para esperar un cambio positivo.

-La Cámpora, con el actual diputado Andrés Larroque al frente, fue quien desalojó a los Qom de Avenida de Mayo y 9 de Julio en mayo de 2011.

-Recuerdo ese desalojo. La Cámpora como fuerza de choque contra los pueblos originarios.

-Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.

-No me pueden correr con eso. El juego a la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el Gobierno?

 

Jueves 16 de Agosto de 2012

Reportaje en la Cumbre de los Pueblos de Red ALBATV on Vimeo.

Del 15 al 22 de junio los pueblos del mundo se encontraron 20 años después de la llamada «Cumbre de la Tierra» y de forma paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Río+20. La Cumbre de los Pueblos sirvió para discutir soluciones reales a la crisis climática producida por el modelo de desarrollo capitalista, y trazar una agenda común de lucha para ir consiguiendo los objetivos consensuados. Este material compendia las imágenes y los sonidos de la semana de discusiones y movilizaciones que vivieorn las organizaciones populares del mundo en Río.

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Miércoles 15 de agosto de 2012

Meses de lucha, detenciones, violencia policial, amenazas de la empresa, intervención interesada a favor del megaproyecto por parte del Gobierno Federal de Brasil… Pero la Corte Federal de Brasilia lo ha dejado claro: se retira la licencia de obra a la hidroeléctrica de Belo Monte (Pará) y se critica duramente la acción del Ejecutivo.

«No podemos aceptar que los pueblos indígenas no son escuchados. Esta dictadura es inaceptable». Juez Antônio de Souza Prudente, ponente de la sentencia.

Los jueces de la Sala 5 de la Corte Federal de la 1 ª Región (TRF-1), con sede en Brasilia, revocaron por unanimidad la licencia y la instalación de la central de Belo Monte, en Pará. Las obras, por lo tanto, deben ser suspendidas.

La notificación debe llegar al consorcio de Energía del Norte, el constructor de la planta hidroelécctrica, en las próximas horas y cada día de incumplimiento de la sentencia del TRF-1, incluye una multa de 500.000 reais (unos 240.000 dólares). El consorcio puede apelar el fallo ante el Tribunal Supremo Federal (STF).

Según el ponente, el juez Antônio de Souza Prudente, la obligación de la consulta previa e informada -como determina la Constitución Federal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- no fue realizada por el Congreso Nacional.

«La consulta debe ser previa, no a posteriori. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace la obra y se pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser escuchadas y respetadas”, dice el juez Souza Prudente en una conferencia de prensa en las instalaciones del TRF-1.

Sobre la alegación del Gobierno Federal de que las audiencias sí se hicieron, Souza Prudente afirma que la consulta es una prerrogativa del Congreso, que se debería haber hecho antes de la votación del decreto legislativo 788 que autorizó al Poder Ejecutivo la construcción de Belo Monte.

«No ocurrió eso. La consulta no es una mera formalidad: la opinión de los indígenas debe ser tenida en cuenta en la decisión de los parlamentarios. El Congreso sólo puede autorizar la obra si los indígenas quieren”, destaca el juez, citando al abogado Dalmo Dallari, los artículos de la Constitución, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Souza Prudente insiste en que el Congreso no puede delegar la consulta a terceros. Por lo tanto, las realizadas por el IBAMA, FUNAI y demás organismos no son válidas. Según el juez, dichas consultas, incluso, se limitaron a la mera comunicación de la realización del proyecto. El juez dice que no ve alivio en las consultas realizadas por los organismos federales, especialmente interesados ​​en el megaproyecto.

«Hay muchas otras Acciones Civiles Públicas [en contra de la construcción de Belo Monte] y esto muestra la cantidad de errores que existen en la ejecución de esta obra. No podemos aceptar que los pueblos indígenas no son escuchados. Esta dictadura es inaceptable», insiste el juez.

Impactos

Souza Prudente justifica su posición citando una reciente declaración del Presidente de la Corte Suprema, Carlos Ayres Britto, durante la votación sobre la nulidad de los títulos de los no-indígenas ocupantes de la Terra Indígena Pataxó Hã-Hã-Hãe, en el sur de Bahía: «La tierra es para el indígena algo místico, no es una propiedad que se vende o intercambia».

Con este argumento, el juez volvió a la Constitución y al Convenio 169 para explicar que ambas defienden esta forma de entender la tierra en el «medio ambiente cultural» de los pueblos indígenas. «Si este entorno cultural se verá afectado, los pueblos indígenas deben ser escuchados», dijo Souza Prudente, recordando que el ministro del STF Celso de Melo ya había llevado a la Corte Suprema del país la defensa constitucional del medio ambiente cultural.

El gobierno federal no se ha librado en el discurso del ponente. Para él, las tierras de los indígenas no fueron demarcadas y, por tanto, no es posible conocer la magnitud del impacto de la Planta Hidroeléctrica de Belo Monte. Además, cualquier cambio en ese entorno cultural de los pueblos indígenas deben ser tomado en cuenta.

Los pueblos indígenas del río Xingu, afectados de manera brutal por las obras de Belo Monte, han mantenido una lucha frontal contra el proyecto. Esta sentencia es histórica ya que demarca con claridad cómo debe producirse la obligada consulta previa, libre e informada y llega en un momento de múltiples amenazas a los territorios y sus pueblos ya que el Gobierno Federal de Brasil tiene un proyecto gigante de megadesarrollos en diferentes zonas del país.

La semana anterior, la misma Sala 5 de TRF-1 ya había decidido a favor de los derechos indígenas en otro caso, ya que no se realizó en forma ni fondo la consulta para la planta hidroeléctrica Teles Pires, en el río del mismo nombre, en la frontera entre Pará y Mato Grosso. El ponente del caso fue también el juez Souza Prudente y la diferencia entre los dos procesos es que el Teles Pires se encuentra todavía en fase preliminar.

* Nota en portugués en la página de Xingu Vivo para Sempre. Traducción al castellano de Otramérica